La sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) asumirá la investigación por la presunta comisión de un delito de prevaricación abierta contra la actual consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno de Imanol Pradales, Amaia Barredo. El juzgado de Instrucción 3 de Vitoria, que mantenía en marcha desde 2023 una causa contra Barredo y contra otro alto cargo del Ejecutivo, Javier Agirre Orcajo, se ha inhibido ya con el visto bueno de la Fiscalía en favor de la instancia superior al tener los consejeros la condición de aforados, según informan fuentes judiciales.
La investigación se inició por una denuncia de Ekologistak Martxan a la Fiscalía de Álava, que vio indicios de que Barredo, cuando era viceconsejera de Medio Ambiente en el Gobierno vasco con Arantxa Tapia, y su colaborador Agirre Orcajo, que continúa en el cargo de director en el Ejecutivo, cometieron un delito de prevaricación al autorizar el proyecto de gestión de residuos Valogreene Paper en Bergara. Esta iniciativa recibió inicialmente el visto bueno del Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana pero luego le fue revocado al entender que había cambiado la naturaleza del proyecto sustancialmente durante su tramitación. Barredo y Agirre Orcajo, en todo caso, mantuvieron la luz verde a Valogreene Paper y la Fiscalía sostiene que lo hicieron de modo irregular.
Hace justo un año que este periódico reveló la existencia de esta causa. Fue justamente cuando Barredo fue nombrada como diputada foral en Álava. Ella no había informado de estas circunstancias ni a su partido, el PNV, ni a quien la eligió, el diputado general, Ramiro González. Siempre ha sostenido que el caso no tiene ningún recorrido penal y entendió que no era relevante. Ahora, desde finales de junio, Barredo es consejera en el Gobierno de Pradales. Este estatus le otorga la condición de aforada, es decir, hace que las causas judiciales tengan que ser asumidas por una sala del Superior.
El juzgado de Vitoria ha acordado ya su inhibición en favor del Superior, según indican fuentes judiciales. Ahora, se deberá designar un nuevo instructor en la sala de lo civil y de lo penal, que sería también el tribunal donde se celebrara el posible juicio. Barredo declaró ante la magistrada de Vitoria que inició el sumario en abril y tiene asignado un abogado de los servicios jurídicos del Gobierno vasco, extremos ambos de los que no se había informado hasta ahora. El delito del que está acusada Barredo es el de prevaricación, que no comporta penas de cárcel pero sí la inhabilitación para el ejercicio del cargo público. Este tipo penal consiste en dictar una resolución irregular a sabiendas de que lo es y ella siempre ha argumentado que actuó en todo momento a instancias de lo que le recomendaban los técnicos de Medio Ambiente.
Los procesos penales de miembros del Gobierno ante el Superior son muy excepcionales. El precedente más sonado es el juicio que se celebró en 2009 contra el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, entre otros procesados como Patxi López o Rodolfo Ares, por mantener reuniones con la ilegalizada izquierda abertzale, representada por Arnalgo Otegi y otros dirigentes. Igualmente, el consejero de Interior de Ibarretxe, Javier Balza, también fue investigado por hechos similares en la sala de lo civil y de lo penal del Superior.
La Comisión de Ética autonómica dio el visto bueno a que Barredo continuara como alto cargo del Gobierno en un primer momento, cuando era viceconsejera. Sostiene que no hay motivos para recomendar su cese hasta que, en su caso, se celebre un juicio con una acusación formal. Se desconoce si ese dictamen es válido ahora en su nuevo cargo. La nueva presidenta de este organismo, la también consejera María Ubarretxena, no aclaró este punto en una rueda de prensa celebrada este martes.
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