Vox quiere vetar la llegada a Euskadi de 15 menores extranjeros porque se harán de EH Bildu y van a botellones

La única representante de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez Grisaleña, va a forzar a la Cámara a activar un procedimiento extraordinario sin apenas precedentes en la historia del legislativo autonómico para someter a votación en el pleno del 18 de noviembre un convenio alcanzado en octubre entre el Gobierno autonómico, las tres diputaciones y las autoridades de Canarias para la acogida de 15 menores extranjeros no acompañados llegados a las islas. En un escrito incendiario de seis páginas, la ultraderecha califica abiertamente de delincuentes a estos jóvenes y añade citando a “diversas fuentes” que podrían engrosar las filas de la izquierda abertzale. Esta iniciativa llega justamente unos días después de que se conociera que una antigua candidata de Vox haya sido acusada desde la Ertzaintza a raíz de una denuncia falsa por agresión en la que señaló precisamente a un grupo de cuatro “menas magrebíes”.

Vox arranca su argumentación asegurando que “de forma paralela al incremento notable de la inmigración ilegal que está sufriendo” España “se está produciendo, igualmente, un incremento de la delincuencia perpetrada por inmigrantes ilegales”. “La tasa de los menores condenados de nacionalidad extranjera es casi tres veces superior a la de los españoles”, insiste Vox, que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez -aunque su escrito está pensado para el Parlamento Vasco- de alentar un “efecto llamada” con sus políticas de acogida.

Sobre el caso vasco, la formación de ultraderecha remarca que Euskadi “es una de las comunidades españolas donde más menas residen” y quiere frenar una llegada de más adolescentes, una práctica a la que se refiere como “importación” de “individuos”. Habla de 471 personas tuteladas, el equivalente al 0,02% de la población total en un territorio que solamente este verano recibió a más de 900.000 turistas. Vox se apoya en una noticia de un pseudoperiódico para afirmar también que esos jóvenes están enrolándose en las filas de la izquierda “vasca, radical e independentista”. “Esto demuestra el grave riesgo que supone la importación ilegal y descontrolada de personas susceptibles de adherirse a grupos violentos que alteran el orden público y la convivencia”, se puede leer en el escrito que califica el supuesto problema de “sideral”.

Y sigue: “Asimismo, los fines de semana estos menas se dejan ver en los botellones y fiestas de todo el País Vasco, festejos que terminan cuando la Policía autonómica disuelve las concentraciones. Esto ya ha ocurrido en San Sebastián, Gorliz [sic], Bermeo, Portugalete, Lequeitio, Deba [sic], Bilbao, Urretxu [sic], Villabona, Plencia, Arrigorriaga y Santurce. Los problemas incluso han llegado hasta más al sur, a Aibar (Navarra). La historia se repite todos los fines de semana: grupos de jóvenes que lanzan todo tipo de objetos a los ertzainas que llegan para disolver los botellones. Por su parte, resulta perentorio resaltar que el problema de la Policía es que cuando se detiene a alguno de estos menores poco se puede hacer contra ellos -a causa de la sumamente laxa legislación vigente en esta materia-, ya que las sanciones económicas recaerían sobre sus tutores, en este caso las correspondientes diputaciones, y no pueden ser expulsados de España por razón de su edad ni encarcelados porque no tienen edad penal”. Menciona como supuestos ejemplos de esto casos en Galdakao -erróneamente ubicado como barrio de Bilbao-, Eibar o Getxo. “La lista es interminable, pero no pasa nada. No hay consecuencia jurídica”, inciden.

Habitualmente, estos convenios son enviados al Parlamento y visados sin más. No obstante, la oposición de Vox motivará un debate específico y una votación que tendrá lugar el 18 de noviembre, según ha acordado la Mesa este martes. El documento en sí está firmado por la consejera canaria Noemí Santana, su homóloga vasca, Beatriz Artolazabal, y los diputados forales competentes en materia social, que son Emilio Sola por Álava, Sergio Murillo por Bizkaia y Maite Peña por Gipuzkoa. El acuerdo apela a la “solidaridad interterritorial” entre diferentes pueblos de España y a la necesaria “protección” de “personas” menores de edad. “Las administraciones públicas vascas son sensibles a esta crisis migratoria”, se enfatiza. El acuerdo pasa por acoger a ocho jóvenes en Bizkaia, cinco en Gipuzkoa y dos en Álava. Se da la circunstancia de que Euskadi también ha firmado un protocolo similar con Ceuta para recibir a ocho adolescentes más (cuatro en Bizkaia, tres en Gipuzkoa y uno en Álava) y que ya ha sido recepcionado por la Cámara. Ello podría motivar en los próximos días un nuevo escrito de Vox y una nueva votación. No obstante, el resto de grupos políticos en el Parlamento Vasco, con la excepción de PP+Cs, mantienen una suerte de “cordón sanitario” con esta formación y no suelen participar en los debates de los temas que plantea.

Esta nueva campaña contra los menores extranjeros se produce después de la polémica por la denuncia falsa de una joven de 30 años de Vitoria que fue candidata de Vox en las elecciones forales de 2015 de Álava, caso que ya ha sido admitido a trámite en un juzgado de instrucción de la capital vasca. Esta mujer acusó públicamente a un grupo de jóvenes magrebíes de agredirla aunque la investigación policial no encontró rastro de ellos en las grabaciones del entorno en que aparentemente se produjeron los hechos, cercano a muchas de las principales instituciones y con presencia continua de Guardia Civil y Ertzaintza. En el canal Toro TV, la denunciante afirmó: “Estoy convencida de que si llegan a ser cuatro madrileños se pone que fueron cuatro madrileños. Pero han sido cuatro magrebíes. Es que hay que llamar a las cosas por su nombre. Han sido cuatro magrebíes y punto. Con odio, han ido a hacer daño. Está pasando... No quiero que mañana le pase a una niña de 15 años. O les echamos o hacemos algo o va a seguir pasando. ¡Vete a tu país! Yo si voy a tu país acepto tu cultura. Si me tengo que poner un velo, me lo pongo encantada. Si vienes aquí no me trates a mí como tratas a las mujeres en tu país. [...] [La ministra] Irene Montero, ¿me ha escrito? ¡No! Porque son sus niños. Las feministas tenían que estar en la calle, pero son los niños a los que les dan la paguita”.