La Corrala Dignidad “Primero de Mayo”, que agrupa a 21 familias que ocupan viviendas en la urbanización La Calzada, en Mérida, han reprochado que dos de sus miembros han sufrido presuntas vejaciones y maltrato por parte de algunos efectivos de la Policía Nacional.
Este colectivo ha presentado dos denuncias ante los Juzgados de Mérida que hacen referencia a dos episodios ocurridos el 24 y el 26 de junio.
El portavoz de este colectivo, Jesús Oliva, ha informado que el pasado 26 de junio dos de los integrantes de este movimiento -entre ellos él- fueron abordados por dos personas vestidas de paisano en las inmediaciones de un campo de fútbol al grito de “alto, Policía, al suelo”.
Según la denuncia presentada por Oliva, una de estas personas, que no se identificó como policía, le golpeó, amenazó e insultó. Posteriormente al lugar de los hechos acudieron varias dotaciones de Policía Nacional y Local.
El episodio anterior a ese habría ocurrido en las inmediaciones de la citada urbanización cuando un integrante de la Corrala fue abordado por una persona vestida de paisano, a la que el denunciante identifica como policía, quien presuntamente le insultó y amenazó con agredirle.
Oliva ha asegurado que fueron “vejados e insultados” por la Policía Nacional en los hechos del día 26 de junio al ser detenidos por entender la Policía Nacional que habían forzado una arqueta de la compañía eléctrica, algo que el colectivo ha desmentido.
Carta a Cristina Herrera
Por estos hechos, el colectivo ha solicitado una reunión con la delegada del Gobierno, Cristina Herrera.
En la carta le explican que “con enorme preocupación, venimos constatando cómo avanza la política de persecución y represión de los movimientos sociales críticos. La Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el pasado 1 de julio, es la mejor expresión de esa orientación restrictiva de las libertades. No en vano esta norma legal ha sido bautizada popularmente como Ley Mordaza.
En Extremadura los Campamentos Dignidad hemos sufrido en carne propia las consecuencias de esta política, en forma de multas y sanciones de todo tipo. Pero consideramos que los hechos acaecidos a los dos activistas de la Corrala de Mérida rebasan cualquier límite existente hasta la fecha. Solicitamos una reunión con usted para poner en su conocimiento con todo detalle los hechos, convencidos de su sensibilidad democrática y respeto a los derechos constitucionales“.
La Delegación del Gobierno en Extremadura no ha respondido a la petición de eldiarioex sobre la acusación de maltrato policial.
Solución para vivir
Estas 21 familias habitan las viviendas de la Urbanización la Calzada de Mérida, actualmente adscritas al SAREB o “banco malo”.
Según el colectivo, el Ayuntamiento se ha comprometido a buscar una solución alternativa habitacional a estas familias, que a su vez han pedido que estas viviendas pasen a ser de alquiler social, “en vez de buscar otras viviendas”.
“Estamos en manos de los servicios sociales, cada familia entregará sus informes y todo lo necesario, pero nosotros negociaremos colectivamente, tienen que buscarle la solución a las 21 familias”, ha indicado Oliva.
“Desde el movimiento se ha defendido que esas viviendas, que ya hemos pagado entre todos -en alusión a que han sido adquiridas por la SAREB-, se queden en beneficio de las personas que más han sufrido la crisis, los desahuciados, los parados o las personas en precariedad laboral, a un precio asequible.” ha reclamado la miembro del colectivo María Ángeles Merino.