Urkullu orilla las reclamaciones soberanistas y se enfunda el traje de gestor económico confiable

Noventa y siete días han pasado desde que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no contestaba preguntas de la oposición en el Parlamento Vasco. Y ochenta y cuatro desde que el pleno de la Cámara no se reúne. Tras el ya habitual parón estival de tres meses, en el que ha dado tiempo a restaurar la escultura en memoria de las víctimas del terrorismo de la entrada, a renovar todos los móviles de sus señorías y a cambiar la contrata de la cafetería, Euskadi ha dado por inaugurado este jueves el nuevo curso con una sesión de política general abierta con un discurso de 82 minutos o 36 folios del lehendakari, quien definitivamente se ha quitado ya la mascarilla y se ha enfundado el traje de gestor económico. Dos traductoras han ofrecido sus palabras en lengua de signos y, salvo que Urkullu haya decidido guardar para las respuestas vespertinas a la oposición nuevos anuncios, se ha quedado con el perfil de gestión y ha orillado cualquier propuesta soberanista como las que recogía el PNV cuando le propuso candidato en 2012 o como las que ha ido desgranando en esta década en Ajuria Enea.

Urkullu, que en marzo ya advirtió de que llegaba una “economía de guerra”, ha enfatizado que la incertidumbre económica se ha hecho “ama y señora” del escenario internacional, con la inflación y los precios de la energía como sus dos grandes expresiones. “Inquietud”, “inseguridad” e “incertidumbre”, sí, pero sin catastrofismos. De hecho, ha querido ofrecer una panoplia de indicadores muy favorables. Euskadi sigue creciendo al 4%, ha superado su máximo de personas afiliadas a la Seguridad Social (987.000 personas) y la tasa de paro en el segundo trimestre ha bajado al 8,5 %, cuando la legislatura pasada acabó en torno al 10%, ha subrayado. “La economía vasca lleva ocho trimestres seguidos subiendo”, ha remarcado. “Mientras la crisis no toque al pleno, todo irá bien”, compartía una fuente cercana hace pocas fechas, en lo que parece el argumentario del Gobierno.

Además, ha ofrecido a la ciudadanía la tranquilidad de que los problemas vienen de fuera y de que las instituciones vascas responderán mejor que otras ante esta crisis: “Euskadi no es un oasis, ni una isla. Ni económica, ni social ni política. Pero Euskadi sí proyecta una trayectoria distinta. Una trayectoria propia [...]. Ante esta situación, Euskadi, nuestro país, nuestras instituciones, son la garantía más cercana para responder a las necesidades y superar los retos. Seguimos trabajando para afrontar el futuro sin dejar a nadie atrás”. Eso sí, se ha visto obligado a admitir que Euskadi no es precisamente un referente en energías renovables. La preservación de la “cohesión social” ha sido una promesa repetida en varios momentos de su alocución, en la que ha combinado pasajes en euskera y en castellano. También ha demandado un “pacto de rentas” para toda España.

La sesión se ha iniciado con dos minutos de retraso y Urkullu ha querido tener un recuerdo para los 7.937 fallecidos con COVID-19 confirmados oficialmente por Osakidetza, sin distinciones, como este miércoles en Vitoria, es decir, sin excluir a aquellos que no han tenido el Sars-Cov-2 como causa principal de su fallecimiento. La pandemia, eso sí, se ha diluido en los mensajes en comparación con lo ocurrido en años anteriores. Ahora bien, Urkullu se ha visto forzado a anunciar un refuerzo del Servicio Vasco de Salud, particularmente de la atención primaria, después de la fuerte polémica previa al verano tras una conferencia de la consejera del ramo, Gotzone Sagardui, que remarcó la falta de médicos y adelantó un “cambio cultural” que implicaría desplazamientos más largos para ir al centro de salud o consultorios solamente atendidos por enfermeros.

El lehendakari ha mencionado un “plan de inversión específico” para la atención primaria, la “consolidación de 358 plazas” y “nuevos servicios, exploraciones y pruebas diagnósticas”. También la necesidad de “estabilizar y ampliar la plantilla de Osakidetza”, lo que se traduce en 320 millones para “más de 27.000 profesionales” en concepto de “carrera profesional”, en “ampliación de la plantilla estructural de Osakidetza en 3.000 nuevas plazas”, varias OPE “de reposición” con al menos 2.200 plazas y una de “estabilización” con unas 3.700.

Según explican en su equipo, Urkullu se ha tomado muy en serio este debate. Como cada día, se ha levantado a las seis de la mañana. Ya a finales de julio tenía un primer borrador del discurso que ha pronunciado casi dos meses después. Ha manejado hasta siete versiones hasta disponer de una versión final cuyo resumen ya envió a la Cámara 72 horas antes, como dicta el reglamento. El lehendakari se ha hecho rodear de todo su gabinete para llegar al legislativo pasadas las 9.00 horas, como antes pidió a todos y cada uno de sus consejeros un reporte de la situación en sus carteras para incorporarla al balance general que ha presentado ante el hemiciclo.

Los consejeros de PNV y PSE-EE han ofrecido, así, una imagen de unidad. La coalición goza de buena salud, era el mensaje que se quería proyectar. “Reconozco también la labor de los dos partidos que sustentan al Gobierno de coalición, Gobierno de EAJ/PNV y PSE-EE. Es un Gobierno con un programa, en el que prima la voluntad de cumplir la palabra dada. Es un Gobierno que trabaja cada día para sacar adelante el proyecto comprometido con la sociedad vasca. Es un Gobierno en contacto permanente con la sociedad, con los agentes económicos , sociales, culturales, educativos o del tercer sector social”, ha explicado luego dentro del hemiciclo.

Una tercera deflactación compromete a los socialistas

Como estaba previsto, Urkullu ha ido más allá y ha apelado a acuerdos más amplios que los propios de la mayoría absoluta del Ejecutivo. Ha citado el ejemplo del pacto educativo, que ha implicado también a las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, aunque esta última coalición está quejosa del desarrollo legislativo de las bases firmadas. “Les aseguro que ésta va a seguir siendo nuestra actitud. Vamos a seguir haciendo todo lo posible para propiciar, alcanzar y ensanchar los acuerdos. [...] La capacidad demostrada de alcanzar acuerdos políticos, institucionales y público privados ha hecho de este país lo que es hoy. Ésta va a seguir siendo nuestra actitud porque es la mejor inversión para afrontar las incertidumbres que tenemos por delante”, ha añadido. Y, sí, ha equiparado los pactos con los grupos de la oposición con lo que define como “colaboración público-privada”. Es algo que el PNV defiende en todos los ámbitos institucionales, como se evidenció con el apoyo a la Universidad privada del Baskonia-Deportivo Alavés, Euneiz, abierta la pasada semana.

Son cinco los “acuerdos de país” que pretende lograr Urkullu. Se sustanciarían en los presupuestos de 2023, en materia sanitaria, el ya conocido de Educación, el necesario para afrontar el reto demográfico y, como novedad, uno nuevo en materia energética. “Son un desafío”, ha emplazado. Y ha confiado en que es mucho más lo que une a los partidos vascos que lo que los separa. 

Urkullu ha tenido especial interés en hacer ver que traía 40 medidas. De hecho, las ha ido enumerando y ha ido recordando a los presentes lo alto del número cada poco. “He presentado siete medidas”, “he presentado 33 medidas”, “hasta aquí las 40 medidas”, ha ido repitiendo para poner el foco sobre ellas. Algunas, sin embargo, no son para nada novedosas. Ha incluido en esa lista, por ejemplo, los accesos soterrados del AVE a Bilbao y Vitoria, una infraestructura que acumula décadas de retraso y que en su definición actual ya fue presentada en un acto conjunto con el Gobierno de España hace meses. Como retos, ha mencionado también el invierno demográfico, con un claro envejecimiento de la población y que Presidencia asumirá la competencia directa sobre Juventud, una dirección no exenta de polémica en el pasado porque su titular con Juan José Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, fue condenado por corrupción en el marco del 'caso De Miguel'. El objetivo es reducir a 28 años la edad de emancipación. En el plano lingüístico, muchos de sus planes siguen llevando nombres en inglés y se ha acuñado el concepto de “Ciberzaintza”, la Ertzaintza de la ciberseguridad.

Entre los planes no conocidos como tales está Hitzartuz. Son 400 millones en ocho líneas, según ha desgranado Urkullu. Incluye una subida de las ayudas de emergencia en un 10% por el efecto de la inflación, promover la reducción del coste de suministros en comunidades con calefacción central, flexibilizar los niveles de renta para acceder a viviendas protegidas o promover ayudas al sector de la alimentación para que los precios no se disparen. Pero también hay cuestiones que no son de su competencia, como una nueva deflactación del IRPF, que sería la tercera para paliar la inflación en la liquidación con Hacienda. De momento está ya en el 5,5%. Es un elemento que tensiona a los socialistas, que no la apoyan ni en territorio común ni en Navarra, ya que entienden que no es una medida progresiva que beneficie más a las rentas más bajas, la “clase media trabajadora” de la que suele hablar Sánchez.

Duras críticas a Sánchez por minar la autonomía vasca

Es ya casi un clásico que Urkullu hable de autogobierno en este foro. En este mismo pleno años atrás ha acuñado conceptos como la “nación foral” o el “Estado confederal” y el pasado año se descolgó con un discurso que no ha repetido nunca más, el de “retornar a la soberanía anterior a 1839” que supuestamente tenía una Euskadi que entonces era conocida como “provincias vascongandas”. También tuvo que confrontar incluso con el portavoz de su propio partido, el PNV, Joseba Egibar, que defendió acuerdos de acento soberanista con EH Bildu mientras él es firme defensor de que una hipotética reforma del Estatuto de Gernika no excluya a los no nacionalistas. Es una evidencia que Urkullu se siente más cómodo en la defensa de lo que él denomina el “autogobierno reconocido”, esto es, en la denuncia de que el Gobierno de España continúa con transferencias estatutarias pendientes desde 1979.

Asi, ha comparecido con firmeza en la defensa del Estatuto incompleto y contra el Gobierno de Pedro Sánchez pero sin novedad alguna sobre una posible superación del marco actual más allá de plantear que “es necesario profundizar, actualizar y expandir el autogobierno” y que “la participación de Euskadi en la Unión Europea constituye una de las principales insuficiencias del Estatuto de Gernika”. Ha mencionado que el vasco es el único Estatuto no reformado, si bien tampoco lo ha sido el de Galicia, por ejemplo.

En castellano, le ha afeado al Estado que el Estatuto, que es una “ley orgánica” de las Cortes Generales, “sigue pendiente de ser cumplido en su totalidad”. Ha admitido que con Sánchez en La Moncloa se han llegado a algunos acuerdos -los ha enumerado: autopistas, algunas líneas de ferrocarril, seguro escolar, el ISBN de los libros y, sobre todo, el IMV y Prisiones- pero los ha presentado como largas batallas que el Gobierno central no quería perder. “Hemos tenido que insistir para alcanzar acuerdos”, ha afirmado. Además, ha alertado de que queda mucho recorrido pendiente, aunque sus socios socialistas lleven semanas minimizando estas peticiones.

“Hoy he de mostrar al Parlamento Vasco mi preocupación”, ha solemnizado con gravedad. Y ha seguido: “Reclamamos el cumplimiento íntegro del Estatuto para poder ejercer y acceder, entre otros, a derechos y servicios que nos corresponden”. Ha mencionado el traspaso de Cercanías -que parece encauzado para este otoño-, los casos de puertos y aeropuertos -no exentos de discrepancias por su alcance- o incluso la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, aunque en este supuesto el Estado solamente accede a elaborar un análisis y no a su cesión. Como “queda mucho por hacer”, Urkullu ha emplazado a Sánchez a que le muestre una “prueba de confianza” de tres “impulsos políticos”, cerrar “de forma inmediata” las Cercanías, negociar ya Meteorología, el fondo de cinematografía, la ordenación del litoral, migración y Salvamento Marítimo, y crear una “comisión permanente” bilateral para ir trabajando en el resto de materias pendientes.

Urkullu también ha desempolvado el informe 'La erosión silenciosa' para criticar que el Gobierno central también reduce las capacidades autonómicas por otra vía. “Se promueven leyes de bases y recursos de inconstitucionalidad, reales decretos omnicomprensivos, decisiones informadas en conferencias sectoriales interpretando el Estado no en base a la realidad plurinacional. En la práctica, el diseño de nuestras políticas en Educación, Sanidad, Vivienda, asistencia social, fomento de la natalidad, función pública, Industria, comercio interno, relaciones internacionales de carácter comercial o tecnológico, captación de talento, inversiones o repatriación de la diáspora están permanentemente pendientes de poder ser invadidas por una ley o por un reglamento del Estado”, ha señalado en la parte más crítica de su alocución.

Ya para finalizar, ha querido defender la política frente a la desafección. “Vivimos tiempos de crisis y de incertidumbre, tiempos para mostrar el mejor y más noble sentido de la política. Necesitamos que su ejercicio real proyecte todo su valor y utilidad para enfrentar los graves problemas y amenazas que afectan a toda la sociedad”, ha solemnizado. Sin embargo, no ha parecido convencer a la oposición, al menos a EH Bildu. “No necesitábamos a un notario. Es el discurso de todos los años en un momento excepcional”, ha declarado en Euskadi Irratia Mikel Otero, uno de sus portavoces, a los pocos minutos de terminada la intervención.

El pleno, ya sin ninguna restricción por la COVID-19, ha concitado un gran número de invitados, desde cargos intermedios del Ejecutivo que han acudido a escuchar al lehendakari -como la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa- hasta dirigentes políticos como Arnaldo Otegi o Andoni Ortuzar y otros líderes institucionales, desde el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, hasta el muy buscado diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, que no se presentará a la reelección y cuya sustituya ya se conoce, Elixabete Etxanobe.