Extremadura ha sido autorizada a endeudarse a corto plazo por un importe máximo de 399,1 millones de euros, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería.
El Gobierno ha autorizado a las Comunidades Autónomas de Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Murcia y Madrid a formalizar operaciones de deuda, que ascienden en su conjunto a casi 5.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha acordado estas autorizaciones que derivan de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece, en su artículo 20, que las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad, deuda pública o regla de gasto precisarán autorización del Estado mientras persista el incumplimiento.
Todas estas Comunidades incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2014. Además, La Rioja y Castilla y León incumplieron el objetivo de deuda, y Extremadura y Madrid incumplieron la regla de gasto.
Extremadura ha sido autorizada a endeudarse a corto plazo por un importe máximo de 399,1 millones de euros, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería, al igual que La Rioja, con un importe máximo de 150 millones de euros.
La Región de Murcia ha sido autorizada a formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por 344 millones de euros, para refinanciar pólizas de crédito y préstamos con vencimiento a corto plazo, así como cubrir sus necesidades transitorias de tesorería.
De igual forma, ha sido autorizada por un importe de 225 millones de euros para amortizar anticipadamente operaciones de deuda a largo plazo y reducir los costes financieros, y alargar la vida media de la cartera de deuda.
La Comunidad de Madrid ha sido autorizada a formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 1.321,7 millones de euros, para financiar desfases transitorios de tesorería y vencimientos de operaciones de deuda a corto plazo de entes públicos dependientes.
Además, ha sido autorizada por un importe máximo de 615,2 millones de euros para financiar amortizaciones anticipadas de préstamos y para atender los vencimientos de deuda a largo plazo de 2016 de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
Castilla y León ha sido autorizada por un importe máximo de 1.866,5 millones de euros, de ellos 1.714,9 millones para financiar desfases transitorios de tesorería, las amortizaciones del ejercicio y a la devolución de la anualidad de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y 2009.
Según informa el Gobierno, estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2016.
Todas estas operaciones quedan supeditadas al cumplimiento de los objetivos de deuda pública fijados para el año 2016 y deberán respetar el principio de prudencia financiera.