En Euskadi hay 1.489.864 católicos -practicantes o no-, 515.771 no creyentes, 89.487 musulmanes -de todas las ramas-, 29.326 evangelistas, 18.964 ortodoxos o 259 judíos. El Gobierno de Iñigo Urkullu ha asumido la “diversidad”, también la religiosa, como un pilar de su plan de convivencia para la legislatura y, este martes, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, elevará a Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Lugares, Centros de Culto y Diversidad Religiosa en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
No es el primer esfuerzo por sacarlo adelante, ya que ya se venía hablando de ella hace tres legislaturas, con Patxi López como lehendakari. Y el propio Urkullu envió al Parlamento una primera versión en julio de 2019 que quedó en nada con el final de la legislatura en febrero de 2020. En esos meses apenas se celebraron dos comparecencias y ni se llegó a crear la ponencia legislativa. Ahora el contexto es diferente, ya que el Gobierno tiene mayoría absoluta en la Cámara y tres años para completar toda la tramitación. Lo que le ocurrió a esta ley, en el fondo, no fue nada distinto a lo que les sucedió a otras muchas, como las de Memoria Histórica, RGI, cambio climático o la propia reforma del Estatuto.
“La diversidad religiosa es un fenómeno definitivo e irreversible que ha avanzado con mayor celeridad que la legislación, de manera que las instituciones carecían de las herramientas legales necesarias para gestionar esta nueva realidad. Esta ley nace, por tanto, con el objetivo de ofrecer una cobertura jurídica a esta pluralidad, protegiendo y garantizando la convivencia y el diálogo en igualdad de condiciones de todas las confesiones asentadas en Euskadi, así como de su derecho fundamental a la apertura y utilización de sus centros o lugares de culto”, explican desde el área de Artolazabal sobre los objetivos de esta ley. Como puntos clave, los ayuntamientos tendrán que reservar suelo para las demandas de centros de culto que se planteen en sus respectivos municipios y se constituirá un Consejo Interreligioso como “motor dinamizador” y órgano consultivo en esta materia. Participarán representantes autonómicos, forales y municipales, así como las propias comunidades religiosas. A falta del texto definitivo, se plantea que la presencia de hombres y mujeres sea equilibrada, aunque en las dos principales religiones de Euskadi no hay ninguna mujer en los ministerios.
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha querido acompañar la presentación del texto con la presentación de un mapa de la religiosidad en Euskadi ('Euzkadi' en las versiones de castellano e inglés, al modo de la denominación clásica de la II República y que mantiene el PNV) elaborado por Ikuspegi, que es el Observatorio Vasco de la Inmigración, en colaboración con el Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. El 69,1% de los vascos se identifica como católico, una religión que también es la principal con un 45% entre los extranjeros, 213.510 personas. Los no creyentes son un 23,9% en total, pero solamente un 9,1% de los no nacidos aquí. El mapa recoge también el número de templos por localidad. Vitoria es la ciudad con, a la vez, el mayor número de parroquias católicas (92), mezquitas (10) e iglesias ortodoxas (4). Bilbao encabeza la lista de templos evangélicos (35) y en Donostia están cinco de los diez centros budistas. No consta la existencia de ninguna sinagoga judía.
¿Cómo recogen las dos principales confesiones en Euskadi, la Iglesia católica y la comunidad musulmana la nueva normativa? Desde la Diócesis de Álava subrayan que “la religión católica es la mayoritaria en Euskadi” porque “cerca del 70% de los vascos lo son”, y entienden que es “algo que demuestra la importancia de la fe en las vidas de muchísimas personas”. Y añaden: “Y la pluralidad religiosa es también un hecho en nuestra sociedad, donde hay cristianos evangélicos, ortodoxos, hinduistas, musulmanes, budistas y judíos entre otras, por lo que esta ley la vemos bien desde la Iglesia Católica. Será una garantía para defender los derechos de todas las personas que profesen unas creencias religiosas y proteger la libertad religiosa y lo que ello conlleva, equipamientos incluidos”.
Sobre el Consejo, opinan que vendrá a poner oficialidad a los foros que “lidera” la Iglesia católica en Euskadi “con otras comunidades” desde hace “años”. “Venimos años trabajando desde la Delegación Episcopal de Migraciones, quienes tienen lazos fuertes con hermanos evangélicos, ortodoxos, musulmanes, budistas, etc.”, indican estas fuentes. Aspiran a que el nuevo marco legal suponga también que “se dejen de vulnerar otros puntos que actualmente se hacen”, básicamente el de “no ofertar la asignatura de Religión en muchos centros públicos e ikastolas”.
Ahmed Zanoutti, miembro del grupo Ados y representante de la comunidad musulmana Annour, remarca que las competencias “teóricas” sobre asuntos religiosos recaen en el Estado pero entiende que en la práctica “son de los Gobiernos locales” con temas como las licencias o la gestión de la diversidad de las sociedades. Por ello, entiende que “este proyecto ayuda a dar cobertura a vacíos legales”. “Ahora cada ayuntamiento lo está gestionando con sus propias normativas y en algunas ocasiones no son de todo claras”, afirma. Y concluye Zanoutti: “La diversidad religiosa y cultural es una realidad. Hay que adaptar las leyes para responder a esta nueva realidad y, aunque este proyecto lleva años en trámites, en general está bien.