El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear dio esta semana el visto bueno a la reforma del sistema de renovación de las licencias de las centrales nucleares propuesto por el Gobierno. Esto se traduce en que Almaraz tendrá dos años más para solicitar la prórroga de su vida útil, que concluye en 2020.
Cuatro de los cinco delegados del consejo votó a favor en el pleno. Todos menos Cristina Narbona, que se opuso. Hasta ahora la normativa marcaba que las plantas deben iniciar los trámites de renovación de licencia tres años antes de que expiren. Y bajo estas reglas Almaraz contaba de límite hasta el próximo 8 de junio.
La exministra de Medio Ambiente de Rodríguez Zapatero ha explicado en declaraciones a Canal Extremadura Radio que el Ejecutivo de Rajoy está “cambiando prácticas que estaban consolidadas y que suponían un marco de certidumbre regulatoria”. Son cambios que a su juicio reducen la “certidumbre reguladora, un elemento fundamental”, según ha dicho.
¿Qué implican los cambios?
Narbona señala que tras este cambio por primera vez, en la historia de la seguridad nuclear de España, los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear van a analizar una documentación amplia cuando llegue el momento de renovar licencia “sin que haya una petición formal”. “Es decir, sin que se sepa si finalmente (las centrales) pedirán su renovación y por cuánto tiempo pide renovarla”.
Un cambio que “se ha tomado sin que medie un informe jurídico donde se dé cobertura a la asignación de recursos humanos para que se analice una documentación muy voluminosa, sin que se sepa si se va a pedir finalmente esa solicitud de renovación y para cuánto tiempo se va a pedir”.
Más cambios
No se trata del único cambio normativo en torno a las nucleares, ya que hace pocos meses el pleno del CSN aceptó también con su voto en contra que desapareciera el plazo máximo de diez años para las renovaciones de las plantas nucleares en España, que hasta ahora estaba en vigor.
Se modificó según ha explicado con motivo de la renovación de Garoña, que tiene ya informe favorable del CSN. “Pero que tiene un informe donde no se explicita para cuántos años se considera viable esa renovación”.
“Se cambió esa práctica, que estaba en una de nuestras guías de seguridad. Porque lo pidió la patronal del sector. De manera expresa pidió que desapareciera ese periodo de 10 años que era el que se incorporaba en los informes del consejo”.
¿Qué dice la Junta de Extremadura?
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha defendido un calendario de cierre de las nucleares en España, al que le acompañe una alternativa energética y una propuesta de proyectos que regeneren el empleo en las zonas afectadas. En este sentido el consejero de Economía José Luis Navarro ha propuesto en las últimas semanas un gran pacto nacional que tome una decisión sobre el calendario total de cierre de las centrales nucleares de España.
El Ejecutivo extremeño dice que tiene ‘muy clara’ la hoja de ruta que ha iniciado con su nueva estrategia de Economía Verde y Circular: la apuesta plena por las energías renovables. Una apuesta que incluye la ‘descarbonización’, es decir abandonar la dependencia a los combustibles fósiles, y la ‘desnuclearización’.
Advierte que la ampliación del parque nuclear no puede abordarse como una mera cuestión administrativa. Defiende la apertura del debate a la sociedad española en su conjunto.
El Movimiento Ibérico Antinuclear y Ecologistas en Acción señalan que las próximas dos legislaturas son clave para la prolongación de la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años de diseño. “Con el nuevo Proyecto de Orden Ministerial el Gobierno del Partido Popular apuesta claramente por la prolongación de la vida de las centrales nucleares ignorando la necesidad de un debate público sobre los riesgos de esta energía”.
A su juicio la modificación “viene a facilitar la prolongación del funcionamiento de un parque nuclear muy envejecido que tendrá como consecuencia el incremento del riesgo a un accidente”.
“La nueva orden protege las pretensiones del oligopolio energético de continuar obteniendo jugosos beneficios de su industria nuclear, desde el pago entre 4 y 8 veces superior al coste de producción hasta las subvenciones del Estado. Una vez más, el Gobierno cumple las indicaciones de Iberdrola y cambia las reglas a la medida de los intereses nucleares. Con su dictamen, el CSN parece obviar las importantes repercusiones que esta decisión tiene en materia de seguridad nuclear”.