El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha querido anunciar este viernes en el Parlamento Vasco que las prometidas ayudas a jóvenes para facilitar la emancipación tendrán finalmente una cuantía de 300 euros y que se abonarán durante dos años. Es decir, se apoyará desde la Administración autonómica con 7.200 euros a personas de entre 25 y 29 años. Ahora bien, el programa, denominado Emanzipa, no arrancará hasta 2024, en el “primer semestre”. Además, es ya conocido que este martes el Gobierno vasco aprobará también la nueva prestación de 200 euros para impulsar la natalidad y que se abonará durante 1.000 días o tres años, es decir, también 7.200.
Urkullu había preparado el anuncio con una autopregunta del PNV en la sesión de control al Gobierno de este viernes, que además ha sido la primera del orden del día. El lehendakari ya adelantó en septiembre su deseo de promover las políticas de Juventud hasta el punto de adscribir a Presidencia estas competencias, hasta entonces residenciadas en el área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Ha puesto al frente de ellas a uno de sus más estrechos colaboradores, Jonan Fernández. Ya en diciembre, Fernández adelantó la creación de esta ayuda.
Ahora se han concretado los detalles de una prestación que tendrá la misma cuantía que el resto de ayudas de vivienda autonómicas, Gaztelagun, PCV (el complemento al alquiler de la renta de garantía de ingresos) y PEV (la prestación alternativa a quienes tienen reconocido el derecho a la vivienda pero no asignada una casa de protección oficial). Como principales características, se ha indicado que no podrán pedirla quienes tengan ingresos superiores a 28.000 euros y se requerirá un empadronamiento mínimo de un año continuado antes de la solicitud y al menos tres de los últimos diez años. Se ha de “contar con un contrato de alquiler o de compra de una vivienda libre” que sea el “domicilio habitual”. Podrá estar en vigor o “previsto” para los seis meses siguientes.
El Ejecutivo recalca que Emanzipa será compatible con los 300 euros de Gaztelagun, que también se ha reforzado en los últimos meses desde el área de Vivienda, dirigida por la parte del PSE-EE del Gobierno. No lo será si el peticionario ha resultado adjudicatario de una vivienda de protección, tanto en alquiler como en propiedad. En el caso de la RGI (o del IMV) serán ingresos que computen a la hora de reclamar estas prestaciones. Ha recordado Urkullu que la edad media de emancipación en Euskadi es de 30,2 años, “cinco años más tardía que en Europa”, lo que dificulta proyectos de vida y condiciona la natalidad.
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