El Campamento Dignidad ha recordado este viernes el compromiso del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de destinar al menos el 0,5 % del PIB regional a la Renta Básica de Inserción, que cifran en al menos 86 millones de euros, en los presupuestos regionales de 2016.
Esa y otras reivindicaciones sobre la Renta Básica y vivienda fueron trasladadas anteayer por el colectivo al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en una reunión a la que también asistieron la Red de Solidaridad Popular (RSP) de Cáceres y la Plataforma de Afectados de las Hipotecas (PAH) de Badajoz.
Manuel Cañada, dirigente del Campamento Dignidad, ha recordado que el pasado 10 de julio mantuvieron una reunión con Fernández Vara, en la que se acordó establecer contactos quincenales para dar solución al “bloqueo” de la Renta Básica, entre otros temas.
Esta reunión de anteaye con el consejero, ha asegurado Cañada, fue larga, distendida pero de “resultados muy pobres, un quiero y no puedo”.
“Es verdad que observamos una nueva voluntad en el Gobierno regional de ahora, pero avanzamos a pasos de tortuga”.
Así, aunque desde la Junta no se “atrevieron” a decirles cuántas personas perciben la ayuda, el colectivo asegura que no llega 5.000 y que “tendrían que estar pagando a 15.000 personas”, según Cañada.
Ha pedido que antes del 15 de agosto se pague a esas 15.000 con resolución favorable, entre los que hay gente que aún no cobrado y otros a los que se les ha interrumpido.
En su opinión, solo se han gastado dos terceras partes del presupuesto para esta ayuda en los tres últimos ejercicios (42 millones de euros de 63 presupuestados) y ha recordado que existen más de 35.000 solicitudes.
Que no se gaste en los Ceres
Cañada, que ha hablado de “colapso”, ha pedido no gastar en cuestiones como los Premios Ceres, ya que hay 2.812 resoluciones “sin cobertura presupuestaria”.
Otras medidas “inmediatas de descongestión del sistema” antes de finalizar el año que ha reclamado es un auditoría ciudadana de gestión de la Renta Básica, pues de las 14.000 solicitudes estancadas, según el informe del SEXPE de agosto, se ha pasado a 1.811, algo que a su juicio es falso y que es un “indicio de prevaricación” administrativa, pues no se han podido “evaporar 11.000 solicitudes”.
“Creemos que no puede salir gratis patear pobres, que es lo que ha hecho el Gobierno de Monago y hay gente que tiene que sentarse en un banquillo”, ha subrayado.
El Campamento Dignidad también ha solicitado una nueva convocatoria de las Ayudas de Protección Urgente, mientras se desbloquea la gestión de la Renta Básica, además de que se establezca una fecha de cobro fija para esta última ayuda y una convocatoria permanente.
A largo plazo, han solicitado en un documento de propuestas urgentes, entregado al consejero, una nueva ley de Renta Básica, adherida a la elaboración de un plan de empleo público y social.
El documento incluye además propuestas sobre vivienda y medidas contra la exclusión social, como la retirada y “no solo la paralización” de los 1.300 expedientes de desahucios administrativos en las viviendas propiedad de la Junta y ampliar la red pública y su concesión en régimen de alquiler social, además de que las viviendas privadas propiedad de los bancos y deshabitadas pasen a su uso en régimen de alquiler social.