Nuestro Gobex que tanto nos ama en el último trimestre de la legislatura, acaba de sacar de la chistera otro caramelo destinado, es un suponer, a hacer la vida más dulce a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud.
El consejero del ramo ha hecho deprisa y corriendo una ley (lista para su debate e inmediata aprobación) por la que se reconoce a todos los profesionales el título de Autoridad. Por tanto mucho ojito con soltar un exabrupto en su presencia, una queja subidita de tono, porque al paciente que se pase con un sanitario extremeño se le puede caer el pelo, incluso con penas de cárcel. Eso dice la nueva ley que convierte a todos los sanitarios en el ejercicio de sus funciones profesionales en Autoridad, y les reviste de esa protección extra.
Para cualquiera que haya sentido veleidades anarquistas en algún momento de su vida (harto recomendable, por otra parte) la palabra Autoridad tiene rescoldos inquietantes e invita a vigilar muy de cerca a los que la ejercen por si acaso se pasan (sucede menudo como bien es sabido). Aún resuenan las palabras en un 23- F de un macarra con mucho bigote y poco cerebro pregonando la llegada de la Autoridad competente, militar por supuesto, y aún nos llevamos las manos a los bolsillos cada vez que alguien cita a la autoridad monetaria de acá o allá.
En la nueva ley que confiere Autoridad a los sanitarios se le supone presunción de veracidad a la palabra de un sanitario, por encima de la palabra de un ciudadano. Y aquí ya se produce una mezcla entre Autoridad, esperpento y vino tinto en los que resulta difícil discernir entre unos y otros. Leyes similares están siendo aprobadas para otros funcionarios públicos como policías, profesores…
A nadie en su sano juicio se le ocurre disculpar, ocultar o dejar pasar la agresión a un trabajador público que cumple son su faena. Pero el barrendero que limpia las calles ¿no hace una tarea pública?, y la camarera que atiende al pesado de turno en la barra ¿tampoco?
Resulta curiosa esa manía de poner puntos, rayas, barreras entre unos trabajadores y otros.
Resulta sorprendente esa ligereza en imponer penas y sanciones a los que protestan en las calles o en las urgencias de un hospital, cuando muchas protestas en las calles y muchas quejas en los hospitales son provocadas por la degradación de esos mismos servicios y por recortar derechos a esos mismos empleados públicos a los que ahora se les concede el título de Autoridad como un dulce caramelo para unos y una ley mordaza en los hospitales para otros.