La compañía Verter Recycling 2002 S.L., empresa propietaria del vertedero de Zaldibar en el que murieron sepultados los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán como consecuencia del corrimiento de tierras ocurrido el 6 de febrero de 2020, ha iniciado los trámites legales para su disolución. La empresa ha acordado en junta general, por decisión unánime de sus socios, la disolución y apertura del periodo de liquidación, nombrándose liquidadores según lo previsto en la ley y los estatutos de la sociedad, ha indicado en un comunicado.
Este acuerdo, según ha apuntado la compañía y recoge Europa Press, consta, debidamente inscrito, en el Registro Mercantil y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. La decisión, ha subrayado la empresa, ha sido adoptada “de conformidad con la legislación mercantil y en estricto cumplimiento de sus plazos” y, por lo tanto, la fase de liquidación “se encamina, como ordena dicha legislación, a concluir todas las operaciones pendientes y a realizar las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad”.
Ello supondrá “el cobro de los créditos sociales y el pago de las deudas sociales de conformidad con los criterios y exigencias legales”, según la compañía. Asimismo, la empresa ha asegurado que durante el proceso de liquidación la sociedad “cumplirá sus obligaciones, observará los deberes legales de información y publicidad y, en general, todos los que establece la ley, en cuanto a la realización de activos y el pago a sus acreedores”.
Esta decisión se ha adoptado después de que el dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Elosegui, acusados de dos homicidios por imprudencia grave y un delito contra la seguridad de los trabajadores, pactaran el pasado mes de septiembre con la fiscalía y las familias de los fallecidos una condena de seis meses de prisión por el homicidio imprudente de los dos operarios, con lo que evitarán la cárcel, además de indemnizar a las familias de las víctimas.
Por otro lado, los responsables de Verter Recycling tienen abierto un segundo proceso judicial por el derrumbe del vertedero en febrero del 2020, por presuntos delitos medioambientales. Además, tiene pendiente el abono de las facturas de los trabajos de estabilización y contención de la contaminación realizados por el Gobierno vasco tras el derrumbe del vertedero, cuantificados en 28 millones. A esta cantidad se suman los más de 3 millones de euros que la Diputación Foral de Bizkaia asumió para liberar de escombros y acondicionar la AP-8.
El Gobierno vasco dio por concluidos el pasado 31 de agosto los trabajos de estabilización y adecuación del vertedero de Zaldibar, 18 meses después del derrumbe. Tras concluir con las labores de búsqueda el pasado 14 de mayo, después de localizar únicamente los restos de Alberto Sololuce, se continuó con las labores de estabilización del vertedero, que quedará sellado definitivamente, de forma que, en el futuro, no será autorizable ninguna recepción de residuos.
elDiario.es/Euskadi
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