Los sindicatos de las ambulancias externalizadas de Osakidetza cargan contra Grup La Pau

Tres de los sindicatos con representación en el comité de Grup La Pau, la principal adjudicataria de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y que gestiona tanto los vehículos programados como los urgentes de Bizkaia y de Álava, han criticado con dureza las manifestaciones del vicepresidente y director financiero de la compañía, Jordi Alonso, quien en una entrevista con este periódico se escudaba en que la cascada de sanciones de la Inspección de Trabajo eran simplemente porque las centrales denunciaban “cualquier cosa”. ESK y LSB-USO emplean la misma metáfora: “Es como si van a 200 por la carretera y dicen que hay muchos radares. El problema no es el radar. El problema es ir a 200”. “Me parece un chiste. La Inspección de Trabajo no sanciona de primeras”, abundan en UGT, que además ha solicitado que como una de esas infracciones -en concreto por el retraso de las nóminas- tiene la consideración de “muy grave” esta empresa no pueda recibir más contratos públicos. La central mayoritaria, ELA, pospone sus comentarios para más adelante.

Fuentes oficiales confirmaron que, en el último año, la Inspección de Trabajo ha constatado 23 infracciones por parte de Grup La Pau. Una es “muy grave” y las otras 22 son “graves”. Es más, después de que se diera a conocer esa cifra han seguido llegando más denuncias con hechos acreditados como la presencia de trabajadores sin contrato, según indican los sindicatos.

UGT, el sindicato que ha adquirido más protagonismo en las últimas semanas por haber logrado la paralización cautelar de la renovación del contrato del servicio programado de Bizkaia y de Álava con su recurso, tiene claro que incluso aunque el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) no les dé la razón irán a la Justicia ordinaria contra Grup La Pau. “Nos parece todo una aberración. De risa. Están criminalizando a los trabajadores cuando la Inspección de Trabajo no sanciona de primeras. Lo primero que hace es requerir y es una vez que incumplen el requerimiento cuando llega la sanción. Desde el primer minuto en que llegaron lo incumplen todo”, asegura Lucio Conde, de la sección sindical de UGT en las ambulancias externalizadas de Osakidetza.

UGT critica también que la empresa catalana culpe al elevado absentismo de su delicada situación económica, con unas pérdidas ya acreditadas de más de 4 millones de euros y una previsión de llegar a 9 al cierre de 2024 sin no cambia la situación. “¿Absentismo? Igual tienen que mirar el incumplimiento de la prevención de riesgos laborales, por lo que han sido sancionados reiteradamente. Nuestro índice de accidentes está por encima de la construcción y La Pau no pone de su parte”, responde Conde. Y añade: “Repito, desde el día uno en que entró La Pau estamos con problemas por una cosa o por otra. Si hay una empresa que da el servicio, que sea de modo legal y que no nos trate como si fuéramos gilipollas. Todos los meses cobramos tarde. Por supuesto que defendemos la publificación. Claro que es peor para ellos, porque se les acaba el chollo. Ahora se les está pagando por algo que no cumplen y encima se meten dinero en el bolsillo. Pongo un ejemplo: La Pau usa vehículos y personal del Gobierno vasco para realizar servicios privados y de mutuas, como el IMQ. En muchos casos en el hospital hay tres o cuatro horas de espera para las altas y la ambulancia de Osakidetza está en el IMQ”.

Asier Muñoz, de ESK, recuerda que las sanciones de la Inspección de Trabajo a esta empresa son “graves” y “continuas”. “Y la falta muy grave es por pagar tarde. No es un retraso de un día, como dicen. Es una práctica reiterada en el tiempo a pesar de las advertencias de la Inspección de Trabajo. La empresa recibe dinero religiosamente por parte de Osakidetza pero la empresa paga tarde por voluntad propia”, entiende. Muñoz ve también “incomprensible” que La Pau haya firmado un nuevo convenio “que plantea una subida salarial” de hasta el 30% al tiempo que asegura estar en puertas de quebrar y cuando insiste en aplicar un “descuelgue” del convenio anterior, es decir, una rebaja salarial del 12% durante unos meses. Denuncia también ESK que la compañía ha fichado como gerente en Euskadi al excargo de Salud Ibon Etxeberria, “que tiene un sueldo superior a 100.000 euros”, y también a cinco directivos más. “Tienen un problema muy grave de gestión empresarial. Esperemos que esta empresa y las que estén por venir respeten el nuevo convenio. Si no, lógicamente, lo denunciaremos”, agrega Muñoz.

Ieltxu Tejedor, de LSB-USO, central que ahora mismo tiene activa una huelga, critica que se minimice la acción de la Inspección de Trabajo. “Es un ente público objetivo. Es un órgano imparcial. Constata hechos reales. No es capricho nuestro el denunciar. Hay un cúmulo de sanciones”, resalta. Su sindicato dispone de “al menos diez casos” en que “se ha demostrado que hay gente trabajando sin contrato laboral y sin alta en la Seguridad Social”. Los últimos son muy recientes. Sobre el absentismo, asume que es elevado. Pero poner ejemplos concretos de problemas. Denuncia que no todos los vehículos tienen los sistemas de ayuda para introducir las camillas en el interior, lo que genera importantes esfuerzos físicos. Indica, además, que hay “muchos casos de ansiedad, bajas de tipo psicológico”. “La gente no tiene ni fuerzas para ir a trabajar por el mal ambiente que hay”, reseña Tejedor, que insiste en la falta de seriedad de la adjudicataria de las ambulancias de Osakidetza en Bizkaia y Álava. En todo caso, recalca que no se puede culpar al absentismo o a las huelgas de la situación económica de la empresa cuando arrastra pérdidas desde 2021.