El Ayuntamiento de Vitoria tampoco ha dado pasos para realizar el censo de las instalaciones con amianto ni el calendario para retirarlo, pese a que están obligados por Ley. “A día de hoy no existe un censo del amianto”, ha dicho el concejal de Gestión Ambiental de Vitoria, Pascual Borja (PSE-EE). “Estamos fuera de plazo”, ha reconocido, ya que la la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular imponía el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma para elaborar el listado de instalaciones afectadas con esta sustancia, altamente contaminante y su remisión a las administraciones junto con un calendario de retirada. Es decir, el plazo finalizaba en abril de este año, aunque desde el Gobierno vasco han alargado el plazo hasta final de año, para lo que apenas queda un mes y medio.
En respuesta a una pregunta de Elkarrekin (la coalición de Podemos, IU y Equo) , Pascual Borja ha justificado el retraso en que “existe una gran incertidumbre sobre la elaboración de estos censos” y se ha referido a que sólo lo tienen elaborado hasta ahora dos ayuntamientos en todo Euskadi, según ha señalado el propio Gobierno vasco. “Ninguna de las tres capitales lo tiene elaborado por la complejidad de llevarlo cabo”, ha dicho. De hecho, el Ayuntamiento de Bilbao, que también reconoció hace unas semanas que carece de censo y calendario se escudó en estas dificultades de elaboración para justificar su retraso.
Borja ha recordado que se trata de un elemento que es “difícil de detectar en los edificios” ya que únicamente se hace evidente cuando se está haciendo algún tipo de obra. Así pasó en la manzana de edificios del Estado de la calle de Olaguíbel. “El Gobierno vasco es consciente de estas dificultades”, ha señalado, por lo que se ha convocado para este 24 de noviembre una jornada explicativa de Ihobe sobre cómo elaborar ese censo. Una reunión a la que también se refirieron desde el Ayuntamiento de Bilbao como el punto de partida para iniciar los trabajos del inventario.
El concejal de Gestión Ambiental de Vitoria ha señalado que en lo único que se está avanzando es en la elaboración de un pliego de condiciones para la contratación de la realización de dicho inventario “que se va a adaptar a las directrices que se acuerden con Ihobe, a fin de sacar este pliego de condiciones este año”. El hecho de que no haya censo supone que tampoco hay calendario. “No está elaborado porque está asociado al censo”, ha insistido. “El censo nos marcará la realidad que tenemos. Sería ingenuo aventurar el calendario para la retirada si no sabemos de cuánto estamos hablando”, ha indicado, por lo que no ha querido dar ninguna fecha concreta, si bien ha señalado que estará en 2024. No obstante, ha querido puntualizar que “el hecho de no tenerlo ahora no proporciona más o menos riesgo”. “El amianto es peligroso cuando se manipula y en tanto en cuanto no se manipule no presenta riesgos para la salud. Hay que aportar esa tranquilidad a la población”, ha remarcado.
La falta de censo de las instalaciones afectadas por esta peligrosa sustancia, altamente tóxica, tiene especial relevancia en Vitoria porque el Ayuntamiento está en medio de una disputa con el Gobierno vasco para ver si el amianto de la capital y de todo el territorio alavés se almacena en el vertedero de Vitoria, Gardelegi, que actualmente sólo recoge residuos “no peligrosos”, pero que el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que dirige la consejera Arantxa Tapia, quiere modificar dentro de la nueva restructuración de reparto de los residuos. Es una intención que se ha encontrado con la oposición total por parte del equipo de Gobierno del consistorio, cuando estaba al frente Urtaran (PNV) y también ahora con Maider Etxebarria como alcaldesa (PSE-EE).
Precisamente a esta disputa se ha referido el concejal de Elkarrekin, Oskar Fernández que ha criticado la “pésima gestión de los residuos” que desarrolla el Gobierno vasco. “Tapia se limita a meter presión por traer el amianto al vertedero de Gasteiz -que no está autorizado para acoger residuos peligrosos- cuando está pendiente de resolver el inventario. Esa información es vital para priorizar la peligrosidad, para establecer los criterios de actuación. No se puede ir a ciegas como pretende la consejera Tapia”, ha señalado Fernández. Por otra parte, ha criticado por “insuficientes” los pasos dados por el Ayuntamiento de Vitoria para contar con el censo. “No es que se estén incumpliendo los plazos marcados por la Ley de Residuos, es que se está incumpliendo también la prórroga establecida”, ha dicho.
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