La Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios ha denunciado este jueves que un interno de la prisión de Cáceres protagonizó ayer “una situación de máxima tensión, al amenazar de muerte a uno de los trabajadores y a su familia” por no permitirle una llamada de teléfono.
Según ha manifestado el colectivo en un comunicado, el interno tiene “un amplio historial delictivo” y es considerado “conflictivo en el ámbito penitenciario y con una clara inadaptación al régimen ordinario de vida”.
Los hechos ocurrieron cuando el interno, que se encontraba en una celda de aislamiento por sanción disciplinaria, llamó “por el intercomunicador de forma insistente”.
Al personarse los trabajadores, se lo encontraron en un “gran estado de agresividad y agitación, profiriendo graves amenazas para que le dejaran realizar una llamada de teléfono”.
Los trabajadores intentaron calmarle y le explicaron que no era posible utilizar la cabina porque el sistema telefónico estaba siendo sometido a cambios técnicos por el Centro Penitenciario, por lo que el interno la emprendió “a golpes con la celda, desarmando por completo la misma y tirando todo lo que tenía a mano con gran agitación”.
Contratar un sicario
Al ver que no conseguía su objetivo, el interno amenazó “a uno de los trabajadores con matarlo en la calle, empezando por sus hijos, que contratará a un sicario para dicho fin; pagándole la cantidad de dinero necesario para ello o incluso alguien de su propia familia se ocuparía de hacerlo”, según el relato del colectivo.
Como consecuencia de las “gravísimas amenazas de este interno”, el trabajador fue atendido por los servicios médicos debido al estado de nerviosismo en el que se encontraba“ y que determinaron que no estaba en condiciones de trabajar.
Según el colectivo, este es “el día a día de los trabajadores de una prisión, teniendo que aguantar toda clase de vejaciones, amenazas e insultos que no son contabilizadas en el Protocolo de Agresiones a Funcionarios, porque según la Administración no tiene como resultado lesiones físicas”.
Así, el colectivo ha denunciado “la falta de consideración de Agentes de la Autoridad, que reduciría en gran medida las agresiones sufridas por los trabajadores en toda España”.
En 2019 esta asociación contabilizó 444 casos y ha denunciado “faltan medios materiales y personal en todos los centros penitenciarios del país”, además de sufrir “una gran pérdida de poder adquisitivo”.