El Supremo delibera trece años después sobre la condena de trece años de cárcel a De Miguel por corrupción

El Tribunal Supremo delibera desde este miércoles sobre la docena de recursos interpuestos contra la contundente sentencia emitida en 2019 por la Audiencia Provincial de Álava en el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que toma su nombre del apellido del principal procesado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Recibió una pena de más trece años de cárcel -nueve de cumplimiento efectivo- por haber orquestado una trama en torno a la sociedad pantalla Kataia Consulting para cobrar comisiones, teledirigir contratos públicos o blanquear capitales. El expolítico, a quien todos apodaban Txitxo, continúa en su puesto en la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi en el que le colocaron en 2000 y mantuvo con una excedencia. Durante el proceso judicial ha tenido al menos tres ascensos, percibe un salario de 52.000 euros y varias fuentes consultadas se sorprenden que cuando se dirigen a la Administración para que les financie proyectos su interlocutor sea el máximo implicado en una trama de corrupción.

Si el tribunal de primera instancia lo compusieron tres jueces -Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria-, la sala que ahora revisará la sentencia la componen cinco magistrados. Son Pablo Llarena como ponente y Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. Se han presentado una docena de recursos de casación por parte de las personas que resultaron condenadas del total de 26 imputados que se sentaron en el banquillo durante el juicio celebrado allá por 2018 excepto los que aceptaron las penas previo pacto con la Fiscalía. Precisamente este grupo, comandado por el que fuera socio y amigo de De Miguel Josu Arruti, dio detalles de cómo se pactaban y cobraban comisiones. Incluso devolvieron el dinero que les correspondía. La Fiscalía del Supremo no atendió la petición de los fiscales de Álava, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, que pretendían elevar algunas condenas que consideraban insuficientes y se ha limitado a defender que se mantenga en su totalidad el fallo de la Audiencia Provincial. El fiscal es Javier Zaragoza. Así, este trámite se saldará o bien con la misma sentencia pero ya firme y definitiva -lo que implicaría el ingreso en prisión de los afectados- o bien con una rebaja total o parcial, nunca con más penas.

Solamente una parte pidió que una vista precediera a la deliberación, pero ni la Fiscalía ni el grueso de las defensas lo estimaron oportuno. De este modo, la deliberación sobre el 'caso De Miguel' será a puerta cerrada. Ninguna fuente sabe precisar tampoco el plazo para que se emita el fallo, ya que es un sumario muy voluminoso y que requiere ir votando cada una de sus ramas y cada uno de los delitos. En el reciente caso de los ERE, un sumario en Andalucía que ha tenido un desarrollo casi paralelo a este expediente, el Supremo dio a conocer primero el sentido del veredicto y más tarde la sentencia. Es una posibilidad que ocurra algo similar ahora, aunque tampoco es preceptivo. Algunos letrados de las defensas aseguran que incluso hasta Navidad podría demorarse la publicación de la sentencia firme. Si hubiere votos particulares el calendario se alargaría.

La base de la estrategia de De Miguel ha sido la de cuestionar de raíz la investigación. Se ha llegado a acusar a la Ertzaintza de manipular pruebas. Si en primera instancia todo apuntaba a que se defendían argumentos con vistas en el Supremo y dando por perdida la primera vuelta -particularmente desde que se conoció que el político iba a declararse culpable pero que cambió de opinión a última hora-, ahora la insistencia en la vulneración de derechos fundamentales abre a que la batalla jurídica, aunque se pierda también en el Supremo, siga en el Constitucional o incluso en Estrasburgo.

Un caso originado en 2009

El 'caso De Miguel' se originó en diciembre 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presenta una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que Txitxo le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos. Aportó grabaciones y, en una de ellas, se escucha a Echaburu considerar las comisiones como algo “dentro de lo normal”. Se pueden escuchar aquí.

La investigación llevó pronto a Kataia Consulting, la empresa central de la trama. Sin actividad pero con movimientos económicos elevados, estaba controlada por De Miguel y otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Pero estaba a nombre de las esposas del trío. El primer ingreso de esa mercantil fue el pago de una comisión por un pelotazo urbanístico en Zambrana en el que también se implicó De Miguel. Situó como intermediario a Arruti y captaron a una promotora catalana, Construcciones Riera, para un plan estimado en 65 millones que luego se frustró. “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, ... El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si se puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave. Pero, en fin, lo pensamos y dijimos 'Nos tiramos a la piscina. Vamos a pagar comisión y pagamos la comisión'”, declaró el empresario Francesc Fernández Joval. Y su socio Plàcid Casas añadió: “El País Vasco es una zona que no conocemos, una sociedad un poco más cerrada. Francesc me vino a decir que era imprescindible alguien que ayudara”. Recibido el primer pago de Zambrana, desde Kataia Consulting salió dinero para un Saab, para joyas y para viajes, así como para consumiciones en pubs o para una estancia en el balneario de La Perla en Donostia.

La empresa hermana de Kataia Consulting era Errexal. En este caso, se creó para captar contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por Xabier Sánchez Robles. El primero era de 90.000 euros. Al frente de Errexal se situó a Iñaki San Juan, exedil en Leioa por el PNV. Había otra tercera sociedad que captaba contratos de Juventud, Ortzi Muga, con Josu Montés de administrador. Txitxo, Ochandiano y su esposa, Echaburu, Montés, San Juan, Arruti y Sánchez Robles eran todos de una misma generación que se conoció en EGI cuando la cantera del PNV estaba necesitada de savia nueva tras la traumática escisión de EA en 1986. Una de las condenas más elevadas en primera instancia la recibió Sánchez Robles (siete años de cárcel, al nivel de Tellería y Ochandiano). Le pesó haber presentado en el juicio como supuestas pruebas exculpatorias informes y documentos con sellos del Gobierno vasco para probar la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de sus amigos y que éstas habían realizado los trabajos encargados. Esos papeles no constaban en los archivos de la Administración y, como publicó este periódico, los sellos tenían tipografía diferente a los auténticos y en un caso tenían como fecha un 29 de febrero de un año no bisiesto, un día que no existe.

Otro constructor y contratista, Prudencio Hierro, admitió también que pagó la reforma de la segunda residencia de De Miguel, en Gorliz, en la costa de Bizkaia. Explicó que siempre era buena hacer “favores”. El pacto para rebajar su pena implicó camuflarlo no como comisión o soborno sino como préstamo para que el político se ahorrara el IVA, aunque todos los indicios apuntan en el otro sentido.

La importancia del partido

Cuando estalló el caso y fue desposeído de sus cargos -era diputado foral en Álava-, tuvo una larga baja laboral investigada por la Seguridad Social. Después, De Miguel optó por Hazi de entre las dos excedencias en sociedades públicas que tenía. Se mudó de Vitoria a Gorliz. Ahora es allí donde reside y sigue trabajando para el Gobierno vasco. Su jefe en Hazi, tras la primera condena, ocultó en el Parlamento Vasco el verdadero salario de Txitxo. Era Asier Arrese, que llegó a comparecer como supuesto testigo imparcial durante el juicio para defender el buen nombre de De Miguel. Ahora este periódico está pendiente de que la entidad detalle la posición allí de De Miguel, si bien varias fuentes han explicado que es la persona responsable de decidir si el Ejecutivo financia determinados proyectos. El convenio de esta sociedad pública permitía haberlo despojado de sus funciones incluso con la primera condena por ser los delitos de tipo económico. Hay otros textos similares que explicitan que la pena ha de ser “firme” pero no es el caso.

En los últimos años, acudió al funeral de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV y del que se siente hijo político. Tiene muy estrecha amistad con el hijo de aquél, Asier Arzalluz, también de la misma generación de EGI y que llegó a estar investigado en este sumario por haber contratado también con la trama durante su etapa al frente de una entidad promotora del txakoli en Leioa, Mendibile Jauregia. Acudió igualmente al velatorio del exalcalde de Lapuebla de Labarca, Daniel Espada. Hace solamente unos días pudo saludar a sus excompañeros de partido en la fiesta de la vendimia de Lanciego, el pueblo de sus amores.

Quien también continúa en la Administración es Ochandiano. En su caso, sigue en las mismas funciones que ejercía cuando sucedieron los hechos, contable en el parque tecnológico de Miñano. Mientras la denunciante del caso lamentó en el juicio que no había podido volver a contratar con la Administración por haber alzado la voz -“se han vengado de mí hasta hoy”- San Juan y otro condenado, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, han cambiado el nombre a sus empresas Errexal y Stoa y siguen recibiendo adjudicaciones. En el caso de San Juan (cinco años de cárcel) lo hace en Leioa, su antiguo municipio, e incluso valiéndose de empresas de terceros. Alberdi se quejó también de que la única parte de la sentencia en que no se vieron acreditados los hechos fueron las “coacciones” que dijo haber sufrido hasta el punto de que De Miguel y Tellería llegaron a pedir el dinero al padre de la empresaria, al que conocían del partido.

Políticamente, aunque costó meses, el PNV consiguió que De Miguel, Tellería y Ochandiano entregaran su carné. El presidente era el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, y los imputados eran del sector más próximo a Joseba Egibar, líder en Gipuzkoa y portavoz parlamentario aún hoy. Este caso forzó una modificación de los estatutos para automatizar este procedimiento en casos graves. Sin embargo, Egibar no tuvo reparos en abrazar delante de las cámaras a Txitxo cuando acudió a comparecer en la comisión de investigación que sobre este caso inició el Parlamento Vasco o en defender que no se había enriquecido en ningún caso. Tras la primera sentencia, Urkullu pidió disculpas, como también Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV.

Sin embargo, recalcan que el partido no estaba implicado en los hechos. La financiación del partido nunca se ha investigado -“pues no lo sé, ellos lo van a establecer”, se escucha a Echaburu en las grabaciones cuando Alberdi le pregunta si la comisión es para el PNV- pero la Audiencia Provincial sí remarcó la importancia de la militancia compartida y la influencia política e institucional para explicar los hechos. En Zambrana, la alcaldesa María Justina Angulo dejó hacer a Txitxo y Arruti “siguiendo indicaciones del ABB”, el Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa del PNV. “Accedió [...] por recomendación de una persona de influencia en su mismo partido político, siguiendo indicaciones del ABB, no olvidando que el puesto de alcaldesa tiene su origen inicial en una designación política de ese partido, llevada a cabo en el momento de confección de las listas municipales y existiendo un motivo claro de intentar seguir la indicación dada para evitar ser eliminada de las futuras listas electorales (supuesto de prevalimiento en casos de tráfico de influencias)”, destacó el tribunal, que empleó argumentos similares en otras derivadas del caso. Consultado por este periódico, el PNV ha declinado hacer comentarios sobre este caso.