En la región no escasean los edificios de viviendas sin terminar que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha convertido en zonas peligrosas e insalubres de los barrios. Y a la vez existe una necesidad mayor que antes de casas porque muchas familias han sido desahuciadas por falta de pago.
El Campamento Dignidad de Mérida cree que, con protagonismo de los ayuntamientos, hay que casar esos dos problemas a base de que haya un acuerdo con las propiedades de los bloques desnudos, generalmente entidades financieras, para que las obras acaben y las viviendas se pongan en alquiler social.
En la ciudad existe uno de esos esqueletos de hormigón y ladrillo, en el residencial Los Álamos, con las casas construidas a un 70%, un total de 210 pisos, y los que el Campamento se refugia como puede en su lucha social, al haber ocupado uno de los locales comerciales, mientras otras 12 familias ocuparon sendas viviendas pero acabaron expulsadas.
El viernes pasado representantes del Campamento se reunieron con responsables municipales de Mérida para proponerles que, en acuerdo a tres bandas con la propiedad mayoritaria (la Caixa) y la Junta, los bloques se incorporen al patrimonio público de viviendas; para ello primero se adjudicarían a familias solicitantes, con el compromiso de que éstas estuvieran dispuestas a trabajar con sus manos en la terminación de la obra, que sería una manera de “responsabilizarse”, y según añade Manuel Cañada, del Campamento, reducir en el futuro el precio del alquiler.
En la última pequeña remesa de viviendas sociales en alquiler en la ciudad, hubo 170 solicitudes.