El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados tanto por el Ministerio de Defensa como por el Ayuntamiento de Donostia contra la resolución judicial inicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dio parcialmente la razón a Vox, una formación sin representación alguna en la capital guipuzcoana, en su intento de evitar el derribo de los cuarteles del Ejército español en la zona de Loiola, donde se prevé una gran operación urbanística. El alto tribunal tendrá que valorar ahora si el complejo militar, de inicios del siglo XX, merece algún tipo de protección.
En una ciudad con grandes problemas de suelo y de vivienda, los terrenos hasta ahora destinados a la unidad centenaria llamada Tercio Viejo de Sicilia 67 y que en 1936 se rebeló contra el Gobierno republicano legítimo, constituían uno de los pocos espacios de desarrollo. Así, la demanda de adquisición de ese espacio ha sido una constante en los últimos años, lo que se ha mezclado con el debate sobre la propia presencia militar en tierras vascas. En principio, el Gobierno central asegura que habrá un destacamento en el territorio pero aún no ha concretado cuál será su ubicación.
Las áreas de Patrimonio tanto de la Diputación de Gipuzkoa como del Gobierno vasco, en 2009 y 2020, alertaron de que los edificios militares de Donostia requerían de algún tipo de protección. “De manera general, es el ordenamiento urbanístico el que debe adecuarse a la protección cultural y no a la inversa”, era su conclusión general. La ciudad, además, ha visto desaparecer recientemente la cubierta de Gustave Eiffel debido a las obras para la llegada del AVE en el entorno de la estación de ferrocarril y ha discutido sobre si es suficiente preservar las fachadas del Bellas Artes, que de histórico cinematógrafo pasará a hotel de la cadena Hilton.
El plan inicial, fraguado tras un pacto para la cesión de las parcelas entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020 al calor de una negociación presupuestaria, era el de construir del orden de 2.000 viviendas en los antiguos terrenos militares. Vox, sin embargo, elevó un recurso ante el Superior no por criterios de protección de edificios históricos sino porque ese plan “ponía en tela de juicio la presencia del Ejército de España en Gipuzkoa”. El pasado verano, la sala de lo contencioso-administrativo entendió que los cuarteles “cumplen los criterios sentados en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (PEPPUC) para ser protegidos”.
En otoño, sin embargo, Defensa y Ayuntamiento cerraron la compraventa de los cuarteles por un precio de alrededor de 73 millones de euros que incluía también inmuebles en la zona del monte Ulia. Eso sí, en aquel momento se indicó que el plan pasaba a modificarse. Las viviendas previstas bajaban a 1.500-1.700 porque se aceptaba la conservación de algunos elementos del complejo, en concreto de los edificios Infanta María Teresa y Princesa Mercedes en atención a las disposiciones judiciales.
Por el contrario, el Ayuntamiento -y también la Abogacía del Estado en nombre de Defensa- prosiguen la vía judicial para tratar de revertir el pronunciamiento parcialmente favorable a sus intereses que logró Vox. El 29 de junio, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo, presidida por el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, admitió a trámite los recursos de ambos organismos públicos. En sus argumentaciones, las instituciones recalcan que no se puede exigir a un Ayuntamiento que se encargue de la protección de unos edificios que no son de su titularidad. Además, sostienen que la sentencia inicial se extralimitó al conceder un grado parcial de protección a los cuarteles.
Ahora toca definir “si resulta viable que un órgano jurisdiccional resuelva la inclusión de un bien afecto a la Defensa Nacional en un plan especial de protección del patrimonio sin que se haya producido la intervención de la Administración General del Estado”. Es decir, se trata de saber si la jurisdicción contencioso-administrativa puede no solamente anular acuerdos de una institución sino también suplantarlos por otros, en este caso, dotando de una concreta categoría de protección a unas instalaciones militares. No hay fecha prevista para que se conozca el fallo definitivo del Supremo.
En campaña
La situación de los cuarteles de Loiola se ha colado en campaña. El PNV, que no apoyó la Ley de Vivienda, afirma que su política para impulsar el alquiler pasa, en buena medida, por operaciones como la de Donostia, cuya paternidad se atribuye Aitor Esteban, el candidato. El propio Esteban participó este fin de semana en un acto político allí mismo en el que estuvo acompañado por el alcalde, Eneko Goia, recién reelegido para un tercer mandato.
Esteban discutió por este complejo con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en el debate televisado de RTVE. Ya después, el dirigente del PNV aseguró que echarán a los militares de Loiola como lo hicieron los nacionalistas vascos en 1936, cuando el acuartelamiento se amotinó contra el régimen legítimo y democrático y se adhirió a la sublevación de Francisco Franco, sucesos de los que este martes se cumplen 87 años. Intentar evitar el derribo, según manifestó Esteban, es una nueva maniobra de los “franquistas”.