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Vivienda admite un “inusual volumen de solicitudes” de las mejoradas ayudas al alquiler juvenil en Euskadi

Viviendas protegidas en Vitoria

Iker Rioja Andueza

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El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha admitido en el Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta de la portavoz en materia de Juventud de EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz, que “durante el 2022 se ha recibido un inusual volumen de solicitudes, ampliamente superior a los años anteriores”, para acceder a las ayudas al alquiler para jóvenes del programa conocido como Gaztelagun. La coalición denunciaba con esta iniciativa los “retrasos” en el “proceso de adjudicación” de las prestaciones y el Ejecutivo indica que “se están dedicando todos los recursos posibles a acelerar al máximo la resolución” de los expedientes.

Gaztelagun se inició en 2019, en Año Nuevo, y desbordó las previsiones del área de Vivienda del Gobierno. En plena Nochevieja ya hubo solicitudes y del orden de 3.500 interesados. Arriola entiende que el “ciclo inicial” de Gaztelagun (2019-2021) ha tenido un “exitoso resultado”. Pero el modelo fue reformado en primavera de este año para ampliar la “línea subvencional” de modo que “ayude de una manera efectiva a la emancipación de las personas jóvenes”. La edad media, ahora mismo, supera los 30 años y el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha prometido bajarla hasta los 28 años, para lo que ha asumido en primera persona las políticas de Juventud bajo el paraguas de la secretaría que dirige su hombre para todo Jonan Fernández.

¿Qué cambios se introdujeron? Por un lado, se elevaron los máximos de rentas para poder acceder a las ayudas, que se han fijado en 24.500 euros anuales para un solicitante individual y hasta 32.000 euros para unidades de convivencia más amplias. Asimismo, las ayudas no se pagan solamente durante tres años sino de manera indefinida hasta cumplir los 36 años. La cuantía es de hasta 275 euros mensuales -aquí es la misma que otras prestaciones similares, como el complemento de la RGI o la prestación sustitutiva de quienes tienen derecho a la vivienda pero no una casa disponible- y puede cubrir hasta el 60% de la renta. Son condiciones no tener pisos de más de 800 euros mensuales y llevar al menos seis meses residiendo en la comunidad autónoma. La Cadena Ser, en septiembre, indicó que los ajustes han hecho que de 2.925 solicitudes en 2021 -y ya eran un 48% más que el año 2020- se saltó a 2.984 antes del verano. Se puede leer aquí los requisitos para pedir esta prestación.

“Las personas solicitantes han estado informadas de los pasos que se han ido dando y se han contestado todas las dudas y consultas planteadas por diferentes medios, tanto a los solicitantes antiguos que ya se encuentran en nuestro circuito como a los nuevos jóvenes que solicitan acogerse a la prestación por primera vez para lo cual ha habido diferentes campañas informativas a lo largo de los últimos meses. En estos momentos, los expedientes se encuentran en alguna de las fases del proceso de tramitación, y se están dedicando todos los recursos posibles a acelerar al máximo la resolución de los mismos”, se limita a señalar Arriola ante las preguntas de EH Bildu.

La de Vivienda, en todo caso, no es la única ventanilla de la Administración autonómica con avalancha de peticiones. El Ente Vasco de la Energía (EVE) ha tenido que subcontratar a 40 personas para poder dar salida a más de 10.000 peticiones de ayudas de planes para renovar vehículos o para fomentar el autoconsumo. Asimismo, los servicios jurídicos han tenido que ser reforzados por la lluvia de recursos de la hostelería, más de 200 en septiembre, que pide indemnizaciones como consecuencia de las restricciones que se han ido viviendo en las diferentes fases de la pandemia.

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