Urkullu pacta con la oposición el 76% de las leyes, aunque solamente ha admitido una de sus iniciativas

En los casi tres años de legislatura, el Parlamento Vasco ha promulgado 25 leyes de 41 iniciativas totales que han completado ya su recorrido. De ellas, 17 eran proyectos de ley del Gobierno de Iñigo Urkullu, a los que se suman tres presupuestos, los de 2021, 2022 y 2023. Las otras cinco son proposiciones de ley de los partidos con representación en la Cámara, cuatro de PNV y PSE-EE -los grupos que conforman el Ejecutivo- y solamente una de la oposición. En 19 de los 25 casos, el 76%, el Ejecutivo de coalición, a pesar de su mayoría absoluta, ha alcanzado acuerdos con uno o varios grupos de la oposición. De hecho, en tres casos se ha producido un escenario de unanimidad que ha incluido desde EH Bildu hasta Vox.

El análisis de datos, basados en información facilitada por el grupo parlamentario del PNV y por el propio legislativo, indica que solamente en seis ocasiones el Gobierno no ha logrado su objetivo manifiesto de ensanchar su mayoría con más apoyos y esquivar cualquier imagen de rodillo. En dos ocasiones ha sido con motivo de los presupuestos, los primeros del mandato, los de 2021, y los actuales, los de 2023. En 2022 sí hubo un pacto con EH Bildu, que se abstuvo a cambio de unos 250 millones y compromisos como más control para los precios del alquiler. Las otras cuatro iniciativas sin pactos fueron la ley de Administración Ambiental, la de Cuerpos y Escalas, la de Aportaciones -que regula la financiación interna en la comunidad autónoma-, y la de Transporte por Cable.

“Lo que hay es una voluntad férrea del Gobierno vasco y del PNV de trabajar las políticas públicas desde el máximo acuerdo”, afirmó en 'Deia' el coordinador 'jeltzale' en el Parlamento, Iñigo Iturrate, que confió en que la tónica se mantenga en los debates clave que esperan en Euskadi como la reforma educativa o la ley de Salud Pública. Sin embargo, como ha denunciado en algunas ocasiones la oposición, los datos confirman que solamente se pacta con textos propuestos por el Gobierno. Los otros grupos han presentado 16 proposiciones de ley que ya han quedado resueltas y únicamente ha prosperado una. Fue un articulado de la coalición PP+Cs para ajustar el funcionamiento y elección de los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y se aprobó con los votos de este grupo y del Ejecutivo. EH Bildu también quiso abordar este tema pero el resultado no le convenció y no formó parte del acuerdo final. Las otras 15 leyes, por el contrario, han decaído. Y en todos los casos lo han hecho de entrada, sin ni siquiera ser admitidas a trámite. Así, PNV y PSE-EE han vetado debates sobre la reforma del envío de propaganda electoral, salud mental o juego (promovidos por Elkarrekin Podemos-IU) o sobre alquiler social, puertas giratorias o corrupción (a instancias de EH Bildu).

Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han usado esta fórmula para aprobar cuatro leyes con una tramitación más liviana, incluida la reforma de la normativa de cooperativos, la cuestionada ley antipandemia cuya aplicación práctica real ha sido mínima o las iniciativas sobre animales de compañía y profesiones del deporte. La mayoría parlamentaria tampoco admitió a trámite la única iniciativa legislativa popular (ILP), en este caso sobre la creación de una renta básica universal.

Los datos muestran también que, hasta la fecha, el socio más frecuente de PNV y PSE-EE ha sido Elkarrekin Podemos-IU. En doce de las 25 leyes aprobadas ha habido un voto positivo de la coalición de izquierdas, el 48%. Ello incluye la reforma de la RGI o la ley antipandemia, por ejemplo. Después, el Ejecutivo de Urkullu ha contado con EH Bildu y PP+Cs en diez ocasiones, el 40%. El gran acuerdo con la formación abertzale fueron las cuentas de 2022 y los de Carlos Iturgaiz han obtenido contrapartidas para sumarse a proyectos de corte más sectorial. En cuanto a Vox, ha votado con un Gobierno que ataca por tierra, mar y aire en seis ocasiones, el 24% del total. Han sido tres los casos en que todo el arco parlamentario ha votado de la mano: la ley de Disposiciones de Carácter General, la normativa de Patrimonio Documental y, finalmente, el texto contra el dopaje deportivo.