La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, ha defendido que han sido “tremendamente escrupulosos” a la hora de elaborar el censo provisional para las elecciones al campo, que se celebrarán el 8 de mayo, pero Ciudadanos y PP han denunciado la desaparición de ese listado de 1.200 electores, lo que, a su juicio, parece “un pucherazo”.
Bernal ha comparecido en el pleno de la Asamblea para explicar el procedimiento electoral que determinará la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas en Extremadura, a instancias de Cs, en una propuesta impulsada conjuntamente con Unidas por Extremadura dada su condición de grupos minoritarios, si bien la coalición no comparte su contenido.
La titular de Agricultura ha detallado que el censo inicial facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social contiene 10.889 personas físicas mayores de edad, con vecindad en Extremadura, afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta como trabajadores agrarios por cuenta propia o autónomos. A este censo se han presentado 1.116 reclamaciones de personas físicas hasta la fecha, de las que se han resuelto favorablemente 739 que se han incluso ya en el censo provisional que asciende a 11.628 electores.
Se van a excluir por presentación fuera de plazo seis y someter a subsanación, por cometer errores o no aportar toda la documentación requerida 371, de las que 133 ya se han remitido, por lo que quedan por cursar 238 que se están enviando durante esta semana a esas personas físicas, ha precisado.
En cuanto a las personas jurídicas, cuyo plazo de inclusión finalizó el 14 de enero, frente a las 48 solicitudes registradas en las elecciones de 2017, a la consejera le llama la atención que para estas elecciones han pedido su inclusión alrededor de 470 y tras revisar unas 200 hasta la fecha, se han detectado solicitudes “duplicadas”, con objeto social que no es agrario, muchas de ellas de “venta de bebidas alcohólicas, construcción o energías renovables” o que no acreditan el 50 % de esta actividad.
“En todos estos casos hablamos de solicitudes presentadas por entidades colaboradoras como APAG Extremadura Asaja, Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos (APAG) y Agro Gestión Integral SL, y no acreditan su representación ni presentan solicitudes firmadas”, ha manifestado.
Reclamaciones al censo definitivo
García Bernal ha remarcado que al censo definitivo, que se publica a los 10 días del inicio del procedimiento electoral, también se pueden presentar reclamaciones, que deben estar resueltas en 10 días y que pueden ser recurridas en tres días. Se trata, ha dicho, de un proceso que ofrece “plenas garantías democráticas” y que persigue que “toda aquella persona que por su condición tenga derecho a ser electora en estas elecciones pueda hacerlo”.
Una vez que esta primera fase haya transcurrido, ha explicado, se procederá a la convocatoria del procedimiento electoral en un decreto aprobado en Consejo de Gobierno, al que seguirán todos los pasos que marca la ley, desde la formalización de la Comisión Central, Juntas Provinciales, hasta el cierre del censo, habilitación del voto por correo, relación de mesas electorales y presentación de candidaturas por parte de las organizaciones agrarias, en sus respectivos plazos.
Ante las críticas de la oposición, Begoña García ha aseverado que cuando “se habla de pucherazo, se habla de delito electoral”, por lo que ha invitado a Cs a retirar esta acusación o llevarla a los tribunales, a lo que el diputado de la formación naranja Fernando Baselga ha contestado que no lo descarte en caso de que no se incluyan y puedan votar las personas que han “desaparecido” del censo, “entre otros los directivos de Asaja”, en relación a las elecciones de 2017.
En su intervención, Baselga ha criticado falta de transparencia en este proceso por, entre otras cuestiones, la imposibilidad, según dice, de consultar el censo provisional y ha asegurado que su partido lo único que quiere es que “las elecciones se hagan con limpieza”.
La diputada del Grupo Popular Mercedes Morán, quien ha coincidido con Cs en la ausencia de 1.200 electores, “la mayoría votantes de Asaja”, ha afirmado también que “algo de pucherazo parece que hay”. “Solo le falta esconder una urna detrás de la cortina para que gane las elecciones el candidato amigo, porque quieren resultados que les sean cómodos”, ha dicho.
Desde Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha explicado que no están de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos pero creen en su derecho de poder presentarla de ahí que la hayan impulsada de forma conjunta por la aritmética parlamentaria, como han hecho otras muchas iniciativas.
“Decir que hay pucherazo y fraude electoral cuando estamos hablando de censo provisional me parece demasiado”, ha matizado De Miguel, según la cual su formación será la primera en denunciar si estas elecciones “no se desarrollan con garantías suficientes”, pero ha reclamado que “se deje de manipular, desinformar e instrumentalizar” al sector primario por “intereses partidistas”, porque “lo que se hace es perjudicar al campo”.