Eduardo tiene 62 años y trabajó como tornero durante 40 en los talleres de Feve, después integrada en Renfe. La mayoría de esos años trabajó, sin saberlo, en contacto con amianto. En 2021 le diagnosticaron un cáncer de pulmón por el que tuvo que ser intervenido. “Me quitaron medio pulmón. Tuve suerte”, dice. Otros compañeros, recuerda, han fallecido antes de saber que la sustancia maldita estaba tras la causa de su enfermedad. En 2022, unos meses después de someterse a la intervención quirúrgica se le concedió la incapacidad permanente total. No hubo dudas entonces de que la suya era una “enfermedad profesional” por haber estado durante años con esta sustancia altamente dañina. Esa batalla la ganó. Ahora Eduardo ha emprendido otra, la de exigir en el juzgado que se le reconozca los daños que le ha causado una empresa que “no hizo nada para proteger a sus trabajadores” de la sustancia mortal“, asegura. Este jueves se ha celebrado el Juzgado de lo Social Nº 9 de Bilbao el juicio en el que Eduardo demanda 317.547,57 euros a Renfe Fabricación y Mantenimiento en concepto de daños y perjuicios. Asviamie, Asociación vasca de víctimas del amianto, se ha concentrado ante los juzgados para pedir justicia para Eduardo y para muchos otros trabajadores que, después de enfermar en el trabajo por causa del amianto, se ven sometidos a un ”vía crucis judicial“ para conseguir que la empresa les compense económicamente.
“El reconocimiento de la enfermedad profesional no es nada más que el primer paso. Es muy duro que después de tantos años que llevamos con el tema del amianto tengamos que ir reclamando caso por caso a la justicia para el enfermo o para los familiares cuando el trabajador ya ha fallecido”, dice Patxi Cortázar, responsable de Asviamie, que recuerda que se hace ir a los tribunales caso por caso, e incluso en los que hay hasta 200 demandas ya ganadas como es el ejemplo de los trabajadores afectados de los antiguos astilleros Euskalduna.
“Hay unos pasos que no los puedes eludir y el primero para reclamar es que se reconozca una enfermedad profesional derivada del amianto. Y eso ya no es siempre fácil”, señala Begoña Vila, también portavoz de la asociación. Las empresas suelen alegar otras posibles causas de la enfermedad y tienes que presentar testigos que corroboren que el trabajador afectado tuvo contacto con dicha sustancia. “Hay personas que se les detecta la enfermedad ya con muchos años y muchos de sus compañeros ya están fallecidos. A parte de la enfermedad que les afecta física y psicológicamente, se tienen que poner a hacer una investigación para ver si tienes compañeros que puedan testificar en el juicio”, indica.
“Hay que tener en cuenta que el daño que te haya hecho el amianto se puede hacer visible hasta 25 años después”, recuerda Eduardo tras salir del juicio, esperanzado en ganarlo y que se le compense económicamente, pese a que el perito que ha llevado la empresa “trataba de demostrar que el cáncer puede ser por otras causas como por el tabaco. Pues mira, yo no he fumado nunca”.
Eduardo desarrolló su trabajo como tornero en la empresa Feve (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), más tarde Renfe Operadora, entre 1981 y diciembre de 2021, momento en el que enfermó. Concretamente trabajaba en el taller de fabricación y mantenimiento de las unidades de vía estrecha de la zona norte en Balmaseda. Le descubrieron un “nódulo en un pulmón en un reconocimiento de la empresa recuerda, ”pero tuve que ir yo por mi cuenta a la mutua y a que me vieran en el hospital porque no me daban solución“. Tras operarse con éxito en el hospital de Cruces, en febrero de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dictó una resolución concediéndole una Incapacidad Permanente Total, derivada de enfermedad profesional. Ese mismo mes y año Osalan incluyó a Eduardo en el ”fichero de trabajadores posiblemente expuestos al amianto“ de Euskadi ”como consecuencia de las tareas realizadas en taller de material remolcado en el Taller de Balmaseda, siendo trabajador de Feve-Renfe“.
En su caso no había duda. Los puestos de trabajo ocupados por Eduardo en la empresa, implicaron el contacto con fibras de amianto. Otra cosa es que esa misma certeza le valga ahora la indemnización. Su trabajo consistía en el torneado de ruedas, mecanizado de discos de freno, discos de embrague. “Aunque era polivalente, todos hacíamos al final de todo”, recuerda. “Los ferodos de freno y embragues tenían amianto en su composición. La manipulación de dichos elementos, implicaba liberar fibras cancerígenas al espacio de trabajo de Eduardo. Otros trabajadores se dedicaban a cortar, lijar las pastillas de freno y embragues, utilizando aire a presión para la limpieza del puesto de trabajo, incluidas, las zapatas de freno y embragues, provocando una importante dispersión de las fibras cancerígenas, que serían inhaladas por Eduardo y el resto de los trabajadores o personas presentes”, señalan desde la asociación como el argumento que han llevado ante el juez. El amianto era también utilizado para recubrir los tubos de escape de las maquinas, de forma qué, para realizar trabajos de reparación, retiraban el revestimiento de amianto, colocando posteriormente, material nuevo. “Operación qué, por el grado de degradación del amianto, implicaba nueva dispersión de fibras cancerígenas al ambiente de trabajo”. Eduardo también se dedicó a “sustituir las calderas de vapor de las maquinas, en cuyo aislamiento, también se utilizaba el amianto. Todas las operaciones realizadas con el amianto eran manuales, utilizando martillo y cincel para su retirada”.
La defensa del trabajador argumenta que todo este trabajo en el que se expuso al amianto “se produjo sin que la empresa adoptara las medidas de seguridad que la ley exigía, por lo que el trabajador permaneció expuesto al amianto de forma incontrolada, que conllevo contraer la grave enfermedad pulmonar”. Por esa razón, reclama en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 317.547,57 euros.
Hace unos meses la Justicia reconoció la muerte por amianto de un técnico de mantenimiento de los talleres de Feve en Santander. En esa ocasión, la Delegación Norte de la compañía comunicó que “por parte de talleres, en cuanto se detecta o se sospecha de la existencia de amianto en alguna pieza, se notifica a Recursos Humanos y prevención de riesgos; a la vez se contrata el servicio a una empresa especializada para proceder con el desamiantado”. “Renfe no realiza actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del RD 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto. No obstante lo anterior, y debido a la antigüedad de algunos de los vehículos ferroviarios, se pueden producir hallazgos ocasionales de piezas con material de amianto”, aseguraron.
“Es una vergüenza que se haga a los trabajadores pasar por este infierno de tener que demostrar una y otra vez que este sustancia es la causante de su enfermedad”, dicen desde la asociación de víctimas. “Igual que es vergonzoso que el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto carezca de contenido y siga sin materializarse. Ha caído en saco roto”, dice Patxi Cortázar.
Precisamente el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una proposición no de ley en la que se insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que “a la mayor brevedad posible” apruebe, conforme a lo establecido en la Ley 21/2022 de creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, el reglamento que lo desarrolle, y que establezca las correspondientes indemnizaciones “en coherencia con los propios términos de la ley”.
El PP ha llevado a la Cámara vasca una proposición no de ley con la que proponía reclamar al Gobierno de España que apruebe el reglamento que desarrolle la Ley 21/2022 de la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Con el apoyo de todos los grupos excepto del parlamentario de CS, el Parlamento Vasco ha aprobado finalmente un texto firmado por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. En él, el Parlamento Vasco valora “muy positivamente” el trabajo realizado durante las tres últimas legislaturas para “impulsar de manera unánime, en varias ocasiones, la creación a nivel estatal de un fondo de compensación para las víctimas del amianto”. Además, se felicita por la aprobación de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, “fruto de la proposición de ley ante las Cortes Generales que esta Cámara ha remitido en más de una ocasión”.
Por ello, insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que “a la mayor brevedad posible”, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, “apruebe, conforme a lo establecido en la misma, el reglamento que lo desarrolle, y que establezca las correspondientes indemnizaciones en coherencia con los propios términos de la ley”, informa Europa Press.
En el debate, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha lamentado que más de un año después de la aprobación de la citada ley, “sigue sin cumplirse” y ha recordado que este fondo ya existe en otros países como Francia. Tras destacar la “indignación, protesta y preocupación” de las asociaciones de víctimas del amianto, ha criticado que ante el “incumplimiento” del Gobierno central, “no hay de momento explicaciones” por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones.
La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha lamentado que no se han dado “pasos adelante” y ha recordado que la disposición adicional de la citada ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, regula que el reglamento deberá dictarse en un plazo de tres meses desde la publicación de la propia ley en el Boletín Oficial del Estado, “es decir, debería haberse aprobado ya en enero de este año”.
“Habiendo transcurrido varios meses --sí que es verdad, meses complicados para la esfera política e institucional, también en el Estado español-- el retraso en la aprobación del reglamento es evidente”, ha señalado antes de subrayar que el texto aprobado recoge las reivindicaciones de las asociaciones, ya que “las víctimas lo están esperando, lo necesitan y son muchísimos años de lucha con el objetivo de intentar reparar el dolor y el daño causado por el uso durante años del amianto”.
La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco ha recordado que el Parlamento Vasco lleva trece años trabajando sobre el fondo de compensación para las víctimas del amianto y aunque hace un año, tras superar el último trámite en el Senado, dieron por finalizado este asunto, “desgraciadamente no ha sido así”. “Tenemos una ley que podría estar ayudando y acompañando a muchas víctimas del amianto, pero que a día de hoy está congelada, paralizada”, ha criticado.
Blanco ha insistido en que “es de justicia, compensar de una vez a las víctimas” y “por tanto, el Real Decreto debe publicarse lo antes posible”. Además, ha reclamado que se “respete el espíritu” de la ley y ha denunciado que el borrador presentado por el Gobierno “es ofensivo y menospreciaba a las víctimas”. “Tiene que ser un decreto que compense y proteja a las víctimas, tal y como se indica en la ley, y la mayor brevedad posible, porque el amianto sigue matando”, ha advertido.
La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha acusado al PP de “romper la unidad” que tuvo esta iniciativa en el Parlamento Vasco al presentar su iniciativa “en solitario, sin hablar con ningún otro grupo”, y ha explicado que por ello, han presentado una enmienda a la totalidad conjunta “para seguir poniendo en el centro el valor de ese acuerdo”. Sánchez ha recordado que en marzo de 2023 se trabajó en el reglamento antes de las elecciones generales celebradas en julio, “completándose el trámite de audiencia previa, pero no se pudo finalizar al entrar el gobierno en funciones”. “Esas han sido las causas del retraso, pero mi grupo parlamentario está de acuerdo que sería conveniente contar con el reglamento, a la mayor brevedad posible, y para ello es deseable que contemos con un nuevo gobierno progresista a nivel estatal cuanto antes”, ha defendido.
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha reconocido que el desarrollo reglamentario necesario para que ese fondo sea una realidad “para que la ley sea efectiva, no se ha hecho y no sólo está tardando demasiado, sino que está incumpliendo la propia ley que determina que en tres meses debía estar ese reglamento”. Además, ha explicado que varias asociaciones y sindicatos están denunciando que “se pretende descafeinar el fondo en cuanto a cuantías y otras cuestiones”.
Tras recordar que en estos momentos que se está conformando el Gobierno de España, ha afirmado que los diputados de los grupos que han firmado el texto aprobado --PNV, EH Bildu, PSE y Podemos-IU-- “son absolutamente necesarios para que se conforme ese gobierno”. “Yo creo que es la presión que debemos utilizar para que el Ministerio haga esto a la mayor brevedad y en los términos que están reclamando las asociaciones y los sindicatos”, ha insistido. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, y el parlamentario de CS Jose Manuel Gil, no han participado en el debate.
Tras la votación, el portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi, Jon García, ha comparecido ante los medios de comunicación para criticar que el Gobierno ha elaborado un proyecto de reglamento desarrollado por el Ministerio de Seguridad Social e Inmigraciones que “contradice el espíritu de la ley” y otorga unas indemnizaciones “muy inferiores a las de otros colectivos en similares circunstancias”. Además, ha explicado que el texto propuesto por el Ministerio “no respeta el objetivo de amparar a todas las víctimas, discriminando a los familiares de los fallecidos en los pasados años”. “Desde la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto instamos al gobierno en funciones a que rectifique, respete el espíritu del consenso parlamentario unánime logrado para la aprobación de la ley y apruebe el reglamento que la desarrolla”, ha reclamado.
García ha recordado que esta es la cuarta vez en la que el Parlamento Vasco se ha pronunciado a favor de que se ponga en marcha el fondo de compensación. “No podemos seguir así. Tienen que tomar nota desde el gobierno. No pedimos otra cosa más que cumplir la ley”, ha insistido.
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