UPA-UCE Extremadura ha reivindicado “transparencia” al Gobierno central ante la noticia de que la lista completa de derechos provisionales de la nueva Política Agraria Común (PAC) no se hará pública hasta diciembre, lo que, a su juicio, supone un “obstáculo añadido” en la tramitación de la nueva PAC.
Esto supondrá que más del 50% de los agricultores y ganaderos extremeños “no recibirá esta información cuando les llegue el pago del anticipo”, según indicó ayer en rueda de prensa en la Feria de Zafra el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas.
Ante esta situación, han reclamado al Ministerio de Agricultura que “piense en los agricultores y ganaderos y no en las elecciones generales”, tal y como recoge la organización en una nota de prensa.
Para Ramos, este hecho va a significar “más incertidumbre” para el sector y ha advertido de que de cumplirse los plazos que propone el Ministerio, “el agricultor verá el recorte en marzo, cuando ya no pueda hacer nada”.
Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central “que no juegue con los periodos electorales” y “cumpla el compromiso que adquirió en el Consejo Asesor Agrario del mes de julio”, en el que trasladó a las OPAs que la información se conocería antes del 16 de octubre.
Ausencia de regulación del mercado
Ramos ha concluido su intervención al aseverar que la nueva PAC “carece de mecanismos para la regulación de las crisis de mercado, como hemos visto en el lácteo o en la fruta tras el veto ruso”.
En la rueda de prensa se ha hecho también balance del sector en un año que en cuanto a la climatología, está siendo “especialmente malo” por la sequía que ha durado hasta el mes de septiembre.
Desde la organización profesional agraria esperan que las lluvias de los últimos días continúen, para tener una “otoñada normal” y evitar “que sea un año nefasto para el sector ganadero”.
Por sectores, los ganaderos de vacuno de carne están “especialmente preocupados” por el aumento de casos de tuberculosis bovina, por lo que desde UPA-UCE han pedido a las administraciones que pongan en marcha “con urgencia” las medidas propuestas para paliar la enfermedad.
Entre otras, destacan las ayudas adicionales a la reposición de animales y la flexibilización de movimientos para las ganaderías afectadas, ya que el actual protocolo supone un “bloqueo económico” para estas explotaciones.
Huertas ha considerado igualmente necesario el control de la cabaña cinegética ya que esta es uno de los principales focos de contagio.
Por la IGP del cerdo ibérico
Respecto al porcino, y tras conocer la ampliación del plazo para inscribir a los DUROC en los libros genealógicos, algo que ha reivindicado UPA-UCE desde la entrada en vigor de la norma; entienden que esto solo es “una prórroga” y esperan que el Magrama acabe con este “requisito para la especulación que no aporta nada desde el punto de vista de la calidad”.
Además, Huertas ha explicado que desde la organización se está trabajando junto con la Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) para lograr una IGP (Indicación Geográfica Protegida) del cerdo ibérico.
Por su parte, el principal problema que tienen los ganaderos de ovino es el bajo consumo interno de esta carne (1,7 kilogramos por persona al año), por lo que, según Huertas, es necesario que las administraciones se impliquen para que se cumpla el Reglamento Europeo sobre el etiquetado cárnico.
En opinión de UPA-UCE, muchos consumidores han dejado de comprar este producto ante la “confusión” existente en la actualidad, ya que “los productos de otros países no responden a la demanda de calidad y sabores tradicionales que exige el consumidor español”.