El vertedero de Zaldibar, ubicado en una ladera de una montaña muy próxima a la muga entre Bizkaia y Gipuzkoa, junto a Eibar, presenta ahora, tres años y cuatro meses después de haberse desplomado y matado a dos trabajadores (Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán), “riesgos ambientales severos tanto por peligrosidad como por vulnerabilidad”. El terreno se está volviendo a deslizar y lo hace a una velocidad 'alta' en relación a lo habitual. “Las situaciones de riesgo se producen sobre el propio residuo -asentamiento, inestabilidad, incendios y generación de nuevos lixiviados- y sobre el medio atmosférico -olores y emisión de gases nocivos-. El vertedero requiere de actuaciones para garantizar de forma urgente la seguridad de la instalación, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa en vigor”, se puede leer en un reciente informe de la empresa Geología y Geotecnia Larrea.
El documento, publicado por los diarios 'Berria' y 'Gara' y también por EH Bildu en rueda de prensa, surge como análisis técnico ante la posibilidad de que se pudiera construir un polígono industrial en la zona una vez acometida la estabilización de urgencia y el sellado del vaso con los residuos que acumulaba la planta de Zaldibar. ¿Por qué se ha valorado la posibilidad de reurbanizar esa zona? Explican fuentes del Gobierno vasco que la empresa gestora del antiguo vertedero, que se llamaba Verter Recycling y que se ha declarado en quiebra, se resiste a abonar los alrededor de 28,7 millones de euros que adeuda a la Administración por las operaciones de emergencia que se tuvieron que realizar tras el alud. Como alternativa, ha solicitado condonar la deuda a cambio de ceder los terrenos de su propiedad en la ladera de la montaña.
Es por ello por lo que el Ejecutivo ha encargado estudios para analizar posibles aprovechamientos. Descartada una posible promoción de viviendas u otros servicios, se estudió un posible polígono industrial. En todo caso, estas fuentes recalcan que la prioridad del área de Medio Ambiente del Gobierno es única y exclusivamente recuperar la millonaria cantidad adelantada. La propia agencia autonómica de promoción industrial Spri ha emitido otro dictamen en el que descarta la posibilidad de construir en Zaldibar precisamente por sus riesgos o por lo elevado de una actuación complementaria que tendría correr a cargo de sus presupuestos.
“La compleja situación geológica del terreno lleva aparejados problemas de estabilidad de los suelos, por lo que la ocupación del vertedero por estos nuevos usos contemplados no resulta compatible con la seguridad y la salud humana”, concluye la Spri, que recuerda que todas las actuaciones hasta ahora son de “carácter provisional” y que serían precisas grandes inversiones para reurbanizar un entorno inestable. También se entiende que “un nuevo polígono conllevaría un fuerte impacto paisajístico sobre un entorno claramente rural y de valor ambiental”. Asimismo, además del propio polígono habría que construir accesos a la montaña -de “fuertes pendientes”- y otras infraestructuras.
Técnicamente, se estima que el valor de estabilidad de un terreno es de riesgo cuando baja de 1. Si eso ocurre, “se podría producir el derrumbe de la masa de residuo estudiada. Cuando finalizaron las tareas provisionales de estabilización se logró un 1,6 y ahora ha bajado en poco tiempo a 1,15, indican los datos oficiales del Gobierno.
Entretanto, la caída del vertedero de Zaldibar continúa su recorrido en los tribunales. Ya se cerró la primera causa penal, en la que José Ignacio Barinaga y el resto de personas detrás de Verter Recycling admitieron ser responsables de un homicidio imprudente. Evitaron la entrada en prisión merced a un acuerdo económico para indemnizar a las familias de las víctimas. Ahora está abierta en un juzgado de Durango la pieza que analiza los delitos ambientales asociados a las negligencias de mantenimiento de las instalaciones. Hay trece personas investigadas, incluidos técnicos de Medio Ambiente, y el proceso está acumulando importantes retrasos. Los últimos informes de riesgo han sido comunicados ya tanto a la Fiscalía como a la instructora. Este viernes, en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, la consejera Arantxa Tapia tendrá que responde a una pregunta de EH Bildu sobre la situación de Zaldibar.
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