La sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado por segunda ocasión asumir la investigación por un delito de prevaricación contra la consejera de Alimentación Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. En un auto emitido la pasada semana pero notificado este lunes, cinco magistrados del alto tribunal vasco insisten en que el juzgado de Vitoria que lleva desde 2023 analizando la actuación de Barredo a la hora de autorizar el proyecto Valogreene Paper de Bergara cuando era viceconsejera de Medio Ambiente no ha motivado de modo fehaciente los “indicios” que justificarían abrir un procedimiento tan excepcional contra un miembro del Gobierno vasco que podría conllevar su inhabilitación para el cargo.
Esta resolución no implica, ni mucho menos, que el caso de Barredo esté cerrado. Lo que el Superior quiere es que la instructora de Vitoria, a la tercera, entregue “en debida forma” una “relación concreta y pormenorizada de los hechos potencialmente fundantes de la imputación de la persona aforada”. La consecuencia práctica es que, tres meses después, el caso está totalmente paralizado por este peloteo de formalismos entre las dos instancias. De hecho, en el auto de ocho páginas ni se menciona el caso en sí, solamente cuestiones procesales. Queda también en el aire el papel del segundo investigado por Valogreene Paper, Javier Aguirre Orcajo, que era director de Medio Ambiente cuando se produjeron los hechos y que continúa ahora en el cargo.
¿Qué es Valogreene Paper? Es un proyecto de valorización propuesto en Bergara. Inicialmente contó con los parabienes municipales pero, al entender que sus promotores habían cambiado sus características de modo muy importante, el Ayuntamiento de EH Bildu retiró la autorización inicial. Sin embargo, el área de Medio Ambiente del Gobierno firmó igualmente el plácet ambiental. La tramitación del expediente la capitaneó Aguirre Orcajo y Barredo fue quien puso la firma. La Fiscalía de Álava, tras haber recibido la alerta de Ekologistak Martxan, interpuso una denuncia contra ambos altos cargos al entender que pudieron cometer un delito de prevaricación, es decir, dictar una resolución irregular a sabiendas de que lo es. No comportaría, en ningún caso, pena de prisión. La Fiscalía de Gipuzkoa llegó a una conclusión similar tras la denuncia de otro particular pero se inhibió al estar ya abierta la causa de Vitoria. Igualmente, el propio Superior está revisando cuatro contenciosos-administrativos que buscan tumbar la autorización al controvertido proyecto de Bergara, según indican fuentes judiciales.
En junio de 2023 Barredo dejó el Gobierno vasco para ser diputada foral en Álava. Fue entonces cuando trascendió que estaba siendo investigada, algo que ella conocía pero que no comunicó ni al PNV ni a quien la nombró, Ramiro González. La propia Barredo lo admitió en las Juntas Generales de Álava. Un año después, el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, la fichó como responsable de una nueva cartera especializada en el primer sector. El solo hecho de entrar al Gobierno la convierte en aforada, según el Estatuto. Solamente el Superior puede investigar y juzgar a los consejeros, algo excepcionalísimo en la política vasca.
Sin embargo, la reciente resolución de la sala de lo civil y de lo penal, conformada por el propio presidente del Superior, Iñaki Subijana y por los jueces Manuel Ayo (ponente del caso), Nekane Bolado, Roberto Saiz y Francisco de Borja Iriarte, recalca que el aforamiento no es un automatismo. Insisten en que ello no exime a la instructora de Vitoria que estaba dirigiendo la investigación de motivar en detalle los hechos que se imputan a Barredo y de entregar toda la causa. Igualmente, inciden en que los precedentes hacen que el Superior no asuma investigaciones de no aforados aunque desde el juzgado se haya entendido como más razonable que no se dupliquen las causas, es decir, que se mantenga una ordinaria para Aguirre Orcajo y mientras se incoa otra paralela específica para la consejera, ya que los hechos analizados son idénticos.
Barredo tomó posesión a finales de junio. A las 48 horas, el juzgado de Vitoria ya se había inhibido. El Superior rechazó asumir entonces la investigación ante la ausencia de una “exposición razonada”. A finales de julio se recibió un segundo envío, más amplio. Ahora, casi dos meses después, se ha vuelto a rechazar al creer que es todavía insuficiente. “Al respecto debemos remarcar que esas razones que se proporcionen al órgano superior en modo alguno deben consistir en una somera relación de los trámites procedimentales que se hayan observado en la sustanciación de la causa ni tampoco una mera referencia a la condición de aforada de la persona investigada, sino que es preciso que la exposición razonada contenga una relación de los hechos concretos que aparentemente tengan significación delictiva y que resulten imputables a la persona aforada, acompañando aquellos elementos o principios de prueba de los hechos relatados al existir indicios de la eventual comisión de un delito por la persona aforada, no cumpliéndose con esta exigencia mediante una remisión genérica a los autos que son remitidos”, señalan los magistrados del Superior en una resolución plagada de faltas de ortografía. Y añaden: “Y no bastan cualesquiera indicios, sino que es exigible una determinada calidad o intensidad de éstos”.
Alertan los jueces que una aplicación laxa del aforamiento podría abrir la puerta a una sucesión de “denuncias, querellas o imputaciones insidiosas” para generar una “desproporcionada e innecesaria alteración del régimen común” con otros fines. Barredo, que no se ha pronunciado sobre este caso desde que es consejera, tampoco en su reciente comparecencia en el Parlamento Vasco, siempre ha defendido que no cometió ninguna irregularidad y que siempre operó siguiendo el criterio de los funcionarios de Medio Ambiente. En su momento, la Comisión de Ética autonómica dictaminó que un alto cargo puede continuar en sus funciones siempre y cuando no se celebre un juicio. Barredo tiene abogados del Gobierno vasco. Ella misma los solicitó por carta a quien era su consejera en la etapa anterior, Arantxa Tapia.
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