- La Asamblea de Extremadura aprobó la modificación de la Ley del Estatuto de los Consumidores, que obliga a las estaciones de servicio de bajo coste a contar al menos con un trabajador
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno central prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura aprobada por la Asamblea en mayo, que obligaba a todas las gasolineras de la comunidad a contar al menos con un empleado.
Lamenta que el Gobierno, con esta actitud, “defiende los intereses de las empresas y la libre competencia”, al mismo tiempo que perjudica los intereses económicos y sociales de los usuarios y consumidores.
La modificación parlamentaria
La obligación de que al menos un empleado atendiera las gasolineras permitía a los usuarios pedir facturas o presentar hojas de reclamaciones, cosa que “no podrían hacer en el caso de que aquéllas estuvieran desatendidas”.
También garantizaba la seguridad de los usuarios, que no tendrían que manipular un producto abrasivo, y permitía controlar quién, cuánto y de qué modo compraba combustible. De manera especial, la modificación estaba pensada para las personas con discapacidad que, pudiendo conducir, no pudieran repostar por sus propios medios, ha añadido.
En su opinión, el Gobierno, con su intención de que se declare inconstitucional y, por tanto, se anule la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, persigue “desandar” lo andado en materia de protección de los consumidores e “invade las competencias en materia de Consumo”, que están transferidas a las comunidades.
“No es la primera vez que el Gobierno se posiciona abiertamente a favor de que existan gasolineras desatendidas, es decir, que funcionen sin empleados durante todo o parte de su horario de apertura”, ha apostillado.
Además, FACUA no entiende el empeño del Gobierno en anular la modificación del Estatuto de Consumidores de Extremadura, cuando existen normativas similares en varias comunidades.