Seis años de las denuncias de filtraciones en las oposiciones de la Sanidad vasca y dos años con la investigación parada

Viernes, 1 de junio de 2018. En Madrid, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se convierte en presidente del Gobierno tras ganar la primera moción de censura de la historia democrática de España. En Vitoria, en cambio, brotan las primeras denuncias de posibles filtraciones en los exámenes de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) que se venían celebrando aquella primavera. Lo que empezó en las especialidades de Anestesia y Angiología fue creciendo y creciendo hasta poner bajo la lupa trece pruebas y llevarse por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. Seis años después el asunto sigue empantanado en un juzgado de Vitoria que, de hecho, no ha realizado ningún solo movimiento desde al menos octubre de 2022, cuando se limitó a despachar los últimos recursos. La realidad es que nada se ha movido desde enero de 2022. Quizás ni haya juicio pero, si lo hubiere, las defensas de los acusados sienten que tienen asegurada ya una reducción de la posible condena por lo que técnicamente se conoce como “dilaciones indebidas”.

La vía judicial arrancó en la Fiscalía, que al poco de conocerse esas primeras informaciones abrió una preinvestigación. Aunque Osakidetza no facilitó a la fiscal Carmen Adán toda la documentación que había recopilado internamente (se omitieron, particularmente, decenas de horas de grabaciones a opositores, miembros de tribunales y otros conocedores del proceso en las que se oían referencias a un “tongo”), el ministerio público formalizó una denuncia y derivó el caso a un juzgado de Vitoria. El expediente recayó en Instrucción 2. En estos años hasta cuatro magistradas han tenido la responsabilidad de la investigación. Inició el sumario Yolanda Varona, que era sustituta de Ana Jesús Zulueta, la titular de la sala. Luego Zulueta pasó a la Audiencia Provincial y cedió su lugar a Cristina Rodríguez Ruiz. Finalmente, la última titular del caso ha sido Blanca Ester Díaz Pulido.

Al margen de los cambios, el proceso investigador ha sido muy singular. Se llegó a plasmar en una resolución judicial que revisar los exámenes en una causa que precisamente trata de irregularidades en unas oposiciones no aportaba “nada”. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesaridad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, dejó por escrito la tercera de las cuatro magistradas, Rodríguez Ruiz. Y eso que cuando sí se analizaron unos pocos de ellos hubo indicios claros de anomalías. Un ejemplo: en la categoría de Anestesia las opositoras con mejores notas repetían orden de resolución del cuestionario, contenido de las respuestas -palabra por palabra- y hasta los mismos errores. El vocal de un examen llegó a contar que, cuando corregía, tenía la sensación de que los mejores candidatos -los presuntos beneficiarios de las filtraciones- habían presentado “fotocopias”, hojas de respuestas idénticas entre sí y con relación a la plantilla de corrección.

Además de la Fiscalía, han ejercido la acusación dos sindicatos. El más activo ha sido LAB. ESK, de su lado, era la central de tres opositores de Anestesia que fueron los primeros en levantar la voz en su categoría, Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez. LAB ha intentado sin éxito en variadas ocasiones que se investigue no solamente la irregularidad como tal en el examen sino a la cúpula política de la Sanidad vasca. Las mismas veces que lo ha reclamado le ha sido denegado. El PNV, de hecho, ha celebrado la exoneración de Darpón y se ha valido de ello para denunciar una cacería política contra su figura.

El plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021 pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Ahora está pendiente que la magistrada Díaz Pulido haga público un auto de conclusiones en el que determine si hay base para llevar a juicio a los imputados o si se archiva la causa. Habría también un posible escenario intermedio de sobreseimiento para algunos de ellos y procesamiento para el resto.

¿Quiénes son las personas investigadas? Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Ni siquiera ha habido un criterio homogéneo a la hora de hacer las citaciones de los diferentes exámenes. Un ejemplo: las opositoras de Anestesia no están en la lista a diferencia de los de Angiología aunque son precisamente sus exámenes y notas los que sí se han revisado con más detenimiento en la investigación. Ellas comparecieron como testigos.

Y hay cuatro especialidades sin ningún investigado aunque pesaran sobre ellas las mismas alertas de la Fiscalía: Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular. En general, el patrón común de las treces es que había una gran diferencia de notas entre los aprobados y los suspendidos, llegando a darse el caso de que los mejores opositores presentaban resultados casi perfectos en pruebas de alta dificultad. Además, luego se comprobó que en muchos casos esos candidatos eran colegas de hospital de los autores de los cuestionarios. “Soy el malo de la película, pero tengo la conciencia tranquila. Yo no he filtrado nada [...]. Si hubiera habido acuerdo, [los míos] habrían sacado 100. Pero yo estoy sentado aquí con la conciencia tranquila. No he filtrado”, llegó a explicar el miembro de un tribunal que dijo no haber cometido ninguna irregularidad y que ha declarado en la causa como testigo.

No es el único caso de “dilaciones indebidas”

Fuentes judiciales indican es “previsible” que un plazo “corto” de tiempo se pueda emitir el auto de conclusiones. “Desde Semana Santa parece que está encarrilado”, añaden. Pero nadie sabe precisar una razón concreta para los retrasos ni una fecha concreta para desbloquear el asunto. Entre los acusados se mezclan dos sentimientos. Por un lado, el de la sensación de continuar con una investigación abierta durante años sin noticias ni novedades. Por otro, el más pragmático de que pase lo que pase a partir de ahora podrán ver muy reducida una posible pena. “El atenuante de dilaciones indebidas lo tenemos ganado ya. De hecho, no son dilaciones indebidas, son unas dilaciones de campeonato”, se felicitan en las defensas.

No es algo inusual en los juzgados vascos y, en particular, en los de Vitoria. En los últimos siete días, sin ir más lejos, la pena a la mano derecha de Dmitry Piterman en el Deportivo Alavés, Pepe Nereo, vio rebajada la condena por el saqueo del club de fútbol por “dilaciones indebidas” mientras que siete acusados ni siquiera fueron juzgados por irregularidades en un matadero ya que se les citó a declarar cuando ya se había pasado el plazo legal máximo de la fase de instrucción. Esa atenuante redujo notablemente también las penas en la mayor trama de corrupción vasca, el 'caso De Miguel', aunque aquí no por atascos en la investigación -que fue mucho más ágil que la de Osakidetza a pesar de su notable mayor complejidad- sino en la fase intermedia previa al juicio. Los casos de Margüello, Balenciaga o Bravo también han estado condicionados por los retrasos en la Justicia.

“La dilación del proceso por diferentes circunstancias, como la COVID-19, no puede ser excusa para depurar las responsabilidades penales de lo que supone a todas luces un fraude en la contratación y otros delitos con los que colisiona la práctica de filtración de exámenes de OPE. Existen elementos muy potentes para realizar imputaciones”, sostiene el sindicato LAB preguntado por el futuro que le ven a una causa de la que han hecho bandera. Y añade: “Hemos echado muy de menos en este proceso al resto de acusaciones y creemos que no haber conseguido traer los exámenes y a la cúpula de Osakidetza dejará este proceso con una laguna importante”. Con todo, realizan una “valoración positiva” porque se han puesto “las bases para tratar este tema con la seriedad que merece”. “Somos un servicio público y el acceso al empleo debe ser en igualdad para toda la ciudadanía. Creemos que hemos roto y hemos forzado a sentar las bases para acabar con décadas de inercias establecidas”, abundan desde el sindicato.

En medio, aflora otro problema. Los exámenes investigados datan de la primavera de 2018 y con plazas ofertadas en 2016 y 2017. Osakidetza decretó paralizar la asignación de plazas en las categorías denunciadas y seis años después así continúan. Pero el tiempo ha pasado. Entre los imputados los hay ya que se han jubilado y para los que no tendría ninguna relevancia lo que pudiera derivar del juzgado. Y, sobre todo, se han ido celebrando ya nuevas oposiciones. ¿Cómo se asignarían ahora esas plazas si queda archivado el caso? ¿O cómo se repite una oposición de hace seis años si se constata la irregularidad? Según la web de Osakidetza, están bloqueadas cautelarmente desde octubre de 2019 Anestesia, Angiología, Digestivo, Cardiología, Traumatología, Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular y desde enero de 2020 también Neurofisiología y Neurocirugía. Son trece categorías en total. “Será un marrón para el siguiente que venga”, ironizan desde el actual equipo de Salud, dirigido por la sustituta de la sustituta de Darpón, Gotzone Sagardui, y que previsiblemente dejará el Gobierno en pocos días.