El derribo del resort de lujo de Isla de Valdecañas, en Cáceres, tendrá que esperar. El Tribunal Constitucional ha decidido paralizar de forma cautelar la demolición de este complejo ordenada por el Tribunal Supremo y retrasar la entrada de la maquinaria, al menos, hasta que resuelvan todos los recursos y dicten sentencia sobre el fondo del asunto. El pleno ha decidido estimar la petición de medidas urgentes de la Junta de Extremadura, los propietarios y dos consistorios para frenar la ejecución de las resoluciones judiciales que declararon en firme que este complejo fue construido de manera irregular y debe ser demolido.
Este complejo de lujo incluye 200 villas, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf y fue levantado en medio del pantano y en una Zona de Especial Protección de Aves con el visto bueno de la Junta de Extremadura en 2007. Los litigios empezaron poco después y los tribunales declararon la ilegalidad del resort, con el Tribunal Supremo certificando en febrero de 2022 que todo tenía que ser demolido. La Junta, los propietarios y los consistorios de El Gordo y Berrocalejo llevaron sus últimos recursos al Constitucional con una petición previa de medidas cautelares.
El pleno del Tribunal Constitucional, con seis votos a favor y cinco en contra de la decisión, ha determinado este martes aceptar esa petición de medidas urgentes y paralizar cualquier intento de derribo hasta que los magistrados dicten una sentencia sobre el fondo del asunto. Los tiempos habituales del tribunal de garantías suelen dejar en torno a un año desde la admisión a trámite de un recurso hasta que finalmente se dicta sentencia, lo que da margen al proceso de demolición.
Explica en un comunicado que el derribo de todas las casas “ocasionaría perjuicios económicos difícilmente reparables por su entidad”, perjudicando tanto a la Junta como a los propietarios de las casas. “De no concederse la suspensión la demolición de todo lo construido en el complejo ya se habría producido en el momento en el que el Tribunal Constitucional resolviese los tres recursos, con lo que ya no sería posible devolver las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución de la sentencia judicial impugnada en los recursos de amparo”, dice el Constitucional. Cinco integrantes del sector progresista han votado en contra.