Seis comunidades autónomas tendrán que devolver más de la mitad de los fondos que recibieron del Gobierno central en 2021 para paliar los efectos de la crisis de la COVID entre pymes y autónomos. Las condiciones impuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez –que posteriormente fueron flexibilizadas– para que las empresas pudieran acceder a las ayudas han dejado a medias la convocatoria en casi todas las comunidades autónomas, y el Tesoro Público recibirá de vuelta en total 1.811,44 millones que no se han podido ejecutar por falta de candidatos.
Las seis comunidades más afectadas son Murcia, Castilla-La Mancha, Euskadi, Asturias, Aragón y la Comunitat Valenciana, que no han llegado a ejecutar ni el 50% del presupuesto que recibieron del Estado. Estas seis comunidades suman 809,5 millones de euros a devolver, que ya han empezado a ingresar. Entre el resto de comunidades son mayoría las que apenas superan la mitad o por muy poco, y solo Catalunya y Madrid han ejecutado la cantidad recibida por encima del 80%, por lo que el montante del dinero que volverá al Estado asciende a 1.811 millones, del total de 5.000 que se repartieron entre las comunidades autónomas, a excepción de Canarias y Baleares, que recibieron entre las dos 2.000 millones por su situación especial por el turismo. Las islas suponen también la excepción en lo que se refiere a las ejecuciones, ya que han ejecutado prácticamente el total del presupuesto que les fue asignado (1.144,26 millones a Canarias, y 855,74 millones a las Baleares).
Condiciones restrictivas
Ya desde el principio las asociaciones empresariales que esperaban esa ayuda que se aprobó en marzo de 2021 como ‘agua de mayo’ después de las pérdidas ocasionadas por el confinamiento y la crisis de la pandemia, alertaron del fiasco de la convocatoria, con condiciones restringidas a sectores concretos, la obligatoriedad de usar el dinero solo para pagar deudas contraídas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera. Es decir, dejaba fuera a los que hubieran hecho frente a sus compromisos de pago, aunque hubieran perdido en facturación. Además establecía como condición también haber tenido beneficios en 2019, reducir la facturación en 2020 en un 30% y no tener deudas con Hacienda o la Seguridad Social.
El Gobierno modificó el decreto para que las comunidades autónomas ampliaran los sectores receptores de las ayudas, flexibilizó el requisito de beneficios en 2019 y alargó los plazos, pero aún así, las ayudas no han terminado por llegar a sus destinatarios.
Por ejemplo en el caso del Euskadi, la tercera comunidad autónoma que menos presupuesto ha ejecutado, por detrás de Murcia y de Castilla-La Mancha, se preveía una avalancha de solicitudes, hasta 35.000 solicitantes. Tanto que el Gobierno vasco amplió con 50 millones más el presupuesto que llegó desde el Gobierno central de 218 millones de euros. Pues bien, no solo no han hecho falta los 50 millones adicionales –que pasan a engordar al remanente del Gobierno– sino que tendrá que devolver al Ministerio de Hacienda 121,7 millones de euros de los que 75 ya están reingresados, tras ejecutar solo el 42,79% del presupuesto.
Entre las comunidades que están en la cola del reparto de ayudas, Murcia y Castilla-La Mancha han ejecutado poco más de un tercio de los fondos –35,88% y 39,58%, respectivamente– mientras que Asturias no ha ejecutado más del 44,08%, Aragón un 45,94% y Valencia un 48,23%, según datos del Ministerio de Hacienda. Cantabria, Castilla-León y Extremadura superan por poco la mitad del presupuesto repartido (55,6%, 58,26 y 52,07%)
Aunque el programa se ha alargado hasta finales de junio para resolver posibles recursos no se esperan ya demasiadas modificaciones. De hecho, las comunidades autónomas ha devuelto ya al Estado 776,58 millones del total de 1.811,44 millones que recuperará.