El Ayuntamiento de Badajoz ha vuelto a adjudicar el servicio de retirada y desguace de coches abandonados a la misma empresa que en el período anterior incumplió el contrato, sin que conste que haya sido sancionada, ha denunciado este lunes el grupo municipal socialista.
Según sus datos entre 2010 y 2015 resultó beneficiaria de la contrata, después de haber contado como puntuación adicional en la licitación la oferta de tener una oficina de atención al público y atendida con personal propio.
Según el portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, en principio la empresa sí abrió esa oficina, pero luego la abandonó “y quedó convertida en un simple almacén”. Pregunta públicamente si la adjudicataria fue sancionada por ese motivo, “porque no nos consta”.
Pese a eso, en una nueva licitación realizada el año pasado, aunque la denuncia socialista se produce ahora, la misma empresa ha vuelto a ser adjudicataria aunque esta vez tener la oficina, si bien figura en el pliego de condiciones, no puntúa.
“No a la vista gorda”
“Queremos”, ha declarado el líder de la oposición en Badajoz, “que se esclarezca la verdad, queremos que las empresas que son adjudicatarias de un servicio a la ciudad y que cobran por ello lo cumplan como marca el contrato. No queremos excepciones con nadie, pero no estamos dispuestos ni podemos hacer la vista gorda y en la adjudicación de recogida de vehículos de la vía pública las cosas no se han hecho bien y desde el Grupo Socialista lo denunciamos”.
El Ayuntamiento de Badajoz, tras la pregunta de este diario, no se ha pronunciado todavía sobre esa denuncia de Cabezas.
El portavoz socialista asegura además que pese a que la empresa realizaba desde 2010 labores de posterior descontaminación, desguace y tratamiento residual, de los coches abandonados y otros retirados por la Policía Local, no fue hasta el 11 de junio de 2015, en los estertores del gobierno regional de Monago que ya había perdido las elecciones, cuando consiguió autorización ambiental por parte de la Junta para su instalación de tratamiento de vehículos en Lobón.
Una ubicación que, añade el PSOE en su denuncia, compartía con otras empresas con el mismo equipo directivo pero dedicadas a otros fines, y una de las cuales habría sido denunciada por un competidor de Sevilla por destruir aparatos de aire acondicionado con el riesgo de liberar en la atmósfera “gases CFF” que contribuyen al efecto invernadero y calentamiento global.
La sentencia por esa denuncia estaría cercana a su fallo según el PSOE, en relación a que la empresa andaluza se quejó de que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura no actuara en este caso, y anunció que recurriría la autorización ambiental por “favorecer a una empresa que establece un precio inferior a los servicios que presta, por no utilizar equipos descontaminantes”.