Vitoria echa cuentas de la contrata de limpieza con FCC y GMSM: ha querido colar 3 millones en servicios no prestados y se lleva 0,3 en intereses de demora

La contrata de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria es, de lejos, la más costosa de la ciudad y también la más polémica. Desde la oposición, EH Bildu ha denunciado este jueves que la empresa adjudicataria de momento del servicio, la UTE conformada por FCC con la filial de Viuda de Sainz GMSM, es una “máquina de litigar” y recurre casi cada factura mensual que gira, lo que le ha supuesto ingresar 300.000 euros adicionales en concepto de “intereses de demora”. El equipo de Gobierno, una coalición de PNV y PSE-EE, responde que esos pleitos vienen precisamente porque ahora se revisan todas las facturas para que FCC-GMSM no cuele servicios que no ha prestado efectivamente y que ascenderían desde 2015 a “más de tres millones de euros”. “Preferimos pagar 300.000 y ahorrarnos esa cantidad”, replican fuentes del gabinete de Gorka Urtaran.

EH Bildu ha explicado que FCC-GMSM presenta “cada mes” un recurso al pago que autoriza el Ayuntamiento con reclamación de intereses de demora. “Desde 2016 todas las facturas están recurridas y a día de hoy son ya casi 300.000 euros los intereses de demora que ha pagado el Ayuntamiento. Además, sabemos que no serán los únicos intereses de demora que pagaremos porque todavía quedan sentencias por salir. En 2020 se pagaron 201.041,97 euros en concepto de intereses de demora de 20 facturas y en el año 2021 han sido 63.292,78 por 11 facturas”, ha señalado la edil Amancay Villalba. “FCC-GMSM está ganando dinero a costa de este Ayuntamiento”, ha resaltado la coalición abertzale, que incide también en que el origen de todo es que hay una empresa que no presta todos los servicios que tiene comprometidos. “Este no es el modelo de gestión que esta ciudad merece”, abundan para volver a reclamar la publificación del servicio y a denunciar la “conflictividad” de la estancia de FCC en las calles vitorianas.

El equipo de Urtaran pone los números en cuarentena. Por un lado, incide en que el canon anual que recibe la adjudicataria de la limpieza ronda los 25 millones de euros. Desde 2015 se habían facturado unos 150 millones, con lo que los intereses de demora suponen el 0,2%, subrayan. Indican, por otro lado, que FCC-GMSM no gana en los tribunales todos los recursos y no siempre toca pagar por ese concepto. Y añaden que las revisiones del trabajo realmente realizado por los operarios y vehículos de la compañía de limpieza han generado en ese mismo período de seis años y medio un ahorro de “más de tres millones de euros”, dos tercios estrictamente vinculados facturados pero no ejecutados.

Este debate llega con FCC-GMSM sin terminar de marcharse del Ayuntamiento. Fue en 2018 cuando se inició el proceso para rescindir la contrata con esta UTE. Eso se anunció en septiembre. Unas semanas antes, en agosto, se propuso precisamente una sanción por el intento de cobrar por trabajos no realizados. Un ejemplo: se detectó que constaba en los partes que los mismos vehículos aparecían al mismo tiempo en diferentes servicios. No es algo excepcional, ya que FCC cobró en Badalona 12 millones de euros por servicios inexistentes entre 2010 y 2015. De hecho, el motivo de la rescisión de un contrato firmado poco antes, en 2015, y vigente hasta 2023 era porque la empresa no veía rentable el canon que recibía y reclamaba que el Ayuntamiento le pagara 1,7 millones más al año. Antes, desde 2006 hasta 2015, FCC había limpiado Vitoria en solitario también en medio de la bruma por el origen de aquella adjudicación y por los problemas de mantenimiento de la flota en el tramo final.

Ahora, a pesar de los retrasos, ya se ha finalizado el nuevo concurso y se ha propuesto como prestataria del servicio a la UTE de Cespa (histórica adjudicataria hasta 2006) con la local Onaindia. Pero está bloqueado por un recursos de FCC, que ahora ha cambiado de socio y mantiene un acuerdo con Valoriza y Balgorza. Según publicó 'Diario de Noticias de Álava', FCC acusa al Ayuntamiento de admitir como ganadora una propuesta que “duplica” algunos conceptos en su propuesta económica y cree que el órgano de contratación actuó de manera “deliberada” al darle el visto bueno. Cespa es una filial de Ferrovial. Como FCC, fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por la participación en el reparto de contratas públicas, un caso que se conoció como el 'cártel de las basuras'.