El Superior vasco anula parte de los servicios mínimos impuestos en la huelga de teleasistencia a mayores

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado parcialmente la orden de servicios mínimos decretada para la huelga del servicio de teleasistencia a mayores del Gobierno vasco, BetiON, cuya plantilla acumula 60 jornadas de paros. Según ha informado el sindicato ELA, la sentencia da la razón a la plantilla en la crítica a unos servicios mínimos abusivos, al señalar que el Ejecutivo en su decreto “amplía sin motivo que ofrezca justificación los servicios impuestos en huelgas precedentes”, por lo que los anula parcialmente.

La sentencia en cuestión se refiere a la orden de servicios mínimos, decretada el 18 de marzo de 2022 por el Departamento de Trabajo y Empleo de Idoia Mendia. En opinión de ELA, “estaba mermando el derecho a la huelga de la plantilla”. En concreto, los servicios mínimos decretados en la huelga pasaron de ser seis a ocho teleoperadores en los turnos de mañana y tarde, cuando el servicio ordinario en dichos turnos “era de siete”, mientras que en el turno de noche, se pasó de dos a tres con respecto a órdenes de servicios mínimos anteriores comparables, como la estipulada el 22 de enero de 2021.

Es decir, según ELA, los servicios mínimos en BetiON “se incrementaron” en un 50% en el turno de noche y en un 33% en los turnos de mañana y tarde “sin justificarlo debidamente”. En su demanda, el sindicato denunció que se había establecido “una cobertura del servicio por un número de personas superior al que presta servicios en periodos no afectados por la huelga”. De esta forma, si de ordinario el segmento de emergencias, alarma llamada, se prestaba con siete teleoperadores, durante la huelga el servicio se ha prestado con “más del 100%” de la plantilla de teleoperadores de emergencia en un día normal.

Los trabajadores del servicio de teleasistencia a mayores del Gobierno vasco, pero que el Ejecutivo tiene subcontratado, llevan encadenando huelgas desde el mes de abril y suman ya 60 jornadas de paro que continuarán a lo largo del mes de agosto. La plantilla quiere incrementar la presión a las empresas y al propio gobierno para conseguir que se firme el nuevo convenio -caducó el 31 de diciembre del año pasado- antes de que se produzca la adjudicación del servicio a una nueva empresa, lo que ocurrirá a finales del mes de septiembre. No se celebran reuniones de la mesa del convenio desde el mes de mayo.

Desde 2011 el servicio ha estado gestionado por una UTE constituida por tres empresas: Tunstall Telvida, que tiene la mayoría del capital, Gestión de Servicios Residenciales y el Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ). Esta UTE ahora se ha quedado fuera de la licitación por no presentar en tiempo la oferta. Aunque tiene recurrido el proceso, según señalan ELA y LAB, la nueva empresa que parece que se hará con el servicio será la UTE constituida por Ilunion Socioanitario SA e Ibermática SA.

Los sindicatos quieren conseguir con la huelga sentar en la mesa a la empresa actual, a la nueva adjudicataria y al Gobierno vasco. La plantilla busca forzar un convenio que contemple una subida mínima del IPC, en toda la vigencia del acuerdo, mientras que la empresa quiere un convenio a tres años en el que se aplique en el primer año, este 2022, la subida del IPC, es decir el 6,4%, pero solo a partir del momento de la firma, y los años siguientes aplicar subidas del 2,25% en 2023, y del 3,5% en 2024, independientemente de lo que suban los precios.

Los trabajadores de este servicio se quejan de que pese a que se les califica de sector esencial, especialmente en un momento en el que la población vasca está cada vez mas envejecida, los sueldos de los trabajadores de BetiOn están por debajo del resto del sistema sociosanitario vasco. Actualmente cuenta con un plantilla de 140 trabajadores fijos. En su mayoría de teleoperadores y técnicos de unidad móvil, es decir los que atienden los teléfonos y los que se desplazan a los domicilios para entregar, instalar o revisar los equipos, o acudir a un domicilio por cualquier otra cuestión; personal auxiliar de administración que controlan las rutas de visitas a las casas, supervisores de los equipos y trabajadoras sociales que entrevistan a los usuarios antes de ponerles los equipos para conocer sus necesidades y les hacen visitas en caso necesario y jefes de sección que coordinan el trabajo. “En todas las categorías nuestros sueldos están por debajo del resto del sector sociosanitario”, se quejan desde el comité, mientras recuerdan que en los pliegos del concurso de adjudicación el Gobierno vasco recoge que se destina un presupuesto con un valor estimado de 71 millones de euros para 5 años. “Un incremento bastante considerable respecto a los 41 millones de la adjudicación anterior que se dio para 4 años”. Por ello reclaman que esta mayor inversión pública se traslade a la plantilla.