UGT denuncia presiones “de gran intensidad” por haber recurrido el contrato millonario de las ambulancias de Osakidetza

La sección sindical de UGT en las ambulancias externalizadas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha explicado este viernes en un comunicado interno a sus afiliados -al que ha tenido acceso este periódico- que está sufriendo fuertes “presiones” después de haber denunciado y logrado que se paralice cautelarmente la entrada en vigor del nuevo contrato de transporte sanitario programado o no urgente, valorado en 135 millones de euros. Además de la principal adjudicataria, la empresa catalana Grup La Pau, las fuentes consultadas añaden que los departamentos de Salud y Trabajo del Gobierno vasco también están pidiendo a la central “con insistencia y a diario” que retiren el recurso.

Tras algunos intentos fallidos, UGT se dirigió el 1 de mayo (festivo) al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Euskadi alegando que Grup La Pau ha recibido de la Inspección de Trabajo una sanción por una infracción “muy grave”, algo que la normativa estatal contempla como una de las causas de prohibición de recibir contratos públicos. Esa multa no es firme aún, pero el OARC ha decretado una paralización cautelar del nuevo contrato de ambulancias. Iba a entrar en vigor este martes y no lo hizo, de modo que tampoco sube el 24% aportado por la Administración pública. Grup La Pau gestiona los servicios de Bizkaia y Álava y Ambulancias Gipuzkoa los de ese territorio, por lo que también se ve afectada.

Un preacuerdo con subidas salariales de hasta el 30% zanjó en abril una huelga indefinida en este sector justo antes de las elecciones del 21 de abril. Sin embargo, Grup La Pau ha dicho ya que sin los nuevos ingresos no mejorará las condiciones laborales. Y ha verbalizado expresamente que quiere que UGT retire el recurso ante su delicada situación financiera. A ello se han sumado Salud, dirigido por el PNV, y Trabajo, una cartera del PSE-EE. Trabajo es precisamente de quien dependen los inspectores que han sancionado a la empresa y el PSE-EE participó de modo activo en las manifestaciones de UGT del 1 de mayo, con Eneko Andueza a la cabeza.

Sostiene UGT que desde que pusieron el recurso “las presiones […] han sido innumerables y de gran intensidad”. El sindicato, con todo, asegura que no cederá. “Vamos por el buen camino. Es el momento de que el Gobierno vasco tome cartas en el asunto e internalice [publifique] un servicio tan esencial como el nuestro, quitando de enmedio a estas empresas que se lucran a costa de pacientes y personas trabajadoras”, han escrito.

Además de la falta “muy grave”, Grup La Pau tiene más infracciones laborales de menor calificación. Esta misma semana, en plena polémica por el nuevo contrato, ha tenido otras dos sanciones de carácter “grave” y se han ampliado de cinco a siete los expedientes del caso “muy grave”, motivado por retrasos en el abono de las nóminas. Además, se ha conocido igualmente que la Agencia Vasca de Protección de Datos ha visto irregular la colocación de cámaras de grabación de vídeo y audio en 360 grados en todos los vehículos. En este caso, tras una denuncia de ESK, actúa contra Osakidetza pero la Administración alega que la decisión de colocar ese sistema de control fue unilateral de Grup La Pau, que opera 500 vehículos en Euskadi entre el servicio urgente y el programado. La compañía alega que sufre una persecución sindical para condicionar las negociaciones salariales. De hecho, denunció incluso sabotajes de 300 unidades durante la huelga.