Los propietarios de dos viviendas construidas de forma ilegal en el pareja de la Sierra de Santa Bárbara de Plasencia tendrán que hacer frente a multas de hasta 77.000 euros hasta que derriben sus viviendas.
Según ha informado hoy en rueda de prensa el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, se trata de las dos primeras multas coercitivas que impone el Gobierno local en el marco de la treintena de expedientes abiertos por construir en suelo no urbanizable de especial protección.
El primer edil ha explicado que ya ha firmado las dos primeras multas, por valor de 7.700 y 6.000 euros al mes, durante un máximo de diez meses, y que la tercera se firmará en breve.
“Estas sanciones son un eslabón más del procedimiento para la restauración de la legalidad urbanística en Santa Bárbara que se lleva ejecutando años”.
La decisión del alcalde llega después de que la ex concejala de Urbanismo y actual diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, haya planteado de forma reiterada y sin éxito ante los tribunales que investiguen también al actual regidor principal de Plasencia, que desde que llegó al cargo a 2011 no ha derribado ni un solo chalé pese a haber expedientes por infracción urbanística resueltos; sin embargo ella, la exalcaldesa Blanco, y los exconcejales Díaz y Barbancho sí han sido imputado por los mismos hechos pero en fechas anteriores.
La última contestación judicial a Domínguez, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, fue decir que ellos no eran competentes porque Pizarro no es persona con fuero judicial especial, y por tanto su posible encausamiento le corresponde a los tribunales ordinarios placentinos, que fueron sin embargo precisamente los que encausaron en su día a Domínguez pero no a Pizarro.
El actual alcalde placentino por el PP ha subrayado que la multa coercitiva, cuya cuantía varía en función del valor de la vivienda, es una de las herramientas de las que dispone el Ayuntamiento en estos casos, ya que las arcas municipales no pueden sostener el gasto que supondría realizar los derribos de forma subsidiaria.
No obstante, ha apuntado que las multas pueden ser recurridas por la vía administrativa.
Sacar a Barbancho
El Ayuntamiento de Plasencia, que está personado como acusación en el caso de las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara, solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) por otra parte que saque de la instrucción al exconcejal Francisco Barbancho, uno de los investigados.
Así lo ha anunciado Pizarro, que se ha referido a Francisco Barbancho, que estuvo al cargo de Urbanismo desde enero a junio de 2011.
“Ya anuncié hace tiempo que, tras un análisis objetivo, era una cuestión de lógica que Francisco Barbancho fuera exculpado por el poco tiempo que estuvo al frente de Urbanismo, postura que actualmente mantenemos”.
En relación a la exedil Mónica García, que ocupó la Concejalía entre enero de 2006 y junio de 2007, el alcalde ha señalado que “todavía está en estudio” esa posibilidad.
El alcalde ha añadido que el Gobierno local no ha decidido todavía si solicitará la apertura de juicio oral en relación al caso de presunta prevaricación administrativa por construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara de la capital del Jerte, lo que supondría que la diputada centrista Domínguez se sentara en el banquillo.
“De lo que nadie debe tener duda es que defenderemos los intereses municipales y de todos los placentinos”.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) dictó un auto el pasado 22 de noviembre, por el que mantiene la tramitación de diligencias previas sobre la exedil de Plasencia y actual portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Victoria Domínguez, ante la posibilidad de presuntos delitos continuados de prevaricación o de omisión del deber de perseguir delitos.
Estas diligencias previas afectan a Domínguez, que fue concejala de Urbanismo en la capital del Jerte entre 2007 y 2010; a los también exediles Mónica García y Francisco Barbancho, y a la que exalcaldesa de Plasencia Elia María Blanco.
Las pesquisas hacen referencia a posibles construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables.