Una veintena de familias vascas han obtenido el certificado de reconocimiento de su derecho a la exhumación de los restos de sus parientes enterrados en el Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), según ha informado este viernes en el Parlamento Vasco la consejera Beatriz Artolazabal. Según ha añadido en Radio Euskadi el forense Paco Etxeberria, ahora asesor del Gobierno de España, el Ejecutivo central y el autonómico están colaborando en la asistencia a las familias.
Son 54 las familias españolas que han obtenido este reconocimiento, de las que 23 son vascas. El Instituto Vasco de la Memoria (Gogora) las está asesorando y acompañando. Recogerá muestras de ADN de los familiares más cercanos y apropiados para las comprobaciones genéticas con los restos, según ha explicado la consejera, informa Europa Press.
Artolazabal ha recordado que todavía sigue habiendo miles de familias que no han podido recuperar a su allegado desaparecido en la Guerra Civil (1936-1939). En el Valle de los Caídos hay en total más de 33.000 restos humanos, de los que las estimaciones apuntan a que más de 1.300 corresponden a ciudadanos vascos, que fueron trasladados al Valle de los Caídos desde Euskadi y desde otros puntos de España. Además, unos 300 de estos restos de ciudadanos vascos fueron trasladados al Valle de los Caídos sin identificar. “En la mayoría de los casos, el régimen de Franco no contó con el consentimiento de sus familias”, ha denunciado Artolazabal.
La consejera ha explicado que la Secretaría de Estado de Memoria Histórica está preparando “la inminente entrada” de equipos forenses en las criptas. Tras hacerlo, equipos técnicos estudiarán la viabilidad de la inhumación de cada uno de los 54 restos humanos solicitados. Artolazabal ha explicado que se trata de un proceso complejo, y que es posible que en algunos casos resulte “inviable”, debido al mal estado de las criptas y las cajas, o a la imposibilidad de realizar la identificación. Etxeberria ha enfatizado que no hay que generar falsas expectativas. “El anhelo de las familias es un deber institucional, y así lo asume Gobierno en su integridad”, ha manifestado Artolazabal.
elDiario.es/Euskadi
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