El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Badajoz ha recordado que la normativa autonómica obliga a la información, orientación y asesoramiento social a las personas, familias y grupos en relación a las prestaciones de servicios sociales en una ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes.
Denuncia que sin embargo en el Ayuntamiento de Badajoz esa ratio queda “muy lejos”, pues según el Directorio de Servicios Sociales de Base hay 13 trabajadores sociales para atender a 150.000 personas, “es decir, uno por cada 11.500”.
El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Badajoz ha criticado también la intención del PSOE local de realizar visitas a las asociaciones de vecinos para informar sobre las ayudas sociales disponibles, un “intrusismo profesional” ante el que actuará con las “medidas que correspondan”.
En una nota, defiende la “profesionalidad” de los trabajadores sociales de la ciudad tras al anuncio realizado en este sentido por la concejala socialista Montserrat Rincón.
Informar en barriadas
Rincón señaló el pasado miércoles que el PSOE informará en todas las barriadas sobre las ayudas sociales a las que tienen derecho los ciudadanos ante la carencia de este servicio por la escasez de empleados del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).
La normativa establece que los trabajadores sociales son los profesionales cualificados para llevar a cabo esta misión y que cualquier persona “no debe” realizar estas tareas.
Por ello, señala que “suplantar la figura y las funciones profesionales de los trabajadores sociales con una campaña de visitas a las asociaciones de vecinos” será considerada por el colegio como “intrusismo profesional”, y que actuará “con las medidas que correspondan”.
Para el colegio “sería difícil de imaginar” que se redujesen las listas de espera de sanidad mediante la incorporación de responsables o militantes políticos para realizar consultas médicas, o que ante la deficiencia de policía se organizasen rondas nocturnas.
Por este motivo, se ha pedido a los representantes políticos que no suplan o dupliquen “malamente” los servicios públicos, sino que insten a las instituciones competentes a dotar de los medios suficientes para garantizar una atención adecuada y que “no se demore en el tiempo”.