A petición del PP, Vergeles ha comparecido hoy ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre varios extremos relativos a la vacunación frente a la tosferina en la Comunidad Autónoma.
Tras precisar que cuando el PP denunció el supuesto trato de favor a Gallardo en este caso, su departamento abrió una investigación de oficio por parte de los servicios de inspección, el consejero ha acusado a los populares de intentar crear un escándalo donde no lo hay, de “utilizar políticamente” la salud pública y de generar alarma social.
José María Vergeles ha destacado que su equipo no ha cambiado en nada el protocolo de administración de esta vacuna, sometida a un “especial control” por los problemas de abastecimiento que sufre, de los que ha culpado a la Agencia Española del Medicamento.
Ha precisado también que tan sólo en el área de Villanueva-Don Benito se han administrado 118 dosis de recuerdo de esta vacuna y ha acusado al PP de “vulnerar los derechos de una menor” al dar a conocer su identidad como destinataria de dos de estas dosis.
El diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá, por su parte, ha considerado “vergonzosa” la intervención del consejero ante el pleno por “no dar ninguna explicación ante un asunto tan grave”, ya que ha insistido en que en este caso la Junta “se ha saltado a la torera” el protocolo de vacunación para beneficiar a la hija de un cargo socialista.
El parlamentario de Podemos Obed Santos ha dicho respetar la presunción de inocencia a la espera de la investigación abierta, sobre la que ha esperado que llegue “al fondo del asunto” pues “no podemos tolerar -ha dicho- ningún trato de favor ni comportamiento inmoral”.
En ese sentido, Santos ha precisado que si se demuestran como ciertos los hechos denunciados por el PP, el alcalde de Villanueva y presidente de la Diputación de Badajoz debe dimitir.
El PSOE pierde votación de la deuda histórica
El Pleno parlamentario Extremadura ha instado al Gobierno regional a “culminar” el proceso de negociación iniciado por el anterior Ejecutivo extremeño ante el central para “garantizar el cobro de la deuda histórica”.
La iniciativa, una Propuesta de Impulso del PP, ha sido aprobada por los populares, Podemos y Ciudadanos (C,s), mientras que el PSOE se ha opuesto.
En la defensa de la iniciativa el diputado popular Alfonso Hernández Carrón ha dicho que Andalucía ya cobró su deuda histórica en 2009 y que Extremadura sólo parcialmente, en concreto 120 millones de euros, y únicamente gracias a gobiernos del PP en Mérida y Madrid.
Ha acusado al presidente regional, Guillermo Fernández Vara, de “mentir” cuando ha dicho que no hay ningún acuerdo entre el Gobierno central y el anterior Ejecutivo regional, a lo que ha agregado que había “un protocolo de intenciones” pendiente de firmar por importe de 336 millones de euros, a razón de 84 millones al año.
Esto se ha frustrado por la actitud negativa de Fernández Vara y el cobro de ese dinero ahora está en peligro mientras que el anterior presidente regional, José Antonio Monago, “se lo dejó en bandeja”, ha añadido.
Por su parte, el parlamentario del PSOE Jorge Amado ha acusado al PP de difundir “mentiras, mentiras y más mentiras” ya que el anterior Ejecutivo regional “no consiguió ni un sólo céntimo” y que “no hay actas ni ha habido reuniones” entre los gobiernos central y regional para avanzar en esta cuestión.
A su juicio, únicamente hay “un convenio para una mera subvención” y para “migajas” ya que “no hay absolutamente nada” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
También ha intervenido el diputado de Podemos Daniel Hierro, que ha dicho que no entienden “el sentido y la oportunidad” de la iniciativa del PP ya que el anterior Ejecutivo regional tuvo cuatro años para firmar el acuerdo con el central y que no lo hizo, y que “los fondos no están por ninguna parte” y no hay ningún documento formal.
En su opinión, el PP y el PSOE hacen “un uso partidista” de esta cuestión.
No obstante, ha subrayado la importancia de lograr la deuda histórica para paliar hechos como la notable deuda pública de la región y que hay que trabajar para conseguirla.
También ha dicho que, tras una espera de 30 años en este tema, el Estado también debería pagar “intereses” y que el dinero debería usarse para cuestiones como la sanidad y las ayudas sociales.
En este sentido, ha reclamado al Gobierno regional que negocie con el central el pago de la deuda histórica“.
Ley de Crédito Extraordinario
Se ha aprobado también, con los votos a favor de PP, Podemos y C'S, una propuesta de impulso por la que se insta a la Junta a presentar un proyecto de ley de Crédito Extraordinario para atender a las familias que lo han perdido todo como consecuencia del incendio en Sierra de Gata.
La iniciativa, presentada inicialmente por el Grupo Popular, ha incluido una enmienda de Podemos transaccionada posteriormente con el PP.
En esta propuesta de impulso se plantea también la necesidad de poner en marcha un Plan Urgente de Restauración Hidrológico Forestal y de iniciar los trámites para que el Gobierno de España declare Sierra de Gata como zona catastrófica.
El PSOE ha votado en contra de esta iniciativa parlamentaria pues considera, según ha expuesto ante el pleno el diputado de esta formación Eduardo Béjar, que la Junta de Extremadura no puede asumir el gasto de 50 millones de euros que se necesitaría para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por el incendio y que esa inversión debe correr a cargo del Gobierno central, como ha ocurrido en otras catástrofes similares.
Tras precisar que la figura de declaración de zona catastrófica ya no existe, Béjar ha señalado que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha defendido en sus enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales de 2016 que ese dinero “venga a Sierra de Gata”.
El diputado socialista ha recordado que la Junta de Extremadura ya ha aprobado un plan de inversión de 5 millones para la zona y a fecha de hoy más de 100 trabajadores contratados por la Administración autónoma trabajan allí para evitar la erosión del suelo, además de que tras el incendio se le ha facilitado a los titulares de explotaciones heno para alimentar al ganado.
Por parte del PP, el ex consejero de Agricultura, José Antonio Echávarri, ha acusado a la Junta de falta de previsión y de “haberle cogido el toro”, pues hasta el pasado día 10 el Gobierno extremeño, según él, no firmó con las empresas el contrato para iniciar los trabajos de lucha contra la erosión, un retraso que ha provocado que las cenizas del incendio hayan inundado cauces fluviales y piscinas naturales.
Echávarri ha defendido su gestión en los últimos cuatro años, cuando se invirtieron más de 100 millones de euros en prevención de incendios forestales, y ha señalado que las masas de pinos que se han quemado este verano no fueron plantadas por el gobierno del PP sino por los anteriores ejecutivos socialistas.
Ha reconocido que aunque no existe la declaración de zona catastrófica, sí existen reales decretos que contemplan beneficios fiscales para los afectados por este tipo de siniestros.
Por parte de Podemos, Irene de Miguel, ha destacado las medidas que incluye la moción de su grupo como que se inste a los organismos competentes a que los bienes y enseres susceptibles de ser asegurables y que no estaban, puedan recibir ayudas del Gobierno central.
Asimismo, ha valorado que se inste a poner en marcha un plan urgente de conservación del suelo, que se plantee a los ayuntamientos la ejecución de planes de prevención de incendios municipales o que se constituya una mesa que involucre a todos los actores socioeconómicos de la zona para definir la nueva estrategia de desarrollo sostenible en Sierra de Gata.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez -que en la sesión parlamentaria ha tomado posesión como miembro de pleno derecho de la secretaría tercera de la mesa-, ha indicado que no cree que la gestión del incendio haya sido un “desastre”, como sostiene el PP, aunque se ha mostrado de acuerdo con la medida que también incluye la propuesta aprobada para que se cree una comisión de investigación que analice los trabajos de extinción.
Mesa contra la tuberculosis bovina
Por último también se ha aprobado, por unanimidad, la iniciativa tramitada a iniciativa del grupo parlamentario Ciudadanos que insta a la Junta de Extremadura a crear una mesa de trabajo permanente sobre la sanidad animal, con participación de todos los sectores afectados, que tendrá como objetivo elaborar un plan de estratégico de control de la tuberculosis bovina.
La mesa contará con representantes de los sectores agroganadero, cinegético, Universidad de Extremadura, Colegios Oficiales de Veterinarios y otros organismos de la Administración con competencias afectadas y elaborará un plan estratégico de control de la tuberculosis bovina que incluya “medidas urgentes y efectivas de control que eviten la expansión y reduzcan la incidencia de la enfermedad en ganado doméstico y silvestre”.
Quedará constituida en un plazo de dos meses y deberá reunirse y dar cuenta, al menos cada tres meses, a la Asamblea de Extremadura de los acuerdos que tome así y de las medidas específicas que se implanten esta legislatura y de la evolución de la enfermedad.