La iniciativa ha sido defendida por su diputada del PP Gema Cortés, quien ha apuntado que 30.000 hogares extremeños están integrados por familias monoparentales con menores, una cifra que está aumentando a un ritmo “vertiginoso”.
“La realidad nos impone el deber de tomar medidas de apoyo a este tipo de familias” porque, según ha argumentado, necesitan una “especial protección” debido a que la fuente de ingresos procede de un único progenitor.
En concreto, ha instalado a la Junta a aprobar ayudas directas y deducciones en el tramo autonómico del IRPF para aquellas familias monoparentales que vivan de forma independiente y en las que el sustentador principal perciba unos ingresos inferiores a dos veces el IPREM.
El Grupo Mixto-Agrupación Ciudadanos ha apoyado esta propuesta para que estas familias cuenten con el apoyo necesario y se establezcan los mecanismos de coordinación de las administraciones en este área, según ha explicado su portavoz, María Victoria Domçinguez
Por Podemos, la diputada Jara Romero ha anunciado también el voto positivo de su grupo con el fin de dar cabida a los nuevos modelos familiares en la concesión de las ayudas y servicios destinados a este colectivo.
Se trata, según ha señalado, de actuar acorde al “cambio de paradigma” del sistema familiar.
Competencia nacional
En representación del PSOE, la diputada María Ángeles Camacho Soriano ha mostrado su “sorpresa” por esta iniciativa porque la equiparación propuesta necesita una modificación de la normativa nacional de familias numerosas y porque el PP rechazó “por dos veces” una iniciativa similar presentada por UPyD en las Cortes Generales.
Por ello, ha defendido la abstención de su grupo, alegando también que la Junta de Extremadura tiene “muy presente” las necesidades de “todas” las familias y aduciendo que, para su puesta en marcha, esta iniciativa requiere la aprobación de un presupuesto regional, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los diferentes grupos parlamentarios.
No obstante, ha anunciado que presentarán una propuesta de pronunciamiento para exigir al Gobierno central las pertinentes modificaciones legales para poder llevar a efectos estos cambios en la comunidad autónoma.