El exalcalde de la localidad vizcaína de Alonsotegi entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma (PNV), el arquitecto municipal Alberto Zulueta y los empresarios de Laneder Construcciones Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga, que iban a ser juzgados desde este martes por el fraude de 681.392,38 euros de unas subvenciones públicas forales y municipales cobradas por unas obras que no se ejecutaron, van a reconocer que cometieron un delito de prevaricación, falsedad documental y dos delitos de fraude en las subvenciones, según informan fuentes judiciales. Todos ellos han alcanzado un preacuerdo para evitar la entrada efectiva en prisión con las acusaciones de este proceso, la Fiscalía, la Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de la localidad y la oposición municipal, EH Bildu. Admitirán el fraude económico y se comprometen a devolver de manera conjunta casi 900.000 euros -los 681.392,38 euros más unos 200.000 euros de intereses- y a quedar inhabilitados por diez años.
Según las fuentes consultadas, han consignado ya en la Audiencia Provincial de Bizkaia del orden de 100.000 euros. Ahora toca establecer un calendario de pagos para la cobertura del resto de la responsabilidad económica, incluidos los intereses. El acuerdo incluye una condena a dos años de cárcel, pero sin antecedentes este tipo de penas cortas se suelen suspender. Solamente se ejecutará si se incumplen las devoluciones de dinero. Además, según explican desde la acusación ejercida por EH Bildu, el acuerdo incluirá un mecanismo de embargos para que en caso de impagos se ejecuten las garantías. “Seremos inflexibles en caso de que no paguen”, indican desde el equipo jurídico de la oposición municipal, que denunció en su día las irregularidades. En este sentido, se ha elaborado un listado de inmuebles distintos a las viviendas habituales para su liquidación en caso de necesidad. Están en zonas de Bizkaia o de Cantabria y, según indican fuentes judiciales, son propiedades que no aparecieron en las averiguaciones patrimoniales durante la investigación judicial y que han aflorado ahora.
En este proceso penal hay una quinta imputada, la también arquitecta Marta Novo. En su caso, se ha rebajado la acusación a una “falsedad por imprudencia” y no participará en la devolución del dinero. Asimismo, durante los meses de espera antes del juicio ha muerto el sexto imputado, Juan Torrontegi, aparejador municipal. Falleció en noviembre. Con la defunción se extingue la responsabilidad criminal y también la económica, aunque en un hipotético proceso civil los herederos sí se podrían ver afectados en esta segunda parte.
En este escenario, la Justicia ha comunicado este lunes la suspensión de última hora del juicio. Ya fue pospuesto de su fecha inicial, noviembre. Se estima que en el plazo de un mes estará listo el acuerdo definitivo de modo que todas las acusaciones lo puedan exponer en una vista para que sea aceptado por las defensas. Será un mero trámite si no hay sorpresas de última hora. Después se dará por concluido el proceso judicial, por lo que no declararán los testigos. Entre ellos estaba Juan María Aburto, alcalde de Bilbao y en la época de los hechos diputado foral.
Para afrontar la deuda, han aparecido ahora inmuebles en Bizkaia y Cantabria que no estaban en las averiguaciones patrimoniales iniciales
¿Qué ocurrió en este caso? Muy resumidamente, en 2010, se estimó que Alonsotegi Eraikiz tenía que abonar 1.066.944,01 euros a Laneder Construcciones por las certificaciones de las obras de construcción de un nuevo centro de salud. En octubre de 2011, se abonaron menos de la mitad, 450.000 euros. Como se admitirá ahora y venían denunciando la Fiscalía o EH Bildu, el alcalde, Zulueta, otros asesores municipales y los empresarios idearon un plan para lograr el dinero que faltaba. ¿Cómo? “Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias”. A ello se sumaron 81.392,38 salidos del propio Ayuntamiento.
Alonsotegi nació en 1991 y tiene tres alcaldes investigados
El plan consistía en poner por escrito que se habían realizado una serie de obras de modo que se pudieran obtener esos fondos. “Elaboraron y presentaron informes, proyectos, certificaciones y liquidaciones de obra y facturas sin contenido económico real al Ayuntamiento y este a su vez las presentó en la Diputación Foral de Bizkaia, y realizó todos los pasos necesarios hasta obtener su cobro”, ha concluido la investigación. Se aludía a supuestas obras en el Ayuntamiento o en muros de contención. En la fase de instrucción, uno de los empresarios implicados admitió que era el modo que hallaron para poder cobrar la deuda, como ahora se confirma.
Sin embargo, éste que ahora se confirma no es el único caso destapado en esta localidad independizada de Barakaldo en 1991 y en la que nació el lehendakari, Iñigo Urkullu. Tiene unos 3.000 habitantes. Las investigaciones giran en torno a Alonsotegi Eraikiz, ahora ya disuelta. Tres alcaldes del PNV, Erezuma y sus dos predecesores, están investigados por corrupción. La entidad fue creada en la etapa del primero de los regidores investigados, Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007), que luego fue alto cargo de la Diputación de Bizkaia. De 2007 a 2011 gobernó Aitor Santesteban y de 2011 a 2015 el ahora delincuente confeso José Luis Erezuma. En las tres etapas y en los tres casos está implicado Alberto Zulueta, un arquitecto externo que facturaba al municipio sin soporte contractual y ahora también confeso. Siendo consejero de Alonsotegi Eraikiz, era juez y parte y sus empresas recibían contrataciones regularmente. La principal era Arkideiak. En todas las etapas, la mecánica era similar: certificaciones falsas de obras y obtención de fondos. Esas piezas siguen en 'stand by' en los tribunales.