Los empleados públicos de la Junta cobrarán en la nómina de noviembre la subida adicional del 1,5%

Los empleados públicos de la Junta de Extremadura cobrarán en la nómina de noviembre la subida adicional del 1,5 por ciento acordada entre el Gobierno central y los sindicatos para este año junto a los atrasos correspondientes, una medida que supondrá un desembolso de 36 millones de euros para el conjunto del año.

Según ha informado este lunes el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas, la Junta abonará el próximo mes el incremento retributivo -que se suma al 2% aplicado este ejercicio para cerrar 2022 con un aumento salarial del 3,5 %- correspondiente a los once primeros meses del año.

Esta medida supondrá un coste a las arcas autonómicas de 36 millones de euros para todo el ejercicio -incluido diciembre- y se financiará con un expediente de generación de crédito, ha detallado en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea a preguntas de Ciudadanos.

Asimismo, el secretario general ha recordado que este mes de octubre se abonarán algunas de las medidas fijadas en el acuerdo rubricado entre la Junta y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT el pasado junio, que supondrán un desembolso este año de 12,8 millones de euros. En detalle, ha precisado que los empleados públicos del Servicio Extremeño de Salud cobrarán el 70 % del nivel de carrera profesional que tengan reconocido a 31 de diciembre de 2021, con un coste en 2022 de 4,2 millones de euros para el que existe crédito disponible de otras partidas presupuestarias.

Asimismo, en el ámbito de Administración General, los empleados públicos recibirán el abono del nivel II de carrera profesional que tengan reconocido a fecha 30 de septiembre de 2022 En este caso supondrá un desembolso de 4,1 millones de euros en 2022, para el que hay “crédito suficiente” derivado de las incapacidades temporales y de las vacantes dotadas y no cubiertas.

Dentro de este mismo acuerdo entre Administración regional y sindicatos se incluían medidas para el personal docente -como la reducción de las horas lectivas de 19 a 18 horas y la disminución horaria para los mayores de 55 años que lo soliciten- con un coste 4,3 millones de euros. Según ha explicado Novas, también existe crédito suficiente para este caso, procedente de la reestructuración de las plantillas tras la normalización sanitaria de la covid.

El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos José María Casares ha recriminado al Ejecutivo regional que “cuando nos acercamos a las elecciones nos encontramos anuncios de subida de sueldo para los empleados públicos”. Ha señalado que se trata de un proceso electoral “de doble vía” pues, además de realizarse a su juicio con vista a los comicios autonómicos y municipales de 2023, se mejoran las expectativas de los sindicatos de clase en los procesos electorales abiertos en la Junta de Extremadura en diciembre de este año. Ha recordado además que la Junta debe aún a sus empleados públicos la subida salarial del 2 % correspondiente a once meses del año 2020, lo que supone unos 400 euros de media por trabajador.

El parlamentario de la formación naranja ha recriminado además al Ejecutivo autonómico que haya aludido “a la ortodoxia fiscal y financiera para no cumplir” en los últimos tres años y ahora, cuando llega el año electoral, “les cambia el chip, como ocurrió en 2019”.

Según ha apuntado el secretario general de Presupuestos y Financiación, el acuerdo firmado en junio entre la Junta y los sindicatos tendrá un coste de 142 millones en el periodo 2022-2024 y el firmado a nivel nacional para este mismo plazo superará los 300 millones de euros. 

El SMI para trabajadores en ERTE

Por otro lado, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 contempla una partida para asegurar el Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores que se vean obligados a someterse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Sobre esta cuestión se ha pronunciado este lunes el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, a preguntas de los periodistas, y ha especificado que, aunque la medida es competencia de la Consejería de Educación y Empleo, busca materializar en los presupuestos algo que ya se hizo durante la pandemia de la covid-19.

Ahora se trabaja en su desarrollo, según ha dicho, y “en poner negro sobre blanco cómo se va regular, cómo se va a llevar a cabo, como complemento también a esa red que el Gobierno de España reguló y que está vigente cuando se activen los diferentes ERTES”.

Según España, la Junta lo que quiere es “complementar y suplementar para que el trabajador, que en definitiva siempre suele ser el eslabón más débil de esta cadena, se vea apoyado” en una iniciativa más para que “nadie quede atrás”.