En la región peruana de Loreto, cerca de la ciudad de Yurimaguas, acaban de construir una carretera, pero para llegar a la comunidad más alejada se tardan seis horas caminando y en bote. Una vez allí, lo que antes eran bosques naturales, ahora son plantaciones de palma aceitera, piña y papaya, todo ello para su exportación. El alquiler de una hectárea en ese territorio cuesta 300 soles al año, menos de 100 dólares. La activista quechua Tarcila Rivera (Ayacucho, Perú, 1950) desconoce los beneficios que obtienen las empresas por la exportación de dichos alimentos, pero sí que sabe por cuánto venden las comunidades amazónicas un manojo de plátanos: 5 dólares. Menos de lo que cuesta un menú del día en los restaurantes que los compran. “Los Estados dicen que se basan en el desarrollo de la economía para erradicar la pobreza, pero lo que están haciendo es depredar lo poco que queda sin control”, lamenta Rivera durante su visita a Bilbao para participar en el congreso 'La vida en juego' en el que durante tres días defensores de los derechos humanos y activistas de distintos países compartirán sus experiencias y visiones sobre la ciencia, la comunicación, el periodismo y el activismo.
Rivera es una de esas mujeres que lleva desde que tiene uso de razón defendiendo lo que considera que es justo, desde los derechos de la naturaleza y los territorios de las comunidades indígenas, hasta la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Lleva décadas participando en las Conferencias Mundiales de Mujeres, en las que ha defendido sus derechos como mujer indígena junto a un grupo que comenzó con doce integrantes que no se entendían entre sí porque cada una hablaba su propia lengua, hasta conformar más de 100 mujeres de distintos países. Actualmente es presidenta de la asociación indígena Chirapaq, es la coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) e integrante del Consejo de Administración del Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
¿En qué se basa su participación en el congreso 'La vida en juego'?
Mi rol principal va a ser tratar de hacer visible la violación de derechos humanos que hay hacia las defensoras en nuestra región. Se ha agudizado la persecución, desaparición y criminalización de las defensoras de la madre naturaleza. Para la expansión de las industrias extractivas en la región, ya sea por recursos de debajo de la tierra, de los bosques o de recursos naturales como el agua, este tipo de activismo supone una amenaza. En nuestros territorios hay presencia de industrias extractivas y también de narcotráfico, y ambas combinan sus intereses, se apoyan mutuamente y hacen que desaparezcan defensoras indígenas, principalmente, que no tienen contactos ni fácil acceso a la justicia, por lo que nos enteramos de ello cuando ya están desaparecidas o muertas.
La asociación indígena Chirapaq, de la cual es presidenta, ha denunciado un derrame de petróleo de la empresa Repsol en Ventanilla, considerado como “el peor desastre ecológico producido en Lima”. ¿Cómo afectan este tipo de empresas al entorno?
Ha sido terrible. Ha afectado tremendamente a personas que viven de la pesca, a la gente que vive alrededor, a la vida y recursos marinos, y a las aves que habitan en ese entorno. Todo ha acabado totalmente contaminado y la reacción de Repsol no ha sido responsable. No ha reaccionado como debería haberlo hecho una empresa que se supone que tiene grandes recursos y compromisos con el Estado y que cuenta con un seguro que puede hacerlo efectivo. También nos afecta algo que relacionamos con el racismo y es el hecho de que las empresas no respetan la vida de la población del país donde están. Hay responsabilidad compartida porque nuestros funcionarios públicos deberían haber controlado que empresas como esta respetasen los convenios que tienen, sin embargo, la responsabilidad de Repsol es altamente sancionable porque no hizo nada por prevenir y evitar que ocurriera esta catástrofe.
Que una industria petrolera o minera tire desechos es una violencia que no pasa desapercibida porque afecta a la salud de la tierra de la que se obtienen los alimentos para el consumo
¿Qué tipo de violencias sufren actualmente las comunidades indígenas en Perú?
Las violencias que afectan a las comunidades son multidimensionales. Una de ellas es la medioambiental. Para las comunidades indígenas que una industria petrolera o minera tire desechos en sus tierras y ríos es una violencia que no pasa desapercibida porque afecta a la salud de la tierra de la que se obtienen los alimentos para el consumo. Otras son las relacionadas con la mujer como la violencia doméstica, la violencia de género o la violencia hacia los derechos sexuales y reproductivos. Estamos muy sensibilizadas y priorizando la erradicación de la violencia sexual contra las niñas y el embarazo de niñas y adolescentes. Una niña indígena violada tiene muchas más barreras para encontrar justicia que una niña no indígena, barreras como los prejuicios, la lengua, el racismo o el propio acceso a la justicia.
Usted es fundadora del Taller Permanente de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú y presidenta ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. ¿Cómo contribuyen este tipo de espacios a la eliminación de la violencia y al bienestar de las mujeres indígenas?
Es un proceso. En el año 1975, cuando hubo la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, solo había una mujer indígena, en la de 1985 fuimos doce y no nos entendíamos entre nosotras porque cada una hablaba su propia lengua. En 1995, en la que se celebró en Beijing fuimos más de cien. Las mujeres que formábamos parte de regiones de habla hispana llegamos con un proceso preparado y con una declaración a Beijing. Este documento inspiró a que todas las mujeres que nos conocimos allá nos juntásemos y creáramos una declaración conjunta. A partir de ahí, en los últimos 30 años hemos logrado avances dentro del movimiento indígena y feminista porque para nosotras los derechos colectivos y los individuales son indivisibles.
Una niña indígena violada tiene muchas más barreras para encontrar justicia que una niña no indígena, barreras como los prejuicios, la lengua, el racismo o el propio acceso a la justicia
¿En qué falla Europa a la hora de apoyar a estas comunidades?
Hace falta entendernos. Hemos encontrado apoyo del feminismo europeo, por ejemplo, cuando se ha querido poner en la agenda política y social la mutilación genital, pero nos cuesta bastante, sobre todo por la barrera del idioma. No todas las indígenas hablamos español o inglés. Para mí ha sido gratificante encontrar apoyo en el feminismo europeo que tiene espacio en las reuniones oficiales, porque las indígenas no tenemos espacio en esos lugares. También encontramos apoyo por parte de Europa en la erradicación de la violencia sexual con iniciativas como 'Spotlight', una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Hay cierto avance, pero hace falta construir una relación de solidaridad y empatía entre distintos países para que no seamos las indígenas las únicas que luchamos por los derechos de las indígenas porque no son tan solo nuestros derechos, son derechos humanos.
Bruselas ha activado una norma de acogida ilimitada a personas provenientes de Ucrania con motivo de la guerra. Sin embargo, no lo ha hecho a la hora de acoger a otros migrantes también en peligro que provienen de África y Latinoamérica. ¿Es un ejemplo de racismo?
Yo creo que ven la amenaza cercana. Consideran que está en su región, que está en Europa. El racismo existe aunque no lo quieran reconocer. No es fácil conseguir la condición de refugiado en Europa o Estados Unidos. Los migrantes son perseguidos, mueren por el camino o son asesinados. Los Estados no están preparados para resolver esos asuntos.
Hace falta construir una relación de solidaridad y empatía entre distintos países para que no seamos las indígenas las únicas que luchamos por los derechos de las indígenas
En España, se rechaza cerca del 90% de las solicitudes de asilo cada año.
Tiene que ver con racismo y con discriminación, pero hay una cosa que quiero dejar clara y es que lo óptimo para una persona no es obtener la condición de refugiado. Es que los Estados respeten nuestros derechos, se invierta en los países y que las transnacionales que vienen a recoger recursos a nuestros territorios respeten los estándares para que nosotros también podamos tener una vida digna y no tengamos la necesidad de marcharnos.
¿Deberían cambiar las políticas migratorias?
Por supuesto. Deberían ser más humanas porque los que salen son personas trabajadoras que van en busca de mejores oportunidades, sobre todo para dedicarlas a la educación de sus hijos. Ninguna de estas personas sale de su país en condiciones normales, son expulsados por muchas causas. Habría que flexibilizar las políticas, pero también mirar las condiciones en las que están esos Gobiernos expulsores de gente de su propio país.
¿Qué mensaje daría a la sociedad española para que fuera consciente de las cuestiones que usted denuncia?
Les diría que deberían valorar las capacidades y los aportes de todos los ciudadanos del mundo. No somos personas que estamos sentadas pidiendo que nos regalen algo. Aportamos y cuidamos en muchos sentidos. Lo que pedimos es que se respeten los derechos fundamentales y que se informen mejor para desarrollar una relación de solidaridad y empatía mutua.