El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha pedido al Ayuntamiento que rescinda el contrato de transporte público municipal con la actual concesionaria, Tubasa, debido a que es “una fuente de conflictos judiciales” entre la empresa y el Consistorio, y no se garantiza las nóminas de los empleados.
En rueda de prensa, el portavoz del PSOE local, Ricardo Cabezas, ha pedido al alcalde, Ignacio Gragera, que aborde la problemática con Tubasa, donde los empleados desarrollan un calendario de concentraciones porque ven en peligro el abono futuro de sus salarios.
A su juicio, el primer edil “debe valorar la opción de rescindir el contrato”, siempre “garantizando los actuales puestos de trabajo y el mantenimiento de sus retribuciones”.
Para ello, los socialistas proponen dos fórmulas, o una nueva contratación donde las empresas opten con ofertas “adaptadas a la nueva realidad de movilidad urbana y de compromiso medioambiental” o la remunicipalización del servicio.
Esta última opción es la preferida por el PSOE, debido al montante económico del servicio y porque es la utilizada por muchas ciudades.
Cabezas también ha pedido la convocatoria “urgente” de la Comisión de Seguimiento del Contrato de Concesión del Transporte Urbano, que viene contemplada en el propio contrato, para que las formaciones políticas aborden la necesidad de cambios en el servicio.
Ricardo Cabezas ha afirmado que el contrato de concesión con Tubasa debió finalizar en 2017, tal y como figuraba en la contratación inicial, momento en el que “se tendría que haber convocado una nueva licitación abierta a nuevas empresas del sector para que presentasen ofertas”.
Sin embargo, el Partido Popular, con el “apoyo” de Cs, amplió la concesión a Tubasa y alargó el contrato hasta 2037, según ha dicho.
Cabezas ha augurado además nuevos problemas en el contrato, pues a partir de este año se debe abordar la renovación de los autobuses que cumplan los diez años, lo que supondrá “aún un mayor déficit” del Ayuntamiento con la concesionaria.
Esta renovación se deberá abordar en cinco fases (en 2021, 2022, 2027, 2031 y 2032), con un coste “de entre cinco y seis millones de euros cada una de ellas”.
Por su parte, el concejal socialista Martín Serván ha explicado que “no existe causa fundada alguna que Tubasa pueda alegar para no abonar las nóminas a sus trabajadores”.
Unidas Podemos: volver a gestión directa
Por su parte Unidas Podemos ha pedido a la concesionaria del transporte urbano en Badajoz y al Ayuntamiento que resuelvan sus discrepancias y garanticen las nóminas de los empleados, y ha abogado por una remunicipalización del servicio como solución a estos problemas.
La portavoz de la formación morada en la ciudad, Erika Cadenas, se ha reunido con trabajadores de Tubasa, miembros del comité de empresa, para trasladarles el apoyo de su grupo municipal “ante las advertencias de la empresa de no poder hacer frente al pago de los salarios”, según un comunicado.
En este sentido, Unidas Podemos ha expresado que garantizar el pago de las nóminas “es responsabilidad de Tubasa”, y por tanto “no puede hacer dejación de sus obligaciones”.
A su vez, la formación ha pedido a la empresa y al Ayuntamiento de Badajoz que resuelvan sus discrepancias (en relación a la deuda que debe abonar la administración a Tubasa), pues “en primer plano deben ponerse los intereses de la ciudadanía y de los empleados”.
Para Podemos, la “solución a todos los problemas del transporte urbano en Badajoz” pasa por una remunicipalización del servicio, para recordar en este sentido que “Madrid, Barcelona, Málaga, Vitoria o Burgos son algunos ejemplos de las 15 capitales de provincia españolas donde este servicio se presta desde una empresa de carácter público”, empresas que ofrecen un servicio “de igual calidad y con un menor coste para las arcas públicas”.