Seis asociaciones animalistas se unen para llevar a los tribunales la ordenanza de animales de compañía de Bilbao

La Ordenanza de los Animales de Compañía de Bilbao, que ha entrado en vigor en marzo de 2025, establece “normas para la identificación, registro, vacunación y tenencia responsable de mascotas, especialmente perros, gatos y hurones. Además, busca fomentar la adopción y combatir el abandono animal”. Entre los aspectos clave de la nueva normativa está la obligatoriedad de identificar y registrar a las mascotas, principalmente perros, gatos y hurones, la vacunación antirrábica, especialmente para perros, la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil para perros, cubriendo posibles daños a terceros, la prohibición de la venta de animales por Internet para prevenir el tráfico ilegal, la recogida de excrementos y limpieza de orines y establece un límite máximo de cinco animales por domicilio particular, a menos de que se cuente con autorización municipal.

Sin embargo, seis asociaciones animalistas 'Lau Katu', 'Mis amigas las palomas' (MALP), 'Gureak', 'Bere ahotsa', '7 vidas' y 'Haiekin' se han unido para recurrir la ordenanza ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Según las asociaciones, antes de la aprobación de la normativa, enviaron hasta 33 alegaciones y algunas de ellas fueron aceptadas, pero otras no, como es el caso de considerar que las aves urbanas (en referencia a las palomas) no sean catalogadas en ningún caso como “plagas” o la protección de los perros en concursos de belleza o competiciones de Agility y Canicross.

En el caso de las palomas, la normativa prohíbe dar de comer a las palomas u otras aves en la vía pública, incluyendo solares, sin una autorización expresa. Esta prohibición tiene como objetivo “controlar la población de palomas y evitar problemas de salud pública asociados a su proliferación”. Algo que los animalistas entienden que son consideradas como “plagas”.

En cuanto a los concursos de belleza o competiciones, la ordenanza establece que los animales que participan en este tipo de eventos no se encuentran bajo su protección durante la actividad específica. Esto significa que, si bien la ordenanza busca proteger el bienestar de los animales, no se aplica durante su participación en concursos donde puedan ser expuestos a situaciones que puedan generar estrés o malestar.

“Esta ordenanza cortoplacista parece diseñada para que el Ayuntamiento se desentienda de sus obligaciones con respecto a los animales de compañía, lo que podría dar lugar a un incremento del maltrato animal”, argumentan las asociaciones. En este sentido, critican que para que un animal sea considerado extraviado debe ser notificada su pérdida, cuando las asociaciones entienden que “la falta del deber de comunicar la pérdida de un animal antes de considerarlo como extraviado podría llevar a que casos de abandono pasen desapercibidos”.

Otro de los puntos que critican los animalistas es en relación a la esterilización de los gatos callejeros. La ordenanza incluye un programa de control de gatos callejeros que se basa en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). Este programa se aplicará a las colonias felinas reconocidas oficialmente por el Ayuntamiento. La ordenanza también establece la obligatoriedad de esterilización de gatos antes de los seis meses de edad, con excepciones para aquellos registrados como reproductores. Además, la normativa regula la gestión de colonias felinas y prohíbe alimentar a gatos callejeros que no pertenezcan a colonias registradas. El hecho de que estas medidas se apliquen tan solo a las colonias felinas reconocidas oficialmente por el Ayuntamiento, deja, según las asociaciones animalistas, “sin atención ni esterilización y en el más absoluto abandono a la gran mayoría de gatos comunitarios de Bilbao, algo que solo conlleva a un aumento descontrolado de su población y a un deterioro de su bienestar, perpetuando así un ciclo de maltrato”.

“En octubre del año pasado, 60 asociaciones de Euskadi apelaron al Ayuntamiento para que no aprobara esta ordenanza, advirtiendo sobre su potencial nocividad para los animales. Este clamor fue ignorado, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de escucha y diálogo del gobierno local con respecto a las inquietudes de la ciudadanía y las entidades que defienden los derechos de los animales. Las asociaciones entienden que esta norma no persigue solucionar los problemas, sino ocultarlos, y lejos de proteger a los animales, anula los avances en protección animal que se han dado en estos últimos años”, concluyen las asociaciones.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao informan a este periódico de que “el Ayuntamiento remitirá toda la documentación requerida y se personará en el proceso judicial. A la espera de lo que dictamine el juez”, aseveran.