Campamento Dignidad cree que las enmiendas de IU estaban pactadas con el PP extremeño
Dura respuesta del Campamento Dignidad a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida Extremadura a la reforma de la Ley de la Renta Básica.
Desde que conocieron el contenido de las enmiendas de la coalición de izquierdas, simpatizantes y miembros de los diferentes campamentos mostraron su indignación por las redes. Manuel Cañada, del Campamento Dignidad de Mérida, compareció este jueves ante los medios para poner de manifiesto que dichas enmiendas demuestran su “servidumbre” con el PP de Monago en lo relativo a la renta básica. “Pasará sin duda a la historia del vasallaje político”, ha dicho.
El Campamento Dignidad de Mérida ha resaltado que las enmiendas afectan a aspectos secundarios y, además, lo hacen con una llamativa “pusilanimidad” que invita a pensar en que están ya previamente pactadas. Así sostiene que si se analizan con detalle se comprueba hasta qué grado “escandaloso” es “subalterna” la posición de IU-Extremadura al PP.
¿Por qué no enmienda los retrocesos?
El campamento resalta en primer lugar aquellas cuestiones que no corrigen, como aquellos “retrocesos” incorporados en el “decretazo”. Destaca que con el decreto la renta básica es incompatible con la percepción de una serie de prestaciones públicas, con lo que en la práctica “se elimina el carácter complementario que la definía”.
Además advierte que ahora la renta básica es incompatible con el trabajo realizado por cuenta ajena, cuando su duración sea inferior a tres meses, mientras que el régimen sancionador se endurece “brutalmente”.
Se pregunta también cómo piensa ‘descongestionar’ el partido de Pedro Escobar el atasco de solicitudes si no ha presentado “ni una sola enmienda” que lo garantice. También lamenta que el silencio administrativo continúe siendo negativo, a favor de la Junta y en contra de los solicitantes, y que no se establezca ninguna garantía de ejecución presupuestaria ni ningún indicador mínimo de cobertura respecto del porcentaje de paro.
Otra de las cuestiones que reprocha es el endurecimiento de las condiciones de acceso a los jóvenes emancipados; los retrocesos incluidos en el decreto ley (2 años fuera del domicilio paterno y 2 años de alta en la Seguridad Social).
La subida no es real
En cuanto a la subida de la cuantía a 426 euros propuesta desde IU (pasar del 75 al 80 por ciento del IPREM), y del 5% del segundo miembro de la unidad familiar, advierte que esta cantidad se corresponde exactamente con la definitiva supresión de los complementos de vivienda (10% por alquiler o hipoteca, que es el caso de la inmensa mayoría de los solicitantes) y discapacidad (10%).
Además, en cuanto a la posibilidad de que puedan cobrar la renta básica dos familias, aunque vivan en el mismo domicilio, advierte de que la ley anterior al “decretazo” era más precisa a la hora de permitir la existencia de unidades familiares independientes.
Resalta que la unidad familiar de convivencia consideraba que la integraban las personas con relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, mientras que ahora, aunque con condiciones, se acepta su ampliación hasta el tercer grado.
Son las AISES cambiando de nombre
Otra de las cuestiones que critica es que la renta básica no es ya una prestación “de naturaleza económica”, sino “asistencial”; no tiene por finalidad “garantizar las necesidades básicas” de la población sino sólo “a quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión. Por ello argumentan que se han convertido en lo mismo que las AISES pero cambiado de nombre.
Al Campamento le sorprende el insólito procedimiento de convocatorias con una ventanilla abierta ocho meses al año, por lo que recalcan que tras el decreto la renta básica será aún peor que las antiguas AISES.
Según dice, con esta enmienda Izquierda Unida acepta el sistema de convocatorias impuesto por el PP. Se pregunta si no se avergüenzan que sea así, cuando hasta los servicios jurídicos de la Junta entienden que el establecimiento de convocatorias podría ser contraproducente. “¿No le da vergüenza a Escobar tener menos sensibilidad social que el propio letrado de la Junta de Extremadura?”.
El Campamento lamenta también que en 16 meses no haya llegado a reunirse ni una sola vez la comisión de seguimiento de la renta, de modo que han ‘hurtado’ los datos sistemáticamente. Ahora se suprime la comisión de seguimiento con el control de agentes sociales e IU propone, en su lugar, la comparecencia semestral del gobierno regional en el Parlamento, lo que contradice la democracia participativa.
