8 de Airbus y 300 que vienen
El pasado martes el juzgado de lo penal nº 1 de Getafe ha decidido absolver a los 8 trabajadores de Airbus acusados de participar en un piquete en la huelga general de 2010. Podemos decir bien alto que la democracia ha ganado con esta absolución porque no eran delincuentes y porque es un paso adelante para afianzar el derecho de huelga.
Han sufrido más de 5 años con la espada de Damocles de 66 años de cárcel que pretendía el ministerio fiscal amparado en el artículo 315.3 –vestigio franquista del código penal que todavía no ha sido abolido. No hay que olvidar, además, que esto se produce coincidiendo con la Ley Mordaza que ha impulsado el PP que va en la misma dirección de criminalizar los derechos democráticos de expresión, manifestación y huelga.
Con esta estrategia política se invierten derechos y acciones esenciales para la democracia en un delito. Es una curiosa paradoja que quienes quieren meter en la cárcel a sindicalistas que luchan por los derechos laborales estén desfilando todos los días camino de los juzgados y de las cárceles por cometer tropelías amparadas en el escudo del poder, osea: los alguaciles alguacilados.
La sentencia supone un paso adelante no sólo para nuestro país, sino que adquiere una dimensión internacional. Estamos en un contexto en el que el ansia neoliberal quiere debilitar los instrumentos de defensa de los derechos laborales en todo el mundo: los convenios, la huelga y los sindicatos. Debilitando estos instrumentos logran bascular el reparto de la riqueza, como está ocurriendo, aumentando las desigualdades y la pobreza para acumular en pocas manos el botín.
Pero la sentencia no soluciona definitivamente el problema de fondo. Detrás de estos queridos 8 están esperando los procesos judiciales 300 personas más que han participado en diversas huelgas (que curiosa asimetría que no haya nadie del otro lado: quienes ejercen la coacción desde la parte empresarial). La solución ofrecerá garantías cuando se atienda a la lógica de que los conflictos laborales se diriman en el marco de la legislación laboral –lo que implica la derogación del artículo 315.3 del código penal.
Esta es una tarea para el nuevo gobierno, ahora que tanto se habla de cambios para avanzar en democracia. Al Artículo 315.3 no le afectó la transición, es una asignatura pendiente. Quienes nos expresamos, nos manifestamos o hacemos huelga para defender nuestras ideas e intereses somos demócratas, no delincuentes.
Sánchez, Iglesias, Rivera, ¿?: ¡deróguenlo!
