La planta de biogás que se quiere instalar en Oliva de Plasencia (Cáceres) ha recibido 1.500 alegaciones cuando el pueblo tiene alrededor de 300 habitantes, según ha advertido este miércoles la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Asamblea de Extremadura, donde ha preguntado por este proyecto y la Junta ha pedido que no se alarme a la población.
El director general de Sostenibilidad, German Puebla, ha garantizado que serán exigentes con el cumplimiento de la ley que marca los condicionantes para que este tipo de industrias se puedan instalar y ha comentado que el proyecto está en periodo autorización y aún lo estudian los técnicos. “No alarmemos a nadie”, ha reclamado.
Puebla ha aclarado que como la planta usaría alperujo, un residuo de origen vegetal, no debe guardar una distancia mínima respecto al casco urbano como establece el decreto 81/2011, de 20 de mayo, para otro tipo de industrias. También ha asegurado la transparencia en el proceso de tramitación y, prueba de ello, es que “desde el minuto uno” ha ofrecido tres cosas: reuniones explicativas del vecindario con la empresa promotora, encuentros con los técnicos de Sostenibilidad, “funcionarios independientes”, y acompañarles a cualquier planta de España para que la vean y escuchen a la ciudadanía de la zona.
Por último, ha comentado que en la reunión que tuvo con el vecindario de Oliva de Plasencia había más habitantes que los que tiene el pueblo. Y a renglón seguido ha lanzado una serie de preguntas sobre ello: “quién mueve” y “con qué fines” al resto de personas que estaban allí, de “qué sentido político” son y quién les está diciendo que “hay un problema sin conocerlo”.
Oposición al proyecto
De Miguel ha recalcado por su parte que “la oposición al proyecto es absoluta”, ya con escasamente 300 habitantes se han reunido 1.500 alegaciones.
La diputada de Unidas ha explicado que este tipo de plantas no tiene por qué ser malas “per sé”, pero ha considerado que se debe invertir más en buscar otra ubicación en el municipio para que los malos olores y los gases tóxicos que emiten, que afectan a calidad de vida y la salud, no perjudiquen a la gente. También ha expresado su preocupación por el transporte de la materia prima en camiones de gran tonelaje que va a atravesar el municipio, con los consiguientes efectos sobre la salud y la carretera, y por los daños a la fauna, ya que todo el municipio es Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).
Por otro lado, ha advertido de que la empresa promotora tiene sólo 3.000 euros de capital social, por lo que difícilmente podría hacer frente a sanciones e inversiones. En este sentido, ha comentado que a Extremadura vienen muchas “empresas pantallas” para hacerse con permisos y luego venderlos al mejor postor.
De Miguel ha reclamado que la Administración no ponga la “alfombra roja” a este tipo de empresas y que les exija “garantías”.
“Especulación minera”
En contestación a una pregunta del PSOE, la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, se ha referido al permiso de explotación de recursos mineros -niobio, itrio, litio, flúor, cesio, tántalo y tierras raras-, que afecta a veinte términos municipales cacereños, otorgado a la empresa Janus Energy Exploraciones. Ha asegurado que vigilarán el cumplimiento de las condiciones generales y particulares del permiso.
Pastor ha explicado que las labores consisten básicamente en la toma de muestras manuales y superficiales de suelo y rocas, sin afectar a la vegetación, y el uso de la teledetección, y no provocan modificación ni transformación del terreno, ya que no se abren nuevos caminos.
El diputado socialista Alfonso Beltrán Muñoz ha reclamado una “decisión política” en contra de un modelo de desarrollo basado en la “especulación minera” y que se cuente con las alcaldías de los municipios afectados por estos proyectos.