Tres claves del asesor del Gobierno vasco que también es miembro de una empresa de autocares con contratos públicos

La Euskadi política, en sus tertulias y corrillos, debate en los últimos días sobre la figura de Joanes Labayen, el prestigioso socio–director del bufete Cuatrecasas en Donostia, adonde llegó como abogado del Estado. Labayen forma parte del consejo de administración de una de las compañías que realiza las rutas de transporte escolar de la red pública, Autocares URPA, que tiene una cuota del 11% en Gipuzkoa y del 3% en el conjunto de Euskadi. Al tiempo, ha sido contratado como asesor externo por parte del Gobierno vasco, en una decisión personalísima del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que la ha asumido en primera persona. La controversia surge porque ambas partes viven un conflicto larvado durante años y que ha explotado en el arranque de este curso académico. Hay quien ve en Labayen un claro conflicto de intereses, que es juez y parte. Un ejemplo: Labayen, en 2017, demandó al Gobierno vasco en nombre de URPA después de que se probara que esta empresa había formado parte de un cártel para manipular adjudicaciones públicas y beneficiarse. En concreto, URPA participó en 14 reuniones para pergeñar irregularidades en el transporte escolar. Hay voces, también internas en el Ejecutivo, que empiezan a admitir que al margen de la legalidad más estricta se trata de un asunto poco estético que puede golpear al Gobierno de Iñigo Urkullu en el tramo final de una legislatura en la que el PNV no niega que sufra un desgaste. La oposición ya ha empezado a exprimir esta oportunidad.

1 – La contratación de Cuatrecasas

La adjudicación a Cuatrecasas fue directa, lo que técnicamente se conoce como “contrato menor”. Necesariamente, no superará los 15.000 euros sin IVA. De lo contrario, no habría podido hacerse así. De hecho, este mismo bufete fue contratado por EiTB por 14.900 euros en fechas recientes, a principios de septiembre. Es una forma de proceder legal que bordea los topes que permiten no convocar un concurso abierto donde otras empresas pueden optar a prestar el servicio. Todavía hoy no está publicada la información sobre este expediente en el portal de transparencia del Gobierno vasco, aunque fue decidida en agosto. Bildarratz, en el Parlamento y en una entrevista en Radio Euskadi, ha explicado sin tapujos que lo gestionó él, en primera persona. Ha mencionado el “prestigio” de Cuatrecasas para ello. Eso sí, también son muchos los lazos de esa oficina con el PNV. Labayen es el marido de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. El responsable jurídico interno de Bildarratz, Eneko Goenaga, procede de Cuatrecasas, del equipo de Labayen, y es sobrino del presidente del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar. Este despacho fue el que lideró –sin éxito– la defensa de Alfredo de Miguel en el juicio por corrupción. Uno de los letrados de su equipo jurídico era precisamente Goenaga. Este periódico ha tratado de contactar -sin éxito- con representantes del bufete en Euskadi.

2 – Labayen en Urpa, ¿cuál es su papel real?

¿Es Labayen dueño o accionista de URPA? No. ¿Forma parte del consejo de administración? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que el grupo Transitia, del que era asesor jurídico, compró esta compañía de transporte guipuzcoana. Tiene en una las mismas funciones que en la otra. ¿Y cuál es su función? Es secretario del consejo. ¿Recibe URPA contratos del Gobierno vasco? Sí. Gestiona un 11% de las rutas de Gipuzkoa y un 3% del total. ¿Lo ha dejado Labayen tras ser contratado como asesor del Gobierno para resolver el litigio del transporte escolar? No. ¿Es eso un conflicto de intereses? Las partes implicadas señalan que no hay problema, aunque el 22 de agosto hubo una reunión en la que Labayen estaba sentado en el lado de la mesa del Ejecutivo y que, en el otro, había dos representantes de su empresa, de URPA. ¿Conocía estas circunstancias Educación? Bildarratz ha dicho que sí, que lo habló con Labayen, y que concluyeron que no había problema.

3 – El precedente: Labayen contra Educación

La doble función de Labayen en el sector del transporte escolar acarrea llamativos precedentes. El 10 de abril de 2019 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) desestimó casi en su totalidad un recurso en el que consta como “demandante” el letrado “don Joanes Labayen Andonagegui” en nombre de Autocares URPA y como “demadado” el Gobierno vasco. En concreto, Labayen pleiteó contra quien ahora asesora como consecuencia de una resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia, que es un órgano administrativo autonómico, en la que se probó que esta empresa –y varias otras– habían conformado un cártel para repartirse los contratos de transporte en Gipuzkoa, incluidos los lotes de los colegios de la escuela pública. Aunque había pruebas de que dentro de la asociación Avitrans se habían pactado precios y se habían adoptado otras decisiones para manipular contratos públicos, Labayen sostenía que “el hecho de que [Autocares URPA] haya resultado adjudicataria de diversos itinerarios de transporte escolar público en las comarcas de Buruntzaldea y Tolosaldea no acredita su participación en un acuerdo de reparto de mercado”. La empresa, según su abogado, “no obtuvo ningún beneficio [ilícito] ni aspiró a obtenerlo”.

Confluyen en este punto dos elementos. El primero es que el Gobierno vasco y sus asesores jurídicos, precisamente, adujeron que muchos de los problemas en los contratos de transporte escolar del inicio de este curso podrían estar motivados por un nuevo cártel. En aquella ocasión, los hechos probados se dieron en Gipuzkoa, donde se produjeron irregularidades durante décadas. El segundo es que, en aquel pleito, los letrados que entonces defendían los intereses del Ejecutivo tuvieron que recordar que las irregularidades fueron “continuadas” y que todas las empresas, también la de Labayen, fueron conocedoras de ellas y se beneficiaron. En concreto, URPA estuvo en 31 reuniones de fijación de tarifas infladas, en 22 de reparto de mercado y en 14 de manipulación de la adjudicación de rutas de transporte escolar. El Superior constató las irregularidades aunque admitió que la multa que tenía que pagar la empresa, de unos 9.000, no estaba bien motivada.