Alonsotegi es uno de los municipios más jóvenes de Euskadi. Se creó en 1991 tras independizarse de Barakaldo. Sus habitantes no llegan a 3.000 y quizás el más ilustre de quienes nacieron allí, aunque hace años que no reside en la zona, es el lehendakari, Iñigo Urkullu. Pero el nombre de Alonsotegi lleva años asociado a otro baldón, el de las irregularidades urbanísticas y el desvío de fondos. Los tres alcaldes anteriores, en realidad tres de los cinco que ha tenido el municipio en toda su historia, están imputados en otras tantas causas penales abiertas. Esta semana se ha conocido que en noviembre será el primero de los tres juicios. Todos ellos son del PNV, el partido que sigue gobernando en la localidad. En 2019, con los casos de corrupción ya sobrevolando y tras una tensa investidura, los nacionalistas retuvieron el poder a pesar de haber perdido las elecciones por la mínima frente a EH Bildu, una formación que ha llevado a los tribunales varias denuncias. El único concejal del PSE-EE inclinó la balanza y apoyó al PNV entre gritos de “chupóptero, vendido y traidor”.
¿Qué ha ocurrido en Alonsotegi? Las principales sospechas recaen sobre la sociedad pública Alonsotegi Eraikiz, ahora ya disuelta. Fue creada en la etapa del primero de los regidores investigados, Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007), que luego fue alto cargo de la Diputación de Bizkaia. De 2007 a 2011 gobernó Aitor Santesteban y de 2011 a 2015 José Luis Erezuma. En las tres etapas y en los tres casos está implicado Alberto Zulueta, un arquitecto externo que facturaba al municipio sin soporte contractual y, siendo consejero de Alonsotegi Eraikiz, era juez y parte y sus empresas recibían contrataciones regularmente. La principal era Arkideiak.
El caso que será juzgado en noviembre afecta a la etapa final, a la de Erezuma. Muy resumidamente, en 2010, se estimó que Alonsotegi Eraikiz tenía que abonar 1.066.944,01 euros a Laneder Construcciones por las certificaciones de las obras de construcción de un nuevo centro de salud. En octubre de 2011, se abonaron menos de la mitad, 450.000 euros. Entiende la Fiscalía que el alcalde, Zulueta, otros asesores municipales y los empresarios idearon un plan para lograr el dinero que faltaba. ¿Cómo? “Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias”. A ello se sumaron 81.392,38 salidos del propio Ayuntamiento.
El plan consistía en poner por escrito que se habían realizado una serie de obras de modo que se pudieran obtener esos fondos. “Elaboraron y presentaron informes, proyectos, certificaciones y liquidaciones de obra y facturas sin contenido económico real al Ayuntamiento y este a su vez las presentó en la Diputación Foral de Bizkaia, y realizó todos los pasos necesarios hasta obtener su cobro”, ha concluido la investigación. Se aludía a supuestas obras en el Ayuntamiento o en muros de contención. En la fase de instrucción, uno de los empresarios implicados admitió que era el modo que hallaron para poder cobrar la deuda.
Señala EH Bildu, personado como acusación en estos procesos, que la importancia del caso estriba en que muestra un patrón. “En el año 2009, ya habían cobrado por trabajos inexistentes sin que en el momento de planear estas actuaciones hubieran sido descubiertos”, apuntan para explicar un desfalco tipificado como prevaricación, falsedad documental, fraude en las subvenciones y malversación de caudales públicos. En los expedientes municipales constan certificaciones de trabajos muy similares entre sí que se han girado varias veces para cobrarlas en más de una ocasión. Hay incluso un caso en el que una misma factura se abonó por duplicado, una con fondos del Ayuntamiento y otra con fondos de Alonsotegi Eraikiz. Solamente después de descubiertos estos hecho fue devuelta la cantidad por parte de la beneficiaria, Pabisa. En estos años, algunos informes de reparo de la interventora sobre las prácticas de contratación fueron desoídos por las autoridades políticas.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) elaboró una auditoría sobre las cuentas de Alonsotegi Erakiz de 2010 y halló numerosas irregularidades. Lo dice un organismo que, desde 2015, está presidido por un dirigente del PNV de Bizkaia, el exdiputado general, José Luis Bilbao. En sus alegaciones a las consideraciones de este organismo, los exalcaldes imputados no entraron a ofrecer una explicación sobre el fondo de la cuestión. En cuanto a Joseba Urbieta, regidor desde 2015, se esforzaba en desmarcarse del pasado en sus comentarios al informe: “Ni yo, ni nadie de la actual Corporación municipal ha tenido cargos o responsabilidad de naturaleza política y/o profesional y/o empresarial, vinculados con la Sociedad pública Alonsotegi Eraikiz”. El Ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia están personadas y ejercerán de acusación en este primer juicio. De momento, se han adherido a las peticiones de la Fiscalía, de seis años de cárcel para cada uno de los acusados, Erezuma, Zulueta, otros dos asesores municipal y dos empresarios. EH Bildu pide elevar a ocho años esa condena. Hay otra investigación ya cerrada desde hace años, aunque no hay fecha para la vista.
El PNV, preguntado por este periódico, no ha ofrecido ninguna respuesta sobre Alonsotegi. La organización local, en Facebook, ha comentado en las últimas fechas el auto judicial que exime al exconsejero Jon Darpón en la investigación por las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza pero no ha mencionado nada sobre las resoluciones que afectan al municipio. El PSE-EE, por su parte, tampoco quiere hablar de Alonsotegi y de su apoyo al PNV “por respeto a cualquier proceso judicial abierto”.