El Ayuntamiento de Vitoria adjudicará otro contrato a la empresa de uno de los condenados por corrupción en el 'caso De Miguel'

La Sociedad de Aguas de Vitoria (una entidad municipal conocida por sus siglas, Amvisa) ultima un nuevo contrato de 71.039,10 euros (IVA incluido) con la empresa Stoa, la firma de Sergio Fernández Oleaga, condenado en diciembre por corrupción dentro del 'caso De Miguel', el mayor en Euskadi. Es el segundo desde que se conoció la sentencia, que fija para Fernández Oleaga una pena de un año y seis meses – rebajada por dilaciones indebidas– por haber abonado comisiones ilegales al que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, al que consideraba un “padrino”.

Stoa, si no hay sorpresas, resultará adjudicataria del “Servicio de asistencia técnica, vigilancia, control, supervisión y servicio de prevención de riesgos del contrato de saneamiento y depuración de Vitoria-Gasteiz, del contrato de mantenimiento de las estaciones de bombeo de Vitoria-Gasteiz y contrato de obras menores en la red de alcantarillado y depuración de Vitoria-Gasteiz” [sic]. Esta empresa es la única que ha presentado una oferta, que ya ha sido analizada esta semana.

Como adelantó este periódico, en lo que va de 2020 Stoa también ha recibido otra adjudicación de “Consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto y para la dirección de la obra de reparación y mejora de la EDAR [depuradora] de Crispijana” por valor de 81.675 euros (IVA incluido). En esa ocasión, había dos mercantiles en liza y la de Stoa no era la mejor propuesta técnica pero sí en lo económico. Se ha dado por bueno un informe que justifica que la bajada de precios no es temeraria y el contrato se va a formalizar.

Grupos de la oposición de Vitoria como el PP ya se han mostrado contrarios. El Gobierno municipal de PNV y PSE-EE (los socialistas gestionan Amvisa) solicitaron un informe que remarca que mientras la sentencia no sea firme –Fernández Oleaga la tiene recurrida al Tribunal Supremo– no se puede impedir la participación de Stoa en los concursos. Es más, Fernández Oleaga gestiona algunas de las grandes obras hidráulicas de la ciudad, incluida la del colector del centro de la capital vasca.

Sin embargo, a los pocos días de conocerse la resolución judicial firmada por los jueces de la Audiencia de Álava Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria, el parque tecnológico de Miñano –una sociedad pública autonómica– comunicó la rescisión del contrato de asesoramiento que mantenía con Stoa para la ampliación del polígono. Se trataba de una adjudicación de 2008 por la que se ha constatado que Fernández Oleaga abonó una mordida de 3.500 euros a la trama corrupta y que fue teledirigida para que recayera en Stoa, como otros contratos en Miñano –hay dos casos en que se invitó a otras dos empresas sabiendo que la adjudicación recaería en el estudio del ahora condenado–. Como la ampliación había quedado aparcada, el contrato había estado durante años en 'stand by' pero se reactivó precisamente en 2018, mientras Fernández Oleaga, De Miguel y otras 24 personas se sentaban en el banquillo de los acusados en el que ha sido el mayor juicio de corrupción en Euskadi conocido hasta la fecha.

Casi 240.000 euros de la Diputación

Por otro lado, la Diputación de Álava ha informado a las Juntas Generales –a petición de EH Bildu– de las adjudicaciones a Stoa y a su empresa hermana ARK Gasteiz. Ambas compartían sede y socio, el exdirigente del PNV Jon Buesa Blanco. En total, son más de 240.000 euros en el período 2005-2020. Fernández Oleaga también ha recibido adjudicaciones de la Diputación después de la condena por corrupción, concretamente 5.989,50 euros para la redacción del proyecto de recogida de arroyos en la zona de Legutio, encargado por el área de Medio Ambiente y Urbanismo, dirigida por el el nacionalista Josean Galera. Es un expediente del 31 de diciembre de 2019, dos semanas después de conocido el fallo. Asimismo, el nuevo Consorcio de Aguas de Álava (Urbide) también la seleccionó en octubre de 2019 para la supervisión de las obras hidráulicas menores de la provincia.

En total, ARK Gasteiz suma 49.462,50 euros en siete contratos. El más llamativo lo adjudicó el propio De Miguel en 2008 para la confección de informe para tratar de sacar adelante la macrorrecalificación urbanística de Zambrana, al sur de Álava, en la que se ha constatado que el político había cobrado comisiones de los promotores. Las de Stoa son 20 adjudicaciones por un total de 183.497,91 euros que se suman a los datos de Urbide. Aunque con menor intensidad, cuando el PP ha gobernado en Álava también ha sido contratada esta mercantil.