Zaldibar, dos años del derrumbe del vertedero que sepultó a dos trabajadores y 30 años más para regenerar la zona

Este domingo se cumplen dos años desde que el vertedero de Zaldibar, en la frontera entre Bizkaia y Gipuzkoa, se vino abajo. Construido en una ladera, se estima en 800.000 los metros cúbicos de tierra y basura que se desprendieron, el equivalente a la capacidad de 32.000 camiones llenos que, puestos en fila, llegarían desde allí hasta Zaragoza. El alud sepultó a dos trabajadores. Los restos de Alberto Sololuze (Markina, 62 años) fueron hallados meses después, en agosto de 2020. Joaquín Beltrán (Zalla, 51 años y que había alertado días antes del riesgo que corría la instalación) quedará enterrado para siempre porque en mayo de 2021 se suspendieron las labores de rastreo. Según fuentes del área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, harán falta todavía unos 30 años para una regeneración natural completa de la zona.

El alud en Zaldibar no fue un accidente y sí una negligencia a la luz de los datos que han ido conociéndose en los últimos meses. Este periódico reveló en marzo de 2021 un informe interno de la empresa gestora del recinto, Verter Recycling, en el que se constataba que Beltrán había detectado grietas en la zona y que no se hizo nada. “En los vertederos es normal este tipo de movimientos”, le despacharon desde la compañía. Otros documentos también han demostrado que había riesgo y que, además, era inminente. El último es un peritaje del organismo estatal Cedex que estima que en los días previos al desplome se produjeron movimientos de entre 2,2 y 3,5 metros cuando lo ordinario son desplazamientos de entre 0,1 y 0,3 en el año. También se apunta a que existían problemas de impermeabilización y exceso de líquidos en el vaso de residuos.

La catástrofe natural se ha dividido en dos causas judiciales. Por un lado, los gestores de Zaldibar se han enfrentado a cargos de homicidio imprudente por su responsabilidad en la muerte de Sololuze y Beltrán. En septiembre se anunció un acuerdo por el cual el dueño de la empresa, José Antonio Barinaga, su sobrina y responsable administrativa, Arrate Bilbao, y el ingeniero-jefe, Juan Etxebarria, han admitido su culpabilidad y accedido al abono de indemnizaciones millonarias a las familias de las víctimas a cambio de evitar la entrada efectiva en prisión. Este dinero ya ha sido abonado, indican desde su entorno. Según fuentes judiciales, esta parte tiene ya una “sentencia firme” y es cosa juzgada.

Por otro lado, se investigan los posibles delitos medioambientales asociados. Esta pieza camina a menos velocidad y, de hecho, ha necesitado ya dos prórrogas. La última se acordó a finales de enero y el nuevo plazo se acabará el 29 de julio. El juzgado de Durango que dirige esta investigación guarda un hermetismo absoluto sobre sus avances. Se da la circunstancia de que los antecedentes penales de la primera pieza no supondrán un agravante para que, con las conclusiones de la segunda, tengan más probabilidades de entrar en prisión. Eso solamente sucede con antecedentes de casos previos y, de hecho, algunas partes personadas en el proceso no comprenden que se hayan desgajado ambos procedimientos cuando no se entiende su análisis separado y se duplican numerosas diligencias.

Hace un año, coincidiendo con el primer aniversario, se remarcó que la búsqueda de Beltrán seguía activa. Desde lo alto de la montaña, en un día ventoso y llovioso, los consejeros de Seguridad, Josu Erkoreka, y de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, reseñaron que aún había esperanzas y explicaron que quedaban pendientes de analizar en buen número de zonas. Pero el 14 de mayo el lehendakari, Iñigo Urkullu, comunicó en primera persona a su familia que el operativo se daba por finalizado. “Se ha mirado todo. No se ha dejado de analizar ningún ámbito”, explicaron Erkoreka y Tapia en una rueda de prensa convocada a primerísima hora aquella misma jornada. La principal hipótesis es que los procesos químicos descompusieran el cadáver. De hecho, hubo incendios, fuegos originados en el interior de la masa de residuos. Llegaron a salir a la superficie y emitieron dioxinas y furanos, muy contaminantes para la población y que adelantaron en esa comarca el uso de mascarillas antes de la llegada del coronavirus.

Cayó el 28% de la capacidad total del vaso de Zaldibar pero el 47% de la ocupación hasta ese momento. La empresa gestora tenía autorización para almacenar allí hasta 70 tipos de residuos. El vertedero abrió sus puertas en 2011 con una vida útil de 35 años, pero su actividad intensiva le habría llevado a cerrar ya en 2022 por sobreocupación. Ya era conocida la decisión política de sellado definitivo de Zaldibar, esto es, de que Verter Recycling no pudiera retomar nunca su actividad. Pero ha sido hace unos pocos días, según precisan fuentes oficiales, cuando se ha firmado ya la resolución para la “imposibilidad de vertido”. Es una “prohibición expresa”, insisten los portavoces del área que dirige Tapia.

La resolución incluye la exigencia de que en agosto esté “completado el sellado provisional del vaso de vertido original”. Ahora está protegido con arcillas pero hay que avanzar en la impermeabilización para evitar lixiviados. Antes, en junio, debería estar listo el sellado “definitivo” del vaso auxiliar (denominado DS1) que fue utilizado para almacenar los materiales del alud que se iban recogiendo y revisando en el operativo de búsqueda de los trabajadores atrapados. Esto es el plan de “clausura” de Zaldibar. Luego se pasa a la “posclausura”, un proceso más largo y que podría llegar hasta 2050. Implica “medidas restauradoras de todo tipo” para la renaturalización de la zona.

En noviembre, ya se confirmó en el Parlamento que asciende a 28,73 millones de euros (IVA incluido) la cantidad que la Administración pública ha tenido que adelantar en la gran obra que supuso la respuesta al derrumbe. Fue una actuación de “emergencia” con dos objetivos, la “estabilización” de la zona y la búsqueda de los desaparecidos. También en los últimos días se ha girado la factura por esa cantidad a Verter Recycling, que hasta la fecha no abonado ni un solo céntimo de euro. La empresa tiene un período “voluntario” de pago de unos 30 días naturales y, si no, se iniciaría un procedimiento de cobro por apremio. Ante las dudas que ha generado que haya entrado en liquidación, el Gobierno remarca que “en caso de que la entidad desaparezca”, los “gestores y administradores de la empresa” tendrán que pagar de su bolsillo la deuda “en su condición de responsables subsidiarios”. Fuentes del Gobierno insisten en que hay cobertura legal para hacerlo, aunque nada hace prever que el proceso vaya a ser rápido. El Ejecutivo, en todo caso, recalca que en esta fase “ha cambiado el rol” y que de actuar de primera mano en la fase de emergencia ahora ha pasado a una labor de “control” de que Verter Recycling cumple el calendario de sellado del vertedero y abona el dinero pendiente. Su deuda equivale al 32,2% del presupuesto de 2022 de todo el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco, 89,2 millones, o a nueve años del presupuesto anual de la localidad de Zaldibar.

Este domingo, coincidiendo con el segundo aniversario, la plataforma Zaldibar Argitu ha convocado una movilización que arrancará a las 12.00 horas en Ermua y se dirigirá al barrio de Eitzaga, “el epicentro de todo este desastre”. “Es un acto de recuerdo a las víctimas mortales y de apoyo a la reivindicación de los vecinos, a todos los pueblos de alrededor que han sufrido esta calamidad”, ha explicado en la Cadena Ser Gaizka Zabarte. Zaldibar Argitu estima que los responsables de Verter Recycling, con su pacto en el primer sumario, no solamente han evitado entrar en prisión sino también “el juicio público y su repercusión” y confía en que la segunda pieza, en la que están personados como acusación popular, dirima las responsabilidades ambientales.

En todo caso, asegura que así como “no hay ninguna duda” sobre el papel de Verter Recycling y las negligencias que se produjeron tocaría también revisar igualmente “la responsabilidad de las autoridades” en los años previos de seguimiento de la actividad de la planta. Zaldibar Argitu denuncia que PNV y PSE-EE “se negaron a crear una comisión de investigación” en el Parlamento Vasco y que ahora, en 2022, ha tenido que ser el Parlamento Europeo el que pida más información sobre lo ocurrido. “Se está investigando en Bruselas pero no aquí”, ironiza. En 2020 el área de Medio Ambiente del Gobierno estaba dirigida por los socialistas, en concreto por el consejero Iñaki Arriola.