Vitoria mantendrá sus contratos con una de las empresas que pagaba comisiones a la trama de De Miguel

Durante la investigación había que esperar al juicio, en el juicio a la sentencia, con la sentencia de primera instancia a los recursos ante el Tribunal Supremo y ahora, una vez agotada la vía jurisdiccional ordinaria, no se puede actuar. Así las cosas, Vitoria seguirá teniendo que pagar los trabajos pendientes que tiene contratados con una de las empresas del 'caso De Miguel', Stoa, aunque ya ha cambiado su nombre y su administrador ante la publicidad negativa que supone su participación en una trama de corrupción.

Según se ha confirmado este jueves, el Ayuntamiento Vitoria no rescindirá los cuatro contratos que mantiene su sociedad municipal de Aguas, Amvisa, con la empresa de Sergio Fernández Oleaga, que abonó comisiones ilegales a la trama del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, a quien consideraba un “padrino”. Lo hacía, precisamente, para lograr contratos públicos. Un informe jurídico encargado de antemano y presentado al consejo de administración de la sociedad pública estima que dos de las cuatro adjudicaciones están ya terminadas y que las otras dos no se pueden suspender en plena ejecución. Suman 250.629,51 euros. Tres de los expedientes son posteriores a la sentencia de primera instancia que ya dio por acreditada la participación de esta mercantil en la trama delictiva.

En el marco del 'caso De Miguel', Fernández Oleaga ha sido condenado por el Tribunal Supremo a una pena de un año y seis meses de prisión, entre otras sanciones económicas. Como el resto de corruptores que pagaron para obtener beneficios ilícitos, la pena es mínima y les permitirá eludir la entrada efectiva en la cárcel, algo que no ocurre con los políticos que recibieron esas mordidas. La empresa como tal no quedará disuelta por estos delitos, algo que sí sucederá, por ejemplo, con la mercantil Errexal, otra de las que figuraban en el sumario. En el caso de Stoa, no obstante, sí ha perdido el contrato que mantenía con el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, ya que estaba directamente analizado en los tribunales. En aquel caso ni siquiera se esperó a una sentencia firme y se actuó directamente, si bien habían pasado tantos años que la facturación por aquellos trabajos ya había sido casi completa para entonces.

El informe, elaborado por el letrado de Pamplona Javier Vázquez y adelantado por la Cadena Ser, reseña: “Los contratos actualmente suscritos con la sociedad y la persona física que lo representa condenadas deben entenderse válidos y no pueden ser extinguidos a pesar de la sentencia condenatoria firme. Ello porque las prohibiciones de contratar sólo afectan a la fase de presentación de la oferta y adjudicación y firma del contrato. Una vez suscrito y formalizado el contrato, no tienen efectos esta condena. Por otra parte, no existe ninguna causa específica de resolución en los pliegos de condiciones relacionada con un posible extinción anticipada en caso de condenas por estos hechos. Ello determina también por esa vía, la imposibilidad de extinción de los contratos en curso. Asimismo, debe tenerse en cuenta que estamos ante una sociedad pública (Amvisa) que se rige íntegramente por el derecho privado, salvo algunas cuestiones excepcionales, entre las que no se encuentran ninguna relacionada con el asunto que nos ocupa”. El documento incorpora también una recomendación de incorporar cautelas en futuros pliegos para evitar en el futuro situaciones como la de Stoa, algo que será estudiado, según ha trasladado la edil de PSE-EE responsable de Amvisa, Marian Gutiérrez.

Eso sí, el dictamen parte en todo momento de la premisa errónea de que pesa sobre el 'caso De Miguel' una sentencia firme tras el fallo conocido en enero de 2023 que validó en buena medida el de la Audiencia Provincial de Álava de 2019. Uno de los condenados, Iñaki San Juan, ha presentado un incidente de aclaración y el alto tribunal tiene que volver a pronunciarse, por lo que ninguna de las penas previstas es firme. Eso sí, nada cambiará en relación a Stoa y a Fernández Oleaga, como tampoco en relación a De Miguel, con una pena de más de doce años de cárcel (nueve de cumplimiento efectivo).

Se de la circunstancia de que, tras la primera sentencia condenatoria, Stoa cambió su nombre para seguir operando. Ahora es conocida como HNK, Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente. Es la misma técnica de Errexal, ahora Perexila Proyects y que continúa operativa tras haber actuado en el pasado como tapadera para el cobro de comisiones ilegales. Asimismo, hace apenas unas semanas y justo después de la segunda sentencia, la del Supremo, Fernández Oleaga cedió la administración de Stoa a María Izaskun Landa Ircio, según ha conocido el Ayuntamiento. Stoa también dejó en el pasado su sede, ubicada en la misma oficina que los estudios del exdirigente del PNV local Jon Buesa. De hecho, en Miñano llegó a celebrarse un 'concurso' en el que 'compitieron' por un mismo contrato dos empresas de Buesa y la propia Stoa.

Entretanto, desde EH Bildu, han lamentado el desenlace en torno a la cuestión de Stoa en Vitoria. “El informe muestra la situación de inferioridad jurídica en la que se encuentran las Administraciones públicas a la hora de poder tomar medidas ejemplarizantes contra la corrupción. Que una empresa haya sido condenada en firme por pagar una mordida a una red de altos cargos del PNV a cambio de un contrato y pueda seguir manteniendo sus contratos con otras administraciones es perverso”, sostienen. La coalición plantea también poner en manos de la Junta de Contratación del Estado la sentencia para que la empresa “y sus sucesoras” tengan “prohibición de contratar” y secundan que en futuros pliegos se contemplen cautelas para romper con empresas o empresarios condenados “por delitos de corrupción”.